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Una oportunidad para la sostenibilidad previsional

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27 mayo de 2020

Por Iván Baumann Fonay ExDirector Nacional de Política Macroeconómica @ivanfbf

En los últimos días sucedieron dos defaults en Argentina. En el primero, el país entró en su noveno, lamentable y completamente evitable default de la deuda pública. En el segundo, nuevamente las jubilaciones fueron ajustadas por un porcentaje menor a lo que indicaba la fórmula de movilidad que había sido votada por ley en el Congreso.

El hecho de que hayan ocurrido en la misma semana tiene cargado un simbolismo enorme, ya que en buena medida ambos están íntimamente relacionados. Tanto los contratos de la deuda pública como de las jubilaciones fueron rotos en varias oportunidades, y la frecuencia con que suceden estos hechos parece acelerarse en el último tiempo.

En buena medida, el déficit fiscal de la década de los '90, que culminó con el default de deuda más grande de la historia mundial en 2001, fue en parte consecuencia de la privatización del sistema previsional. El Estado dejó de recibir los aportes de los trabajadores “nuevos” mientras continuaba pagando las jubilaciones del viejo sistema y la parte “solidaria” del nuevo. El déficit fiscal, aunque no completamente atribuible a esta reforma, tuvo su espejo en el crecimiento del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, hoy FGS.

En 2008 los caminos se cruzan nuevamente. La estatización del sistema se realizó irónicamente para evitar un nuevo default de la deuda pública. Esta estatización, desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, se hizo en el peor momento posible, ya que para ese entonces ya habían comenzado a madurar las jubilaciones “nuevas”, con lo cual el Estado se hizo cargo de un flujo futuro de pasivos netos por segunda vez en menos de quince años. Si la reforma de los noventa había tenido alguna posibilidad de ser sostenible actuarialmente ésta se deshizo en un par de sesiones del Congreso.

Mirar al futuro

Hoy nos encontramos nuevamente debatiendo los aspectos de corto plazo del gasto previsional. Construir un sistema sostenible implicará, inevitablemente, tomar una serie de medidas muy antipáticas. Deberán discutirse, entre otras, aumentar la edad de retiro, equiparar las edades entre hombres y mujeres, la tasa de sustitución entre salario y haber jubilatorio, las fuentes de financiamiento y la fórmula de movilidad.

Sin embargo, la sostenibilidad del régimen previsional requerirá una reforma que vaya todavía mucho más allá de estos temas. Los problemas de fondo del sistema previsional están íntimamente relacionados con las debilidades de la economía argentina en su conjunto: el empleo en negro, que desfinancia el sistema y deja a uno de cada tres asalariados sin aportes; la evasión de IVA y Ganancias, impuestos cuya recaudación se dirige parcialmente al pago de las jubilaciones; la rigidez del sistema, que dificulta que una persona continúe trabajando mientras cobra (parte de) su haber; la gran cantidad de políticas de transferencias de ingresos, que si bien son muy necesarias desde el punto de vista de la asistencia social, también desalientan la participación en el mercado laboral y aumentan la proporción de empleados informales.

Ningún Gobierno, de ningún color político, contará por sí mismo con el apoyo ni con la legitimidad de realizar una reforma de este tipo. Al mismo tiempo, la sostenibilidad fiscal del sistema es un objetivo tanto del Gobierno como de la oposición, en la medida en que espere acceder al poder.

Para el caso de la movilidad en particular, existen varios ejemplos a nivel internacional. En Japón, por ejemplo, la fórmula de movilidad se rige por salarios pero se ajusta por un componente de “sostenibilidad macroeconómica” que incluye el cambio en la cantidad de contribuyentes y el cambio en la esperanza de vida. En Italia, las pensiones más bajas se ajustan con el costo de vida pero lo hacen menos proporcionalmente a medida que el monto de la pensión crece.

Argentina enfrenta una dificultad adicional. Dado que las prestaciones previsionales representan por lejos la mayor parte del gasto del Estado nacional, y que las magnitudes de los saltos inflacionarios son enormes bajo estándares internacionales, atar los haberes a cualquier variable nominal pondría en riesgo las cuentas fiscales, como ha sucedido en los últimos años. Por ello, una alternativa a este problema sería tornar la fórmula de movilidad prospectiva en vez de retrospectiva. Es decir, indexar los haberes a un porcentaje que proponga el Ejecutivo y que vote el Congreso junto con el Presupuesto del año siguiente. Esto daría previsibilidad a los jubilados, a las cuentas públicas y ayudaría a coordinar expectativas de inflación para la determinación de otros contratos, como alquileres y paritarias.

Más allá del diseño, esta medida deberá venir en un paquete que conforme una fuerte reforma previsional sobre los ejes descriptos en este artículo. Es imperativo un debate sincero y extenso, sin oportunismos políticos. Dada la necesidad de consensos duraderos, es también una excelente oportunidad para lanzar el tan trillado Pacto Social. Idealmente, deberá convocarse también a referentes, economistas y expertos en el sistema previsional, ya que en el país los hay y de excelente calidad.

Los tiempos de crisis suelen ser momentos donde se logran pasar reformas estructurales que serían imposibles de aprobar en tiempos normales, ya que la sociedad tiene mayor entendimiento de los problemas de fondo y está dispuesta a realizar mayores esfuerzos en corregirlos. Hoy tenemos una oportunidad de volver el sistema previsional sostenible para el Estado y más justo para los jubilados.

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