Un nuevo misil contra el acuerdo UE-Mercosur

26 de mayo, 2020

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Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista

 

Los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil de nuestra región deberían analizar con esmero el Informe que preparó Cristina Müller, la funcionaria del Euro Parlamento elegida por el Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Sanidad Alimentaria (ENVI) para analizar los tácitos riesgos de naturaleza ambiental, económica y comercial en los que podría incurrir el Viejo Continente si decide suscribir el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la UE y el mercosur.

 

Su informe “Brasil y la Selva Amazónica” (PE 648.792), que incluye alusiones al Chaco argentino y boliviano, se rige por la orientación de documentar y cuestionar, sin maquillaje, el sesgo antiambientalista del Gobierno de Jair Bolsonaro. También a indagar los porqués de la creciente apatía que incide sobre el empleo de los recursos de monitoreo privado que complementaban los proyectos de mitigación, explotación racional y asistencia técnica de la región amazónica, los que provienen de empresas multinacionales como Cargill, Unilever, Walmart, Mondelez, Carrefour y McDonald’s.

 

Brasil había captado los aportes de fundaciones civiles y entidades oficiales de Noruega, Suecia, Reino Unido, Alemania y Francia, cuyos proyectos se fueron apagando en virtud de los enfoques del actual jefe de Planalto. El paquete incluye al Gobierno de Estados Unidos y algunas instituciones financieras internacionales como el Grupo del Banco Mundial. La cooperación previa hacía posible conocer, en tiempo real, la evolución de la frontera selvática, o sea el equilibrio y desarrollo sostenible de esos sistemas ecológicos. Los habituales interlocutores de Brasilia no ignoran que en la cúpula de su gobierno hay quien sostiene que el país tiene exceso de selva e insuficiente explotación económica de esas tierras.

 

Los datos y reflexiones de Müller son del tipo que ayudan a generar simpatías en la gente que cree necesario preservar el medio ambiente y mitigar el cambio climático. Y si bien soy parte de tan “selecta mayoría”, mi opinión está contaminada por el simultáneo interés de atenerme a la verdad, sólo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sin caer en las fantasías, supersticiones, preferencias y otros dogmas del proteccionismo regulatorio.

 

El “abstract” del informe deja sentado que el ejercicio no es académico, sino una indispensable evaluación para determinar los reales efectos y alcances del ALC que están negociando el Mercosur y la Unión Europea. Raro. Dado que el borrador de acuerdo que se adoptó dio por terminadas las negociaciones el 29 de junio de 2019, y el informe de Müller fechado en mayo de 2020 (el 19/5/2020) dice que la negociación continúa, no resulta fácil entender dónde estamos parados. Ello sin olvidar que la lógica política y los hechos no suelen dormir en la misma cama.

 

Aunque el texto aclara (disclaimer) que las conclusiones del Informe fueron concebidas bajo la responsabilidad de quien lo suscribe (sí, por supuesto, ¿quién podría imaginar que una analista del Poder Legislativo puede estar sujeta a presiones políticas o de lobistas europeos?), combina el tenor del diagnóstico con la voz de quien se considera facultado para hacer control de gestión. O sea la opinión de una entidad que cree tener el derecho de considerar estratégicos “global commons” (espacios internacionales que no son propiedad de ningún país o territorio soberano) a las selvas nacionales de América del Sur, lo que en este caso supone recordar a sus propietarios la importancia de ese gran pulmón del mundo y su insustituible patrimonio de riqueza biológica global, lectura que abarca a sus reservas de agua dulce (los gigantescos acuíferos de la región), así como las políticas de explotación, desarrollo sostenible, de acceso y comercialización de los recursos, en un contexto donde mezcla el derecho a opinar con el supuesto derecho unilateral a objetar el vínculo que tiene cada país con sus comunidades locales e indígenas.

 

El texto hace una evaluación crítica del antes y después de la pandemia de fuegos descontrolados que en 2019 hicieron trizas una enorme porción de la selva Amazónica y de cómo quedaron las cosas hasta marzo de 2020. Tal examen está mechado con la enumeración de las medidas oficiales que llevaron a legalizar y facilitar la vertiginosa reducción de la superficie selvática, lo que incluye la terminación de la ruta BR163, la infraestructura caminera que facilita la irracional extensión de la frontera agrícola, minera y comercial que creció un 49% en pocos meses, enfoque que también dio un notable impulso al narcotráfico. La tesis del Informe, quizás exagerada pero cierta, es que, a este ritmo, en 2030 la región Amazónica perderá muchas de sus propiedades benéficas y de las riquezas que son esenciales para el planeta, como la de aportar el 55% de las materias primas o insumos de la industria farmacéutica (acotación mía).

 

Ese pedazo de mundo, que se extiende a ocho países (ya que los sistemas ecológicos no reconocen ni concuerdan con las fronteras demarcadas por los límites nacionales), contiene el 10% de las variedades mundiales de flora y fauna, incluidos los insectos (no es una calificación) del planeta. En la actualidad, sólo las certificaciones aprobadas para explotar minerales abarcan una superficie de 1,65 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a la mitad aproximada del territorio argentino. En esas tierras existen o se presume que existen yacimientos de cobre, níquel, bauxita, manganeso, hierro, mineral de hierro, uranio y oro, además de tierras raras, el insumo básico de industrias militares (misiles), fábricas aeroespaciales, celulares y automóviles de nueva generación. El maltrato selvático, es obvio, puede hacer puré lo poco que resta del equilibrio climático global, ya que algunas explotaciones son minería “sucia”.

 

El problema adicional es que el Informe combina, arbitrariamente, tres objetivos: los de hacer un inventario fáctico de la realidad; la defensa de los intereses o actores económicos de la industria europea (y global) que necesitan un acceso equilibrado y sostenible a los insumos amazónicos y el obvio interés del Viejo Continente de enumerar los riesgos que genera la destructiva anarquía en la selva brasileña sobre su hiperprotegida agricultura (lo que viene a ser la mamá del borrego).

 

El informe recuerda que Brasil exporta a la UE unas 117.000 toneladas anuales de carne y 80.000 de cueros vacunos. Pero la muchacha no dice que ese comercio se rige, básicamente, por cuotas preferenciales, como las que fueron pactadas en el borrador que aceptó la “ineptocracia regional” en junio de 2019 (el apodo no me pertenece pero me gusta) de ACL UE-Mercosur.

 

Vamos a suponer, exagerando, que toda la carne vacuna importada por la UE llegue algún día, Dios no lo permita, a 350/400.00o toneladas/año para los 27 países y dictaduras que coexisten en el Viejo Continente, un volumen que sólo implica alrededor del 5% o cosa así del consumo anual de esa región. Ello sólo implicaría dos cosas: a) que por fin la UE se dignaría a cumplir con las obligaciones de acceso mínimo que se aprobaron en la Ronda Uruguay del GATT terminada en 1994 y b) que a su ganadería no le pasaría absolutamente nada; salvo competir un poquito.

 

En el borrador que consintió la parte merco-sureña, la cuota obtenida fue de 99.000 toneladas (tns), las que despojadas de hueso, cuero y verso, quedaría reducida a no más de 72.000 tns repartidas entre las cuatro naciones del Mercosur. Ese parece un pigmeo resultado para un ACL si se advierte que en las negociaciones de la Ronda Uruguay Argentina negoció y obtuvo, sin ruido periodístico o político, 11.000 tns de Cuota Hilton. Las otras concesiones que figuran en el borrador de ACL, eran ilegalidades que Europa sabía que era necesario corregir.

 

Cuestionar las acciones de un país o países soberanos con los puntos de vista, las preferencias y el tenor de la legislación de la Unión Europea (un modo de exportar su revolución), cuando Bruselas y Estrasburgo no admiten concesiones a la hora de reservar para sí la libertad soberana de legislar sobre sus bienes públicos sin pedir permiso ni opinión a nadie, tal como lo dejó claro en el mismo borrador UE-Mercosur y en otros ACL’s similares hoy en vigor (como el CETA con Canadá), es algo que suena a un doctorado summa cum laude en hipocresía.

 

No es menos extraño invocar la existencia de legislación y normas globales incumplidas por parte del Mercosur que no parecen existir, si por ello se entiende, como lo hace Müller, a las reglas originadas en ciertos acuerdos multilaterales. La autora alude al Acuerdo de París y a la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático (cuya sigla inglesa es la UNFCCC). Hasta ese momento yo no sabía que esos instrumentos caían en la categoría de vinculantes, o sea que tienen capacidad de aplicación o enforcement y me alegré mucho de que así fuera. Después me dejé de soñar y empecé a sospechar que la señora Müller no sabe de qué habla.

 

Esta debilidad argumental no le impide fortalecer la excusa de los cinco Miembros del Viejo Continente (hay muchos otros que están ocultos y piensan lo mismo) que anticiparon que no van suscribir el borrador del Acuerdo de Libre Comercio (ACL) UE-Mercosur(ver mis columnas anteriores). O la advertencia del Presidente del Comité de Comercio del Euro Parlamento, Bernd Lange, quien advirtió muchas veces que ese órgano legislativo no va a ratificar ningún acuerdo con el Mercosur que tenga agricultura. O los comentarios explícitos de la ambición del texto de la ex como del actual Comisionado de Comercio de la UE.

 

Por otra parte, el plan “Farm to Fork” (en lenguaje no literal “del campo al tenedor”), que se halla en pleno debate dentro de la UE, daría vida a ciertos subsidios destinados a reemplazar por euro-producción las importaciones de sustancias proteicas que hasta ahora son provistas por Brasil, Estados Unidos y Argentina (soja entre otros). Gran parte de estas ideas circulan desde 2016 y podrían hallar espacio en la futura Política Agrícola Común (PAC 2021-27).

 

Muchos quisiéramos creer que el informe descripto no será un dossier orientado a endilgarle al mercosur el nuevo fiasco birregional orquestado por Europa. Esa conducta huele a naftalina.