Por Eric Grosembacher Economista
Al aterrizar en Hong Kong, todo pasajero internacional debe completar fichas de salud, firmar una declaración jurada de cuarentena, descargar una aplicación, recibir una pulsera de seguimiento, sincronizarla y esperar que el personal chequee que funcione en el teléfono de cada uno. Acto seguido, son llevados en colectivos hasta centros de convenciones, donde cada uno recibe un kit de autotesteo y esperan los resultados durante ocho horas. Al finalizar, todos son monitoreados cumpliendo 14 días cuarentena y quien sea descubierto rompiéndola debe pagar una multa de US$ 25.000 e ir a prisión por seis meses.
Este es solo un ejemplo de la estrategia adoptada por varios países asiáticos hasta ahora exitosos en el aplanamiento de la curva del Covid-19. En Argentina, el pasado 26 de marzo el Gobierno decretó el cierre de fronteras y la prohibición de ingreso al país de residentes extranjeros, para luego anunciar que la medida regirá hasta el 1º de septiembre, e incluso para la aviación local. Sin embargo, se definieron algunas excepciones para vuelos de repatriación, para los cuales se implementó un estricto protocolo de aislamiento obligatorio en hoteles y testeo, que hasta el momento demostró excelentes resultados como barrera para frenar los casos importados.
Combinando las estrategias de países asiáticos con la expertise que tanto Argentina como la Ciudad de Buenos Aires adquirieron en el aislamiento de repatriados, cabe preguntarnos por qué no sistematizar un protocolo que permita reactivar el transporte aéreo local e internacional de manera segura y paulatina. Con la implementación adecuada a medida que la curva de contagios decline, sería una alternativa más que factible en el corto y mediano plazo.
En primer lugar, claro está, tiene un costo. No es gratis para el Estado el operativo que implicaría la recepción de pasajeros en masa en los aeropuertos, el traslado a unidades de aislamiento, el seguimiento médico, la vigilancia, el testeo y el monitoreo posterior. Para esto, una sencilla solución: establecer una tarifa compensatoria. De esta forma, quien desee viajar hacia o dentro de la Argentina podrá hacerlo abonando por su propio cuidado al aterrizar en destino.
Una muestra de ello lo ofrece la provincia de Jujuy, donde al ingresar un residente local debe permanecer durante al menos seis días en un hotel abonando la tarifa correspondiente y con la posibilidad de pagar por el test de coronavirus al sexto día (alrededor de $6000), o bien permanecer hasta el día catorce. Para lograrlo eficientemente, una propuesta completa podría considerar la tercerización de este inmenso operativo logístico ya sea mediante una o varias empresas privadas que gestionen el paquete. De igual forma, sería una oportunidad para empresas de transporte, limpieza, salones, gastronomía y alojamientos hoteleros que hoy se encuentren sin actividad, permitiendo mantener y crear miles de puestos laborales. Siempre garantizando los espacios de aislamiento ya requeridos por el sistema de salud.
Quien desea transportarse por turismo difícilmente esté dispuesto a viajar, estar dos semanas encerrado y regresar. Pero los que están dispuestos a pasar por una cuarentena es más probable que se queden por un plazo más largo y, por lo tanto, sean los que mayor valor aporten a la economía.
Al mismo tiempo, la reactivación de vuelos tendrá un triple impacto, al permitir ingresos, pero también egresos hacia el exterior y recuperar la inversión aerocomercial en el país, hoy puesta en duda por muchas aerolíneas debido a las restricciones. Cabe recordar que estas se impusieron sin consideración de las actuales discusiones que tienen lugar en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para lograr una respuesta global a la pandemia.
Si la capacidad estructural de permitir cuarentenas masivas y testeos resulta limitada, entonces vendrá una segunda decisión: desde qué lugares autorizar ingresos, priorizando aquellos que muestren un mayor control sobre la propagación del virus y, por ende, impliquen un menor riesgo de importación de contagios. Para esto será fundamental considerar no sólo el lugar de procedencia, sino la ruta realizada por cada viajero.
Tema aparte será el futuro del turismo, que dependerá de la adaptación de la industria, el desarrollo de una vacuna, la capacidad de realizar más y mejores testeos y -¿por qué no?- la popularización del trabajo a distancia, de la mano de una nueva normalidad en el mercado laboral.
De no abrirse las fronteras y autorizarse el transporte local en mayor escala, la economía puede verse aún más dañada. Para evitarlo, reemplazar la prohibición de vuelos por aislamientos garantizados y coordinados junto a gobiernos provinciales y el sector privado puede ser una buena política, especialmente si no implica un costo para el gobierno, por ende tampoco para los contribuyentes.
