Pensiones por cónyuge: ejemplo de cómo ordenar las cuentas públicas

27 de mayo, 2020

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Por Jorge Colina Economista de Idesa

 

El default hace pensar que el problema central de Argentina es su alto endeudamiento. Lo cual es incorrecto. La raíz del alto endeudamiento es la crónica persistencia del sector público a gastar por encima de sus posibilidades. El agravante en Argentina es que, teniendo ya una presión impositiva que está entre las más altas de la región, tiene un nivel de gasto primario (antes del pago de intereses de deuda pública) que es un 14% superior a los ingresos públicos. Este porcentaje incluso está subestimado dado que la inversión pública está congelada. Si se recuperara la inversión pública, el déficit fiscal estaría más cerca del 20% de los ingresos públicos que fue lo que se observó en los últimos años antes de la crisis del 2018.

 

Ante este panorama, es muy difícil llegar a un acuerdo para evitar el default. Es claro que Argentina no puede pagar deuda en los próximos años. De aquí el pedido de una período de gracia hasta finales del 2022, luego pagos muy modestos de intereses hasta el 2026 y recién el comienzo de los pagos de capital. En este marco, el problema para los inversores no es tanto la mezquindad de la propuesta sino las reales posibilidades de que luego del período de gracia el Estado Argentino pueda volver a pagar, en virtud a que el déficit fiscal primario se mantiene y hasta empeorará con el confinamiento del Covid-19.

 

Lo que hace falta para cerrar el déficit fiscal de manera estructural no es crear más impuestos, ya que los contribuyentes que cumplen están agobiados de la presión impositiva. En todo caso, habría que trabajar para ampliar la base impositiva (reducir la evasión) a fin de aliviar a los contribuyentes que hoy están cumpliendo. En este sentido, sería un rebalanceo de las cargas fiscales más que un sensible aumento de la presión tributaria. Lo que hace falta es ordenar el gasto público.

 

Aquí aparecen los cultores del “no al ajuste”, cuando en realidad no se trata de un “ajuste” sino de ordenar las reglas con las que se ejecuta el gasto del Estado. Un ejemplo muy contundente de que dentro del sector público hay muchas reglas vetustas y arcaicas, que por falta de actualización con los cambios demográficos y sociolaborales terminan siendo fuente de inequidad y derroche de recursos públicos, es la regla de la pensión por sobrevivencia. Esto es, la regla previsional por la cual cuando el titular de una jubilación fallece le deja una pensión al cónyuge sobreviviente.

 

Este beneficio fue diseñado hace un siglo bajo el supuesto de que el varón era el único sostén familiar debido a que la mayoría de las mujeres eran amas de casa. Con el aumento en la tasa de participación laboral femenina más las jubilaciones a amas de casa con las moratorias previsionales, hoy prácticamente todos los adultos mayores acceden a una jubilación. De esta forma, cuando un titular de jubilación fallece y deja la pensión por sobrevivencia, casi con seguridad que se produce una doble cobertura porque el cónyuge ya tiene jubilación. Prueba de ello es que, en los últimos años, el 90% del crecimiento de las pensiones por sobrevivencia produjeron doble cobertura.

 

¿Qué dicen los datos?

 

Cuando se mira el stock de pensiones por sobrevivencia que paga la Anses, aparece que hay 1,6 millones de pensiones por cónyuge sobreviviente. De las cuales, el 75% está duplicadas con una jubilación propia, otro 10% la reciben personas en edades laboralmente activas (entre 20 y 60 años de edad) y sólo el restante 15% está dando protección a una personas adulta mayor sin otra cobertura previsional.

 

En otras palabras, Anses está pagando 1,2 millones de pensiones que están superpuestas con otra jubilación que paga la misma Anses, y otras 160 mil pensiones a gente que en su mayoría debe estar teniendo ingresos laborales porque están en edad activa. Esto produce inequidad, porque muchas personas con doble cobertura que obtuvieron una o ambos beneficios con las moratorias (sin aportes) obtienen mayores haberes que gente que tiene un solo beneficio y lo obtuvo haciendo aportes. También produce derroche porque si no existiera la duplicación de beneficios el gasto previsional sería un 15% inferior. Como el gasto previsional es la mitad del gasto público primario total, el déficit fiscal sería estructuralmente la mitad de lo que es hoy.

 

La provincia de Córdoba es la primera que abordó esta problemática en el ámbito de su caja de jubilaciones provincial la semana pasada. Estableció un aporte solidario del 20% para quienes sean titulares de más de un beneficio previsional o bien perciban otro ingreso remunerado y la suma de sus ingresos superen un determinado umbral (6 haberes mínimos o $102.000).

 

Este tipo de ordenamientos es el que se necesita hacer en Anses. Un ejemplo concreto de nueva regla de pensión por sobrevivencia para la Anses podría ser similar a la que implementó Córdoba en el caso de que la persona acumule dos beneficios ambos contributivos (o sea que fueron obtenidos con aportes) y que la acumulación tenga un tope de hasta 2 haberes mínimos cuando uno de los dos beneficio, o ambos, hayan sido obtenidos con las moratorias, debido a que en este caso se trata de una ayuda asistencial ya que no se requirió hacer aportes.

 

Obviamente, el cambio sería para los casos que se produzcan a partir de la reforma. Por lo que el ahorro por evitar este derroche se produciría en el largo plazo. Pero al menos se daría una señal concreta de que se camina hacia un Estado más sustentable gracias a que se ordena su principal gasto público, que es, el previsional.

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