Por Melisa Sala Economista Jefe de LCG
La Ley de Emergencia aprobada a fines de 2019 suspendió la fórmula de movilidad por un plazo de 180 días dejando espacio para el ajuste discrecional de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales (como AUH y pensiones no contributivas) hasta tanto se defina una nueva fórmula de aplicación. Bajo este marco, el unes pasado, sin demasiados bombos y platillos, se anunció un aumento del 6,12% que regirá por los próximos tres meses (hasta agosto).
A diferencia del aumento otorgado en marzo en el cual se recurrió a los aumentos de suma fija ($1.500 más el 2,3%), en un intento por mostrar un reajuste progresivo, en esta oportunidad la suba del 6,12% fue generalizada para todos los tramos de haberes. En todo caso, la progresividad o solidaridad a la que apeló antes el Gobierno se desprendió de los bonos otorgados a los jubilados de la mínima en abril con motivo de moderar los efectos del aislamiento por la pandemia. Así fue aclarado por la nueva titular de Anses, Fernanda Raverta y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la conferencia de prensa ofrecida.
Un despliegue menor a los acostumbrados en los anuncios quizás obedezca a que con la fórmula suspendida el aumento habría sido de 10,9%. Este porcentaje habría surgido de considerar el 70% de la variación del IPC entre septiembre y diciembre 2019 (11,7%) y el 30% de la variación salarial en los mismos meses (8,8%). Con ello, el haber mínimo habría sido $ 17. 400 contra $ 16.873 hoy (es decir, $ 530 superior) y el haber medio casi $ 27.000 versus $ 25.280 ($ 1700 por encima).
La discrecionalidad en los aumentos otorgados tanto en marzo como junio implican un ajuste 8 puntos menor en el haber medio al que debería haber correspondido con la fórmula anterior (16% versus 24%). Por efecto de la suma fija ofrecida en marzo, esta brecha se reduce a 4 puntos (20% vs. 24%), pero se eleva a 9 puntos si se considera el haber medio excluyendo la mínima (13% versus 24%). A diferencia de lo ocurrido en marzo, con el acumulado de los dos aumentos, todos los jubilados (los de la mínima y el resto también) sufrieron un ajuste respecto a la versión anterior de la fórmula de ajuste.
Más allá de esto, es cierto que casi el 80% de jubilados y pensionados, aquellos que perciben la mínima y haberes hasta 1,5 veces superior a esta ($ 27.000), aunque sufrieron un recorte implícito respecto a la fórmula anterior, con los aumentos discrecionales ofrecidos llegan a ganarle a la inflación (estimada en 15% en el primer semestre): 3,8% en promedio. Para el resto, los haberes perdieron casi 3% en términos reales.
Inmerso dentro de un relato solidario, el objetivo de la suspensión de la fórmula de movilidad fue el de desindexar el gasto público, frenar la inercia (que de no mediar cambios en la fórmula de ajuste habría sumado un costo adicional de 0,3% del PIB) y realizar un recorte de las erogaciones. Sin embargo, el ahorro exhibido hasta el momento no parece tan relevante.
En el acumulado de enero a agosto (es decir, hasta que rige la fórmula anunciada), los aumentos discrecionales de marzo y junio representarán un alivio fiscal de $ 57.800 millones, casi 0,2% de PIB, considerando el impacto de estos aumentos sobre todos los beneficiarios sujetos a la movilidad (11 millones en total). Sin embargo, la “política de bonos” para, primero moderar los costos de la emergencia heredada ($ 5.000 en enero) y, después, para paliar los efectos de la crisis sanitaria, prácticamente se consumieron el ahorro en el gasto atado por movilidad.
En los últimos 6 meses, los bonos ofrecidos consumieron $ 48.000 millones. El ahorro neto se redujo a $ 9.800 millones, equivalente a sólo 0,03% PIB. En momentos en los cuales la crisis sanitaria absorbe toda la atención, el costo político de haber suspendido la Ley de Movilidad y el económico asociado a juicios potenciales que ello podría demandar, quizá ponderen menos que hace unos meses y en todo caso se privilegie más la posibilidad de ofrecer ayuda discrecional a otros sectores a partir de este ahorro generado. En este sentido, vale destacar que, al final del día, el ajuste que sufrieron los jubilados y pensionados sirvió para financiar la política de ingresos implementada vía bonos a otros beneficiarios de la Anses como titulares de pensiones no contributivas y de la AUH.
