Luego de no lograr un acuerdo con los acreedores privados y postergar las negociaciones hasta el 26 de mayo, y tras caducar el período de gracia para que la provincia de Buenos Aires pagara el vencimiento de dos bonos por US$ 113 millones e incumplir con dicho pago que hasta ayer tenía tiempo de realizar, el distrito gobernado por Axel Kicillof cayó formalmente en default.
Todo esto, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, continúa negociando con los acreedores privados para lograr un acuerdo y evitar el default. ¿Será esto un anticipo de lo que podría ocurrir el próximo 22 de mayo, día en que caduca el plazo para que las partes cierren un acuerdo y el periodo de gracia de los intereses no pagados de los bonos Globales? Si bien el mejor escenario para todos es un canje exitoso, hay quienes creen que, si no se consigue, es mejor no pagar el 22 y mostrar una señal de fortaleza.
Obviamente, nadie sabe quá hará Guzmán. Lo que sí se sabe es que en este tema Kicillof trabaja en coordinación con Guzmán. De hecho, durante este proceso el gobernador bonaerense ha estado siguiendo los pasos del ministro. Falta muy poco para el desenlace (exactamente, una semana) y saberlo.
Al respecto, en el mercado se manejan distintas lecturas. Algunos analistas afirman que el default de la provincia más grande del país afecta a la negociación de la deuda soberana, mientras otros apuntan a que en cierto sentido le juega a favor porque le sirve como amenaza para ejercer presión sobre los bonistas para que acepten la propuesta. Una especie de “miren que va en serio”.
Un comité que agrupa a cuarenta bonistas que concentran el 42% de la deuda total bonaerense bajo legislación extranjera a renegociar (US$ 2.900 millones) ratificó ayer una vez más su rechazo a la propuesta de canje que presentó Kicillof, destacó la continuidad de las negociaciones y pidió que no incumplan con el pago que tenía como fecha límite el día de ayer.
“El Comité Directivo señala que el período de gracia para el pago del vencimiento de los Bonos en USD y EUR 4,0% de la PBA con vencimiento el 1 de mayo de 2020 finaliza el día de hoy (por ayer), y considera que, en ausencia de una reestructuración consensuada, su incumplimiento agravaría aún más la situación financiera de la PBA y la incertidumbre económica”, indicó el comunicado de los bonistas.
Tras la misiva, el Gobierno bonaerense le respondió con un comunicado. En el mismo, la cartera económica de ese distrito aseguró que está haciendo un gran esfuerzo para avanzar en una solución que involucre a la gran mayoría de los tenedores de bonos. En ese sentido, le pidió a los bonistas una contrapropuesta “que sea plausible de implementar en el marco de la grave situación”.
“La capacidad de pago de la provincia es muy limitada, lograr los alivios justos en la carga de la deuda no solo permite los espacios necesarios para afrontar la pandemia, sino también para retornar a un sendero de crecimiento económico que, a fin de cuentas, es la única forma de repagar los compromisos que asumamos”, aseguró la provincia de Buenos Aires en su comunicado, en el que le piden a los acreedores a que actúen de buena fe.
Precisamente, el comité que ayer ratificó nuevamente su negativa a la propuesta oficial argumentó la semana pasada que la propuesta de Kicillof no es de buena fe, que está por debajo de la capacidad de pago de esta provincia e implica pérdidas no razonables para los acreedores. Según los bonistas, Kicillof sólo sigue el mismo camino del Gobierno.
Por lo tanto, durante una serie de reuniones que se llevaron a cabo la semana pasada, este grupo le recomendó al resto de los bonistas a no aceptar la propuesta de la provincia de Buenos Aires. Según datos del mercado, el lunes pasado, cuando venció el plazo para negociar (ese día lo extendió hasta el 26 de mayo), la propuesta de Kicillof logró una adhesión muy baja: el 76% de los acreedores rechazaron la oferta.
El monto de deuda que Kicillof busca negociar es de US$ 7.148 millones. Esta cifra representa el 68% del stock total de deuda de la provincia de Buenos Aires, el cual se ubica en US$ 10.420 millones, de los cuales el 85% pertenecen al sector privado, el 10% a la Anses y el 5% restante al Gobierno Nacional.
