La expectativa sigue firme en el mercado: habrá acuerdo el 22 de mayo (o un poco más adelante) entre Argentina y sus acreedores. Las posibilidades de un “hard default” siguen a la baja. Ayer, el riesgo país se hundió 5% y los inversores pagaron lindo en el segmento de renta fija. Observan un acuerdo cerca y ponderan que los bonos tienen “upside”. Hasta el dólar informal se desinfló y cayó casi $10 (aunque seguimos en niveles de brecha demasiado amplios).
Tras el fracaso del 8 de mayo (cuando la propuesta naufragó debajo de 15% de adhesión), la gran duda era si las partes se iban a acercar en el Excel del Valor Presente Neto (VPN), y no solo en el discurso. La realidad avanzó en ese carril.
“Hasta ahora, trascendió que el Gobierno podría estirarse hasta la zona de US$ 47-48 y podemos simplificar afirmando que la diferencia se encuentra en torno a US$ 10”, dijeron en Delphos, considerando propuestas acreedoras en el rango de US$ 58 y US$ 60, con una “exit yield” de 10%.
Pero falta aún. “El principal problema radica en que los bonistas se encuentran en el piso de su rango teórico y el esfuerzo deberá hacerlo el Gobierno, aun poniendo en jaque algunos principios de sostenibilidad del ministro de Economía, Martín Guzmán”, agregan desde Delphos.
Un hombre del mercado coincide y dice que Argentina debe poner entre 70% y 80% de la mejora, es decir, aquellos US$ 10 que faltan. “A US$ 48 no van a entrar los fondos”, agrega. “Si no mejora entre 40-50% la propuesta original, lamentablemente, Guzmán no evitará el default”, señala. “¿Qué margen tiene el Gobierno de estirarse hasta un nivel que convenza a todos los fondos? ¿O se conforma con algo parcial y va a la lucha?”, cierra, a modo de enigma.
“Por cuestiones de tiempos, no llegan a cerrar antes del 22 de mayo”, dice otra voz del mercado. Es decir: si Argentina no paga los Globales, será default. “Pero si hay negociaciones, supongo que habrá compromiso de no acelerar deuda en default. Por lo tanto, esa fecha puede pasar sin tanta preocupación. Y el Gobierno se enfocará en negociar con los 3 grupos, que presentaron sus propuestas. Si hay 'deal' es porque el Gobierno va a ceder en la pretensión de 'quita significativa'. Con un VPN de US$ 50 para arriba, creo que hay final feliz”, agrega. Sería un empate. “La oferta del Gobierno estaba en US$ 35 y lo de los acreedores arriba de US$ 60 aproximadamente. Así que a mitad de camino habrá algo para cada parte”, resume.
Así, el escenario que parece consolidarse es el de una propuesta con bastante mayor adhesión que la primera (se habla de 50% o 55%), pero aún debajo de los elevados umbrales que imponen las denominadas Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), que varían según el bono a canjear. Si Argentina no paga, como se espera dado lo hecho por la provincia de Buenos Aires días atrás, sería un escenario de “soft default”: un default, sí, pero con la perspectiva amistosa de una nueva ronda de acercamientos tendientes a dejar a llegar a las CAC.
Ante un escenario heredado complejo, y luego agravado por la pandemia, evitar el default parece una decisión acertada.
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Precalienta la ley de leyes
El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo ayer una reunión de trabajo con el experimentado secretario de Hacienda, Raúl Rigo, para comenzar a trazar los lineamientos de cara a la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para 2021 y el Presupuesto Plurianual 2021-2023.
El ministro analizó con Rigo el cronograma publicado en el Boletín Oficial y las proyecciones macroeconómicas para la elaboración de la iniciativa. Según un comunicado oficial, Guzmán consideró “primordial el monitoreo de la situación fiscal y la evolución de las cuentas públicas” en el marco de la crisis económica que atraviesa Argentina. Así, mediante la resolución 235/2020 publicada ayer en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía dio inicio formalmente al proceso de armado del Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional para 2021, y para ello fijó un cronograma de trabajo que estipula las áreas que intervienen en la formulación de la iniciativa y su presentación al Congreso el 15 de septiembre próximo.
Según lo dispuesto en la resolución, la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda es la encargada de la organización del trabajo para la elaboración del proyecto de ley, en permanente trabajo conjunto con la Subsecretaría de Coordinación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete. También se invitará a la Anses a colaborar, junto con el resto de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, con las tareas de formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2021 y el Presupuesto Plurianual 2021-2023.
Además de las pautas clásicas, el Gobierno podría sorprender con una reforma impositiva que incluye le gravamen a las denominadas “grandes fortunas”, pero también otros cambios de fondo.
