La inesperada agenda de nuestra política exterior

18 de mayo, 2020

Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista

 

Aunque en estos días no resulta fácil seguir el rastro o las líneas de la política exterior, ni asignar demasiado crédito a líderes como Donald Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro o Vladimir Putin (sobre los nuestros no opino por la cuarentena), subsiste la necesidad de entender el real sentido de sus intenciones y exabruptos.

 

Bajo ninguna circunstancia deja de ser vital identificar el pensamiento de los gobiernos del Mercosur ante las reformas del Estado o las políticas de los sectores industrial, comercial, energético, de seguridad y de ciberseguridad que fluyen día y noche en los mayores centros globales de reflexión. Sería torpe no preguntarnos por qué Brasil desea firmar como sea los elementos periféricos de un acuerdo de libre comercio con Washington este año (año electoral por cierto), aceptando un texto limitado a las reglas sobre facilitación de comercio (como si no existieran las aprobadas por la OMC), las vinculadas con la anticorrupción, las de comercio digital y las llamadas buenas prácticas. En otras palabras, la agenda de Estados Unidos y de los muchachos (y chicas) de la OCDE.

 

Lo grave es que también ignoramos cómo ve estos hechos la clase política que deberá resucitar la futura normalidad económica y la alineación estratégica que emergerá tras la pandemia sanitaria. Algunas de las propuestas que flotan en Washington tienden a redimir las miradas estratégicas, aquellas nociones que eran moda cuando el planeta giraba en torno al Commisariat Général du Plan francés, bajo cuyo techo convivían la mirada estratégica de Charles De Gaulle y el dogmático patrón oro de Jacques Rueff. Mucho más cuando a todos nos urge replantear los vínculos sanitarios y el tipo de vigencia que cabe asignar a las cadenas de valor que protagoniza la potencia asiática que le regaló a toda el planeta una flor de pandemia.

 

Tampoco podemos olvidar que las tormentas del intelecto (brain storming) no sirven para lograr que los líderes políticos se abstengan de ejercer su devoción por zambullirse en gigantescos disparates. Prueba de ello es la propuesta que impulsan los legisladores estadounidenses Peter De Fazio y Frank Pallone, del Partido Demócrata, quienes en pública sintonía con el senador republicano Josh Hawley (ver mi columna del pasado lunes), proponen que Estados Unidos se vaya de la OMC, algo que supone materializar otro de los polémicos repliegues del jefe de la Casa Blanca.

 

Decidir que una de las principales potencias del mundo dé la espalda en vez de batallar por la modernización de los más emblemáticos organismos o grupos de cooperación, diálogo, comercio global, medio ambiente, cultura y cambio climático, puede llevar a la paradoja de que Estados Unidos termine por convertirse en una versión occidental de Corea del Norte.

 

Lo cierto es que, de prosperar tal idea, aumentará el sabotaje montado por Washington en el foro que concibiera el Secretario de Estado y Premio Nobel Cordell Hull al concluir la Segunda Guerra Mundial, una iniciativa que probó ser un eficiente, aunque imperfecto motor global del comercio y el desarrollo sostenible.

 

Y si bien es cierto que las naciones “en desarrollo”, y en especial las asiáticas (como China, India y Vietnam) y América Latina comenzaron a subir su participación en el intercambio mundial. ¿Bajo qué perspectiva lícita ello supone un delito, una nefasta e injusta realidad o una pandemia sin remedio civilizado? ¿A quién se le ocurre que abandonar el foro donde se escriben, aprueban y monitorean las reglas y las concesiones contractuales del comercio global, permitirá resolver la desesperación de Washington por el expansionismo chino o será una movida efectiva para frenar la decreciente influencia estratégica de Estados Unidos en el escenario global?.

 

Del otro lado del Atlántico, en Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, se habla sin reservas de la ayuda sectorial que demandará la reanimación de los sectores económicos golpeados por la pandemia del Covid-19. Al Viejo Continente nunca le faltó creatividad al buscar soluciones de comercio administrado, aplicar subsidios a rajatabla o usar a destajo el proteccionismo regulatorio. No sería extraño que las actuales emergencias promuevan la vuelta al servicio activo de entidades o mecanismos similares al histórico Instituto de Reconstrucción Industrial (IRI), un ente del Estado que se especializaba en codirigir los pilares del sector manufacturero italiano.

 

Por si no bastara, el tropel de novedades semanales incluyó esta vez la renuncia, fundada en “razones familiares y personales”, del Director General de la Secretaría de la OMC, embajador (brasileño) Roberto Azevêdo. Tal decisión lo alejará del cargo un año antes de vencer su segundo mandato. El shock que provocó tal decisión, indujo a que el Financial Times del viernes 15 sorprendiera a muchos de sus lectores al especular sobre la naturaleza del “trato familiar” que le venía dispensando Washington al funcionario dimitente.

 

Tampoco fue la mejor hora del doctor Simon Evenett, creador del mecanismo Global Trade Alert (GTA), en el que trabajé algunas semanas, quien no dio en la tecla al asegurar que el adiós de Azevêdo refuerza la tesis de que sólo un Ministro con gran experiencia política originará una opción eficiente para dirigir la Secretaría de la OMC, si el sistema desea que sus asesores técnicos contribuyan a resolver el largo impasse en sus negociaciones multilaterales. La verdad es que esa afirmación constituye una olímpica huevada. Preferencias aparte, tanto el último Director General del GATT, Peter Sutherland, como quienes lo siguieron en el ejercicio del cargo en la secretaría de la OMC hasta la llegada de Azevêdo (Renato Ruggero de Italia; Mike Moore de Nueva Zelandia; Supachai Panitchpakdi de Tailandia y Pascal Lamy, un francés que lo hizo en nombre de la Comisión de la UE), fueron ministros con rango pleno y no pudieron lograr mucho más que el colega que acaba de pegar las hurras. En lo personal me consta que nunca fue escasez de talento, dedicación o cintura política lo que originó el actual estado vegetativo de ese sistema multilateral de comercio.

 

Es muy difícil sacar agua de las piedras cuando los miembros de la OMC que deberían ser los referentes de la solución, son la parte central y hepática del problema. Por otra parte, conocer a fondo el alcance de las reglas escritas y no escritas del Sistema Multilateral de Comercio nunca le hizo daño a nadie, salvo a quienes padecen del síndrome de hablar antes de pensar.

 

El otro hecho político que ganó relieve en los últimos días, es la propuesta fechada a principios de abril que circula en el Parlamento Europeo, una criatura del Comité de Comercio, el órgano que controla con mano experta y firme el alemán Bernd Lange. Se trata de un proyecto de una sola página, con siete párrafos destinados a crear una Una Nueva Estrategia Industrial para Europa, o sea que trasciende las fronteras de la UE.

 

El micropaper sugiere, a grandes rasgos, tomar nota de un texto previo de la Comisión de la UE respecto a la proyección de las pymes del Viejo Continente en el mercado internacional, para destacar que ello no resulta factible ante el costoso enjambre burocrático y regulatorio que esas modestas estructuras privadas tienen que satisfacer.

 

En especial, asegura, debido a que dichas empresas no pueden invertir sus recursos para lograr el objetivo de neutralidad climática (cumplir con el Pacto Verde o Green Deal) y a la vez competir en el muy exigente mercado mundial.

 

También propone decirle a la Comisión que se ocupe más de aumentar la productividad del mercado interno para sustituir o reducir la elevada dependencia de la UE del comercio con las cadenas de valor globales que han enrarecido y encarecido el acceso a los insumos extranjeros en sectores como la tecnología, las comunicaciones, los equipos médicos y los productos farmacéuticos que en estos momentos son rehenes de la demanda originada por la pandemia sanitaria. El texto sostiene que el Parlamento apoya, en principio (ojo al piojo con este lenguaje), la iniciativa de reforzar el sistema basado en la regla de la ley en el comercio global (la OMC), sujeto a que ese contexto no siga siendo abusado por los Miembros que tienen mercados de grandes dimensiones (lo que suena a doble patada de karate en la mandíbula de Washington y Pekín).

 

Además, el proyecto sugiere pedirle a la Comisión que use al mango el poder de regateo que originan las enormes compras del Estado que hace la UE, con la finalidad de abrir el mercado de terceros países y ejercer adecuadamente el principio de reciprocidad (lo que supone una caricia para los oídos de Donald). También le dice a Bruselas que mejore (¿más todavía?: ver el borrador UE-Mercosur) los mecanismos de salvaguardia de la UE. En otro párrafo exhorta a la Comisión a demandar mayor respeto a los derechos de propiedad intelectual de la región y a generar un mecanismo de control de las inversiones (otra caricia a Donald) con el fin de “proteger el acceso” a la infraestructura, las industrias estratégicas y a tecnologías clave de quienes intentan ser socios internacionales de la UE en el Viejo Continente, así como de otros patrimonios vinculados con los intereses comunitarios en el ámbito de la seguridad y la ciberseguridad.

 

Pero aún nos resta mencionar dos asuntos ultrasensibles. El primero, una columna de la vicepresidente del CSIS, Sarah Ladislaw, quien aboga en favor de planificar, con estrategia ad hoc mediante, y a cara descubierta, el futuro desarrollo energético de los Estados Unidos. Y, en otro orden de cosas, el durísimo conflicto que acaba de estallar entre Australia y China por el apoyo del gobierno de Canberra a la iniciativa de Europa, Estados Unidos y un sugestivo grupo de países, de hacer que la Organización Mundial de la Salud (OMS) investigue cómo se originó el azote del coronavirus en territorio chino. En eso también se metió Argentina sin saber a ciencia cierta lo que estaba haciendo.

 

Lo cierto es que el embajador de Pekín en Canberra le expresó al gobierno australiano, con quien su China suscribió un acuerdo de libre comercio (acotación mía), la seria frustración de su gobierno por ser puesto contra la pared en el ámbito de la OMS. En el marco de semejante diálogo anticipó que sus autoridades creían necesario detener los embarques de cebada y las exportaciones de cuatro frigoríficos instalados en Australia al mercado de su país, al “registrarse problemas con las certificaciones de los embarques”. Entre las plantas afectadas, hay dos sucursales de grupos brasileños, una de ellas propiedad de la firma JBS.

 

El título de la corta pero contundente reflexión de Ladislaw, con quien a mi no me gustaría jugar al póker, es “Estados Unidos necesita una estrategia para la industria energética y todos lo saben”. En esencia la columna explica que el tratamiento político y legislativo del sector energético estadounidense es caótico (y eso que no menciona el eterno cepo al comercio exterior ni se pronuncia sobre los incentivos económicos u otros ajustes con tal finalidad). En virtud de tal enunciando, afirma que Washington debe ordenar sus ideas, y tener una línea orgánica de enfoque competitivo, al enfatizar que el país no puede cerrarle las puertas al peligroso intercambio con China y que, tal como están las cosas, no tiene forma alguna de competir con nadie. La inminente quiebra de numerosas empresas sectoriales en la pre-pandemia, confirma totalmente esa apreciación.

 

Como al pasar Sarah destaca que el mundo de la política suele favorecer la existencia de energía barata (no la califica en función de sus vínculos con el desarrollo sostenible, la limpieza o contaminación de los insumos ni con los efectos sobre la seguridad alimentaria) y alude, con gran sutileza, al hecho de que la energía es un factor central de la capacidad económica de competir (de eso al subsidio hay un suspiro). Tampoco profundiza pero entiende muy bien que energía barata, supone restar incentivos a las diversas fuentes de energía a partir del carbón, el petróleo, el gas natural, los biocombustibles de diferentes insumos, la eólica (los vientos), solar, nuclear, la hidroelectricidad, el oxígeno, el agua de mar, las baterías y otras opciones poco difundidas.

 

Habla en todo momento de la debilidad crítica que supone la falta de educación tecnológica en Estados Unidos, en línea con la muy sabia prédica que entre nosotros hace Alieto Guadagni, a quien deberíamos escuchar con mayor atención. Ladislaw tampoco dedica espacio a evaluar el precio del “barril criollo”, lo que muestra un clarísimo e importante bache en su cultura.

 

Recuerda que en la Cámara de Representantes había y hay un popurrí de proyectos sobre Energías Avanzadas e Innovación Energética, sobre tecnología energética y acerca de la producción equipos energéticos. A su vez, elogia el modesto proyecto de Ley que elaboró el Senado conocido como Ley sobre Innovación Energética en los Estados Unidos, el que fue archivado por un fuerte disenso en dicho órgano legislativo. En los mismos recintos se discuten reglas sobre la capacidad de almacenamiento de las baterías (tema crucial para la industria del transporte, las comunicaciones y otros sectores altamente dinámicos) y qué hacer o qué no hacer con la industria nucleoeléctrica, un sector que tiene fuertes connotaciones bélicas.

 

Lo ideal sería reproducir y discutir con sentido político y práctico las ideas de esta brillante profesional, aunque mi experiencia indica que nadie parece encontrar tiempo para debates que requieren seriedad. Hasta la semana que viene.

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