La doble crisis chilena

28 de mayo, 2020

La doble crisis chilena

 

Por Nicole Arriagada Andrade (*)

 

La aprobación del presidente Sebastián Piñera había aumentado considerablemente pasada la peor parte de la explosión social país a fines del año pasado, y parte de la opinión pública, a raíz de algunos informes internacionales, expresaba, hasta hace muy poco, que Chile había realizado un buen manejo de la crisis del Covid-19 en comparación con otros países de América Latina.

 

Lo primero hacía suponer que cabía la posibilidad de un “respiro” para la consecuente inestabilidad política que había dejado la crisis social y lo segundo, que la gestión de la pandemia podía ser exitoso, aumentando la viabilidad de mejorar los vínculos con la ciudadanía.

 

No obstante, existían varios elementos que sugerían de antemano que la crisis es aún patente y, en el contexto de emergencia sanitaria, que la situación de gobernabilidad y la efervescencia social pueden retornar con más fuerza. Entre ellos, los números de aprobación y confianza en las decisiones del Presidente y de quienes lo acompañan en el Ejecutivo se mantuvieron y continúan siendo muy bajas, incluso con números que hoy resultan algo inconsistentes.

 

Considerando que hace poco más de una semana la aprobación del líder del ejecutivo había disminuido 1%, según la encuestadora CADEM, y ésta semana aumentaron 2%, según la misma encuestadora, la certeza de las estadísticas se desvanece.

 

Por otro lado, Piñera tiene la peor imagen de la región en relación con su gestión frente a la pandemia, según una recopilación de encuestas realizadas por Directorio Legislativo, lo que no mejora ni resulta útil para enmendar sus vínculos con la ciudadanía.

 

La retracción de la movilización social, por los festejos de fines del año pasado y las vacaciones; el paquete de medidas socioeconómicas y la aceptación de realizar un plebiscito para conformar un proceso constituyente -que permitirá a Chile contar con una nueva Constitución política, dejando atrás la de origen autoritario de 1980-, sumado a una disminución de la efervescencia social como consecuencia de la emergencia sanitaria, podía presumirse como coyuntural.

 

No sólo porque las manifestaciones han mostrado signos de reactivación producto de las repercusiones de la gestión de la crisis por el coronavirus y, por lo tanto, de la incapacidad de subsistir económicamente, sino también porque, aun cuando podrían considerarse contextuales y aisladas, éstas suman malestar social a aquellos problemas tocados por las movilizaciones de 2019 de carácter estructural, que atañen a aspectos esenciales de la vida, como jubilaciones, salud y educación.

 

Medidas fundamentales, en especial el plebiscito, que no han tomado cuerpo aun y que tienen impacto sobre desigualdades más palpables en tiempos de Covid-19. Un manejo certero de la pandemia y una elite política unida habría sido un mejor escenario. Sin embargo, no era lo que se vislumbraba. El Presidente, figura clave para devolver la confianza a la población, diluyó las decisiones de Gobierno entre sus ministros, otros políticos locales e incluso las Fuerzas Armadas (tras declarar el Estado de Catástrofe), protegiendo relativamente su liderazgo. Pero aun así no era, ni es, posible desmarcarlo del todo de la responsabilidad de políticas que otorgaron mayor importancia al aspecto económico que a la salud, de una comunicación gubernamental e información oficial muchas veces confusa e incluso contradictoria.

 

Contradicciones, que no sólo afectaron la comunicación con la población, sino también formaron parte de la dinámica política, entre el oficialismo y oposición, y dentro de la misma coalición de Gobierno, debilitada tras los desacuerdos sobre las respuestas al estallido social, lo que repercute en la cooperación política interna necesaria en el actual escenario.

 

A ello hay que añadir los límites que impone la Constitución actual al poder de intervención estatal sobre la economía -incluso en tiempos de emergencia-; la reticencia a un mayor gasto público (que habrían permitido medidas más restrictivas de distanciamiento social) que, más allá de algunas básicas de apoyo, no se traspasaron los límites necesarios para evitar el fuerte aumento de casos y fallecidos por Covid-19 en las últimas semanas y el fracaso de la gestión de la emergencia.

 

El confinamiento selectivo con toques de queda nocturnos no impidieron un alto contacto diurno frente a la necesidad de las personas de no perder su empleo ante medidas económicas que no alcanzan. Son decisiones políticas que tienen su consecuencia. El Gobierno, actualmente alertado por los efectos del Covid-19 y las expresiones de descontento social, aumenta la ayuda en los sectores más vulnerables y la cuarentena en las zonas más afectadas. A la vez, ha llamado al acuerdo a la elite política, que sigue dividida, e incluso, a modo de gran demostración de solidaridad, ha decidido rebajar las dietas parlamentarias y salarios del Estado. Pero aun así, con un sistema de salud público débil, sobre el que ya se concentraban parte de los alegatos de 2019, con sus unidades de terapia intensiva en algunos casos colapsadas y otras a punto del colapso (según las cifras de la Sociedad de Medicina Intensiva), no presentan un contexto alentador, no sólo en términos de lucha contra el Covid-19, sino también de cara a la crisis social, económica y política.

 

El patente fracaso de la gestión de la emergencia sanitaria, la disminución de la imagen de Piñera a nivel regional y cierta reactivación de la movilización social en un contexto ciertamente peligroso para la salud de los individuos que se exponen no hacen más que confirmarlo. La canalización de la misma va a depender, ciertamente, de la evolución de la crisis sanitaria y la mejora de su gestión, pero también del futuro plebiscito. La falta de absoluta seguridad de que éste no sea postergando más allá de octubre o que, por ejemplo, no se cuente con mecanismos electrónicos y seguros de votación, que representen un esfuerzo de la clase política para llevar adelante la transformación constitucional a pesar de las dificultades asociadas al combate del virus, no hace más que fortalecer la ya existente desazón de la población.

 

Su canalización es esperada por los ciudadanos chilenos ya que, de hecho, la actividad que más les gustaría realizar, una vez terminado el confinamiento, es asistir al plebiscito (64%) (CADEM), lo que promete resolver, si no todos, muchos de los factores que impiden para ellos un mejor país y calidad de vida.

 

(*) Laboratorio de Geopolíticas de la UBA

 

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