Por Marcelo Capello Presidente de IERAL de Fundación Mediterránea
Aún sin efectos del Covid-19, ya los números fiscales del primer trimestre mostraban una tendencia a aumentar el déficit primario respecto a igual período de 2019. En los primeros tres meses de 2020, el déficit primario del Sector Público Nacional (SPN) resultó de 0,5% del PIB, por arriba del desequilibrio observado en todo el año 2019 (0,44%).
En todo el año 2019 los ingresos fiscales habían crecido más que los gastos primarios, lógica que se quiebra abruptamente a partir de enero de 2020, en que las erogaciones primarias nominales pasan a crecer 51% interanual, versus 40% en los ingresos. En marzo, esta dinámica se potencia, con crecimiento del gasto del 70% nominal interanual, versus 31% de los ingresos.
Con la fuerte suba del desequilibrio fiscal, y con escaso acceso al financiamiento (sólo local), en el primer trimestre de 2020 el Tesoro recibió $312.000 millones de asistencia del BCRA vía emisión monetaria (reparto de utilidades y Adelantos del BCRA), cuando los valores máximos en el mismo lapso de años anteriores se habían observado en 2014 ($122.000 millones) y en 2016 ($135.000 millones), en moneda constante.
Para estimar el gasto total que puede ejecutarse en 2020, deben considerarse las mayores erogaciones originadas en la pandemia de coronavirus. Con ese fin, en el escenario 1 se considera que el ingreso familiar de emergencia (IFE) se paga dos veces (abril y mayo), al igual que la asignación complementaria al salario (que forma parte del programa ATP). Asimismo, se considera que la asistencia a provincias permanecerá tal cual fue estipulada por el Gobierno ($60.000 millones).
En cambio, en el escenario 2 se prevé que el IFE se pague 3 meses, al igual que la asignación complementaria al salario. En lo que respecta al ATN a provincias, se agrega una transferencia extra de $20.000 millones a provincias (un escenario de mínima). De este modo, bajo los nuevos escenarios el paquete fiscal contra el Covid-19 podría tener un costo fiscal de entre 2,5% y 3,2% del PIB. Por otro lado, existen anuncios del Gobierno que implican montos importantes de préstamos a empresas y cuentapropistas, que pueden momentáneamente estimarse por el equivalente a un 2,3% del PIB. Así las cosas, hasta el momento el paquete total de ayudas y compensaciones a familias y empresas, incluyendo préstamos, resultaría equivalente a entre 4,8% y 5,5% del PIB.
Con la estimación de ingresos y escenarios de gasto público previstos para 2020, al final del año se tendría un déficit primario de entre 4,7% y 6,4% del PIB, cuando había sido del 0,44% en 2019, 4,2% en 2016 y 3,8% en 2015. Si bien la mayor parte del aumento del gasto en 2020 se supone transitorio ante los efectos de la pandemia, se requerirá un gran esfuerzo fiscal desde 2021 para volver a los números fiscales pre-pandemia, y pasar luego a un superávit fiscal en 2022, especialmente si se quiere asegurar un sendero fiscal que no recaiga nuevamente en situaciones no sostenibles fiscalmente.
Suponiendo que se logra roll-over total de los servicios de deuda en pesos hasta fin de año (en abril se habría alcanzado 95%), y que todo el déficit primario de 2020 se monetiza, la emisión de pesos del BCRA para asistir al Tesoro Nacional podría ubicarse entre $1,3 y $1,8 billones de (4,7% al 6,4% del PIB). Se trata de guarismos claramente superiores a los años previos. Por ejemplo, el máximo anterior había sido un 3,2% del PIB en 2014. No obstante, podrían existir transacciones en el mercado de cambios u operaciones de esterilización llevadas a cabo por el BCRA que reduzcan (o amplíen), dicha necesidad de emisión de dinero en 2020.
Si bien inicialmente tal emisión fuertemente incrementada podría no resultar tan inflacionaria, sí lo podría ser una vez que la economía comience a normalizarse, y sobren pesos en el mercado. Por dicho motivo, el Gobierno debería explorar alternativas para disminuir la necesidad de emisión por motivos fiscales. Una de ellas, como ya planteó IERAL hace algunas semanas, podría consistir en un “ahorro forzoso” en salarios del sector público, en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes del Estado, para actividades no esenciales en los meses de mayor impacto de las medidas de aislamiento social obligatorio.
Dicho ahorro forzoso podría consistir en la cancelación de una porción de los salarios de los agentes públicos con un bono emitido por el Tesoro, con vencimiento a partir de un año. Se aplicarían a partir de cierto piso salarial, y podría resultar una medida progresiva, es decir, mayor ahorro forzoso a mayor nivel salarial. Los bonos entregados a los agentes estatales podrían utilizarse para pagar impuestos, y para realizar compras anticipadas de bienes y servicios (con ciertos beneficios) que han sido más notoriamente afectados por la pandemia, como pueden ser servicios de turismo dentro del país, compras de automóviles nacionales, inmuebles, etcétera, de manera de ayudar a una recuperación más rápida de esos sectores y de la economía en general.
