La directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, acordó hoy con directivos de Industriales Pymes Argentinos (IPA) crear una Mesa de Trabajo “para abordar las urgencias de todas las empresas en crisis".
El objetivo es "evitar un masivo traslado a la informalidad durante la pospandemia, que debilite la recaudación del Estado y afecte a la estructura productiva del país”, según se informó en un comunicado de IPA.
El presidente de los Industriales, Daniel Rosato, presentó en la reunión una serie de propuestas relacionadas con la reposición de los reintegros a las exportaciones industriales; la instauración de beneficios impositivos para las nuevas inversiones; y la aplicación de incentivos para las pymes que generen nuevos puestos de trabajo.
Rosato también adelantó lineamientos de un proyecto que la entidad enviará al Congreso, elaborado por el Observatorio IPA, para una nueva ley de Compre Nacional. La iniciativa apunta a lograr que “las empresas grandes del país prioricen la compra de productos de fabricación argentina que, incluso, son más económicos que los importados”.
Según IPA, Marcó del Pont, aclaró que “muchas de las cosas que se hablaron tienen que ver con decisiones y facultades de otros ministerios”, si bien en la actualidad existe “un Ejecutivo que está funcionando de manera muy coordinada”.
“Me encanta la idea de pensar desde ahora los desafíos que tenemos hacia adelante y por eso bienvenidas sean todas las cuestiones tributarias que adviertan y que puedan aportar para que nosotros, con la mirada productivista que existe, podamos tomarlas”, afirmó la directora de la AFIP.
El IPA también aludió a la gestión de comercio internacional a través de la Dirección General de Aduanas, “para que la importación de materia prima para producir en la Argentina tribute una menor cantidad de impuestos”, a fin de que las pymes “sean más competitivas puertas adentro de las fábricas y que ese beneficio se traslade en las ventas hacia afuera del país”.
Rosato pidió además suspender por 180 días las sanciones por incumplimientos formales, al señalar que se necesita que “esté activa la constancia de inscripción para poder operar”.
Por último, el titular de IPA advirtió sobre el curso de las facturas de crédito electrónicas, que deben contar con un máximo de 15 días para su rechazo, mientras “las grandes empresas se toman el plazo máximo de 30 días para rechazarlas, con lo cual postergan el pago por otro mes más”.
