Entrevista a Martín Kalos Director de Epyca Consultores
El viernes vence el plazo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, le dio a los acreedores privados para que definan su posición respecto a la oferta de reestructuración de la deuda externa que presentó el Gobierno. De entrada, la propuesta fue rechazada por los principales inversores y ayer tres grupos de bonistas emitieron un comunicado ratificando su negativa.
En diálogo con El Economista, Martín Kalos, director de Epyca Consultores, analizó el proceso y ponderó la oferta inicial de Guzmán. Además, remarcó que “es posible y técnicamente viable” acercar posiciones y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.
La propuesta de Guzmán es menos “agresiva” de lo que se esperaba. Aún así, por ahora, no logra la aceptación de los acreedores. ¿Qué opina sobre la oferta?
La propuesta presentada es un buen punto de partida para negociar, y eso en sí mismo ya es una señal. Por más que la táctica sea poner de entrada una posición dura, es una primera propuesta sobre la cual se puede negociar. Le falta algo. Es lógico. Pero tiene posibilidades de ser mejorada para encontrar un punto intermedio. Esa es la principal característica y ventaja de esta propuesta. Por lo demás, la oferta tiene algunos puntos álgidos, que obviamente no iban a ser aceptados, pero que parecen tener en consideración detalles interesantes a la hora de una negociación. Por el tipo de agrupamiento que se hizo en la propuesta, lo que parecería estar ocurriendo es que el Gobierno está teniendo en cuenta que hay ciertos bonos muy complicados para negociar y que, en cambio, está apostando a los otros bonos.
Algunos analistas aseguran que si esta misma propuesta se hubiese presentado hace dos meses, antes de la crisis global por la pandemia, el rechazo a la misma habría sido absoluto. ¿Cree que el escenario actual le es favorable al Gobierno para negociar?
No, el escenario no le es favorable para negociar. En este momento, al Gobierno le costaría mucho mostrar números más creíbles y definitivos respecto a cómo va a terminar el país incluso este mismo año en materia de crecimiento, resultado fiscal... Y eso va a arrastrar también los números de 2021. El Gobierno puede prometer esfuerzos en el mediano plazo, pero en el corto, la priorización de una política de salud pública para luchar contra la pandemia y la supeditación de la política económica a esa política sanitaria impiden tener claridad y prometer con precisión números para este año y quizás para el que viene. Esto, obviamente, en la negociación juega en contra porque los acreedores van a exigir esfuerzos que este año el Gobierno está lejos de poder hacer por la priorización de la salud pública. Por otra parte, porque esos mismos fondos de inversión, para los cuales Argentina en general representa un porcentaje relativamente menor en sus inversiones mundiales, en estos meses han tenido problemas con pérdidas de valor de sus activos en todo el mundo. Entonces, para muchos fondos, Argentina pasó a ser una cuestión completamente secundaria dentro de sus prioridades y esto no es bueno a la hora de negociar.
Ayer, tres grupos de bonistas ratificaron su rechazo. ¿Qué podría o debería hacer el Gobierno para acercar posiciones y llegar a un acuerdo?
Uno de los puntos clave sería la posibilidad de algún pago en los primeros tiempos. También una leve mejora en los cupones, que arrancan muy bajos en los primeros años. Creo que estando relativamente cerca, ante una propuesta que un porcentaje importante de acreedores aceptaría, en mi opinión, sería una lástima al menos no intentar esa negociación. Sería una picardía no alcanzar ese punto medio de ambas partes para evitar un default que se daría por un monto bastante bajo en comparación con otros default en la historia, siendo que el acuerdo, al menos técnicamente, está al alcance.
A partir de la oferta y de las posturas que han mostrado las partes hasta acá, ¿ve posibilidades de lograr un acuerdo?
La posibilidad de llegar a un acuerdo existe, porque en definitiva tenemos un juego de posturas de parte de los acreedores privados y una postura inicial de parte del Gobierno desde la cual es posible acordar. Es posible y técnicamente viable llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Pero esto requiere obviamente voluntades de llegar a ese punto intermedio.
En caso de no acordar, ¿cómo impactaría un default en este contexto?
En tal caso, el impacto inicial, como en todo default, sería obviamente un alivio en lo inmediato sobre las finanzas públicas porque dejaría de pagar servicios de la deuda que venía abonando. Pero en el mediano y largo plazo dejaría una incertidumbre muy grande para la disponibilidad de dólares y de recursos para apuntalar el crecimiento y el desarrollo económico del país, tanto internos como externos. No se trata sólo de préstamos, sino de inversiones, tanto de afuera como del empresariado local. Se trata de la sustentabilidad de todo el proceso económico argentino a futuro. Y esa incertidumbre es la que jugaría en contra de todas las demás iniciativas que pueda proponer el Gobierno y el sector privado argentino para dinamizar sectores de crecimiento, oportunidades de negocios, etcétera. En definitiva, en el mediano y largo plazo, un default obliga a repensar cómo renegociar esa deuda porque mientras se esté en default la acumulación de juicios, incertidumbres y las externalidades negativas juegan en contra de un proceso de crecimiento y desarrollo sustentables.
