Por Carlos Gold Presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes (CESCOR) y Vicepresidente de la Confederación de Entidades de del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA)
La industria de producción y comercialización de hidrocarburos, incluidas las estaciones de servicio, viene absorbiendo los incrementos de costos sin que los precios de las pizarras se actualicen desde el 1° de diciembre del 2019.
Desde dicha fecha aumentó 10% el tipo de cambio, el costo de los fletes se incrementó en la misma magnitud y al compás de la inflación, subieron los impuestos y los salarios del sector. Todo esto fue absorbido por la cadena sin trasladar un centavo al consumidor.
A esta situación, se le suma la abrupta caída de consumo de combustibles debido a las medidas de restricción a la circulación definidas por el Gobierno para contener la pandemia.
En este contexto, establecer un precio de barril criollo causará gravosas consecuencias al sistema de producción y comercialización y a los consumidores. Las razones son las siguientes.
No ayudará a garantizar la actividad en el sector, ya que actualmente el problema está ocasionado por la caída de demanda de hasta 80% por efecto del Covid-19, lo que provocó la paralización de las refinerías.
Tampoco ayuda a los productores internacionales, que además están sufriendo el recorte masivo de inversión global por la caída del precio del petróleo. Un precio de barril criollo tan alejado a lo que productores y refinadores consideran una justa composición de sus transacciones, redundará en el desaliento a la adquisición de crudo.
Un valor tan alejado a los precios transaccionados en la actualidad va a impactar negativamente la demanda de crudo de los próximos meses, acelerando la caída de actividad y cierre de yacimientos.
Fijar un precio de barril criollo sin un sistema de actualización ágil y previsible de precios en los surtidores y/o reducción de impuestos, generará una situación de pérdida estructural en el negocio de refinación y comercialización de combustibles y lubricantes.
El precio sostén o barril criollo puede ser necesario para
el productor, pero si el refinador, proveedor de las estaciones de servicio, no lo puedo pagar redunda en perjuicio para el sector.
Sin un sistema de actualización ágil y previsible de precios, un barril criollo de US$ 45 por barril le generará al downstream (refinación y comercialización) muy serios inconvenientes para continuar la actividad, ocasionando pérdidas estructurales que causarán un gravamen irreparable.
Es cierto que el contexto actual requiere de decisiones para atender los desafíos de los productores, comercializadores, consumidores, trabajadores y los estados nacional y provinciales. Creemos que, dada la complejidad del contexto, las mejores soluciones vendrán del diálogo entre todas las partes, generando soluciones equilibradas para todos los actores del sistema.
