Al canje no hay que mejorarlo, sino hacerlo más creíble

13 de mayo, 2020

El Gobierno crisis el Decreto sobre Lealtad Comercial Argentina

 

Por Jorge Colina Economista de Idesa

 

La propuesta de Argentina para el canje de deuda pública en dólares consiste básicamente en hacer una quita sobre el valor nominal de entre 5% y 12%, dependiendo el plazo del nuevo bono, no pagar nada hasta el 2023 y luego empezar a pagar intereses a una tasa de 0,5% de anual hasta el 2026, cuando comenzaría la amortización de capital y un aumento progresivo de los intereses.

 

Desde el punto de vista práctico para Argentina significa que la actual gestión de Gobierno prácticamente no pagaría nada de la deuda canjeada y la próxima gestión pagaría un interés simbólico para las altas tasas de interés que el mercado le impone a Argentina. El peso de la devolución de esta deuda sería para la gestión de Gobierno que comience en el 2027.

 

Puesta la propuesta al valor de mercado, la tasa de descuento que el mercado financiero internacional usa para valorizar la deuda pública argentina es de 12% anual en dólares. Es una tasa sideral. Cuando se descuentan todos los flujos futuros puestos a tan largo plazo para la Argentina (2026 en adelante), el valor presente de la nueva deuda baja a 38% del valor nominal. O sea, el canje no le cambia prácticamente nada al inversor.

 

En comparación, a los otros países de la región (como Chile, Perú, Uruguay y Paraguay) el mercado financiero internacional les aplica tasas de descuento del orden del 3% anual o menos. Si el mercado le aplicara a la Argentina una tasa de descuento de 3% anual en dólares, el valor de mercado de la nueva deuda argentina sería de 82% del valor nominal. Esto sí significaría una gran avance para los inversores que entran al canje.

 

¿Por qué el mercado internacional no le aplica a Argentina una tasa del 3% en lugar de 12% anual, así todos estarían más contentos?

 

Porque a Argentina no le cree nadie. Las razones son objetivas. Argentina es un país fiscalmente desquiciado desde hace mucho tiempo con una clase política y gran parte de la sociedad que lo considera normal (como si fuera una “argentinidad”).

 

Desde 1961, que es el punto de inicio de la serie de cuentas públicas que presenta el Ministerio de Economía (aunque los libros de historia económica sostienen que los déficits fiscales en Argentina se remontan al Siglo XIX), que el país ha tenido consistentemente déficit fiscales primarios. Es decir, no tuvo espacios fiscales siquiera para pagar los intereses de deuda. Salvo algunos años de la convertibilidad y otros de la gran bonanza del 2003 – 2008 (donde el país estaba en default), el Estado argentino siempre gastó por encima de sus posibilidades. Por esto es que el mundo lo ve al país como un “defaulteador” serial. Este es un primer antecedente muy negativo.

 

Luego vino la gran frustración. El anterior gobierno llegó con un halo de que a partir de ahora Argentina sería diferente. En el 2016 salió del default logrando un arreglo con los conflictivos fondos buitres y recreó la confianza del mundo financiero internacional. Tal fue la confianza recuperada que el país emitió un bono a 100 años. Pero a tan sólo 2 años, en el 2018 el Estado nacional volvió a caer en la insolvencia recurriendo de emergencia al FMI en una operación histórica por el monto involucrado, y en el 2019 volvió a caer en la cesación de pagos detrás del velo de lo que llamó “reprogramación” de la deuda pública. Este es un segundo antecedente que confirma el primero, que Argentina sigue siendo un “defaulteador” serial.

 

Luego viene el nuevo Gobierno. Habiendo recibido una situación fiscal muy ajustada, con un déficit primario cercano a cero (que era la meta a la que el país se había comprometido ante el FMI), en sólo los primeros tres meses de gobierno revirtió dicho déficit cercano a cero en un déficit primario de 2,3% del PIB. Cae el coronavirus y la apresurada decisión de encerrar a la población en prevención del contagio lo que destruyó la economía, los ingresos fiscales y multiplicó el gasto público. No es arriesgado proyectar que sólo en los primeros seis meses de gestión –justificada o no por el coronavirus– el déficit primario del Estado va ser de 5% del PIB. Lo más sorprendente es que nadie en el arco político argentino menciona la necesidad de abordar el muy difícil y desafiante problema del desorden fiscal. Todos actúan como en normalidad. Este es un tercer antecedente de que en Argentina existe muy poca o ninguna voluntad de pagar las deudas.

 

Los analistas financieros críticos de la propuesta argentina sostienen que se debería mejorar la propuesta ofreciendo más dinero a los inversores. Esto es fútil. En las condiciones que se encuentra el Estado Argentino no puede pagar ni siquiera el gasto público corriente. De aquí que el país va a una emisión monetaria masiva con su consiguiente golpe inflacionario.

 

Más que mejorar la propuesta de canje, hay que hacerla creíble. Para ello, hay que reformular el Estado en Argentina. El objetivo debe ser construir un Estado mucho más eficiente, que de mucho mejores servicios a sus ciudadanos con –esto es lo más importante– equilibrio fiscal, sin destruir la actividad productiva con una presión impositiva voraz.

 

Para ello, hay que abordar tres grandes temas: a) la reforma tributaria para simplificar y bajar la presión impositiva agrandando la base monetaria; b) la reforma previsional para darle sustentabilidad al principal gasto del Estado en base a mayor equidad; y c) la reforma funcional para reordenar un Estado sobredimensionado producto de que el Estado nacional se entromete con grandes burocracias ministeriales en funciones que son de las provincias y los municipios.

 

 

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