Repensar el futuro

7 de abril, 2020

Por Patricio Dellagiovanna Gaìta (*)

 

Argentina se encuentra en una encrucijada que la está obligando a repensar su modelo de desarrollo productivo. En estos días de preocupación generada por la crisis mundial de la pandemia del corononavirus, no tenemos que perder el foco de las discusiones que nos debemos como Nación. Han pasado gobiernos de diversos colores pero quedan de fondo los grandes debates que como sociedad no hemos aún tenido la capacidad de abordar. Uno de ellos, es el rol del campo.

 

Habiéndose cumplido 12 años de aquel conflicto que dividiera al país, el agro tiene pendiente una reconciliación con una porción importante de la sociedad y la dirigencia argentina. Los productores no se sienten respetados y consideran que su esfuerzo no es valorado de la misma manera que otras actividades de la economía.

 

Sensación que tiene mucho más de realidad que de ilusión, porque el productor agropecuario soporta una carga impositiva que convierte al sector en el único del continente americano en tener transferencias negativas por parte del Estado. Es decir, mientras los pequeños y medianos productores del resto de América reciben subsidios, beneficios fiscales y ventajas previsionales, en Argentina producen a pérdida por una presión fiscal que les genera rendimientos negativos.

 

En tal sentido, resultaría interesante que el Poder Legislativo a nivel nacional, y el de Buenos Aires también, se hicieran a la tarea de continuar con su labor durante la cuarentena obligatoria. Hoy día, existen herramientas que les brindan todas las posibilidades para seguir funcionando incluso desde la lejanía sin tener que asistir al recinto.

 

La FAO publicó hace pocos días un informe en el que advierte sobre el elevado riesgo de que se corte la cadena de provisión de alimentos en el mundo a causa del Covid-19, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables: mujeres, niños y ancianos.

 

El sector agroindustrial tiene cuentas pendientes que resultan clave a la hora de abordar la inseguridad alimentaria y nutricional. Duermen en los cajones del Congreso y de nuestra Legislatura de Buenos Aires proyectos que son fundamentales para garantizar el derecho a la alimentación. En momentos donde el mundo nos pide que estemos a la vanguardia de una agenda que garantice la plena paridad de derechos entre hombres y mujeres, el proyecto de ley de derechos para las mujeres rurales continúa sin ser discutido por los diputados nacionales.

 

Además, nos quedan en el tintero otras leyes no menos relevantes tales como: la ley de etiquetado frontal de alimentos, el plan nacional “cucharada de miel”, la ley de educación alimentaria escolar y la sanción de una ley que garantice derecho a la alimentación. Además, continuamos sin debatir una ley de buenas prácticas agropecuarias que hagan de la agricultura y la ganadería argentinas un faro que guíe la producción agroalimentaria sostenible del globo. Asimismo, queda pendiente el tratamiento de la ley provincial de huertas sostenibles, la ley provincial de acceso a la tierra, así como también una ley que reglamente la aplicación de fitosanitarios.

 

Por último, nos faltan abordar dos leyes trascendentales para la economía agropecuaria nacional: por un lado, una ley nacional de semillas, que contemple tanto las necesidades de los productores como las de los investigadores argentinos que quieren patentar sus creaciones fitogenéticas y, por el otro, una ley nacional de riego que permita el acceso al agua para la producción de alimentos en la zona extrapampeana.

 

Nuestro país se encuentra en una encrucijada. Si algo sabemos, es que una vez pasada la crisis nada será igual. El mundo cambiará, y nosotros con él. Si bien es entendible que la coyuntura política constriñe el margen de maniobra, no va a haber plan nacional contra el hambre que funcione si no repensamos las bases de un modelo de desarrollo productivo a largo plazo. A esto estamos llamados todos los argentinos, solamente hacen faltan voluntad política y responsabilidad cívica.

 

(*) Coordinador del CEI-UCA, miembro del Comité de Asuntos Agrarios del CARI y consejero del INTA.

 

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