Por Pablo Mira Docente e Investigador de la UBA
Argentina actuó con celeridad para guardar nuestra salud contra la pandemia. El consecuente costo económico de las medidas se intenta moderar con un conjunto amplio de políticas, cuyos grandes objetivos podemos clasificar en dos. Por un lado, evitar los costos permanentes producidos por un evento que en teoría debería ser transitorio. Por el otro, conjurar nuevos golpes que sigan empeorando la pobreza y la distribución del ingreso.
En relación con los primeros, deben atenderse situaciones de iliquidez que deriven en situaciones de insolvencia, con pérdidas de eficiencia. En el caso de Argentina, además, estos costos suelen afectar más a empresas pequeñas y medianas sin recursos financieros para sostenerse. Los sectores obligados por contrato a pagar costos variables también están bajo amenaza. Finalmente, es central que se produzca la menor cantidad de despidos posible, pues la pérdida de recursos humanos especializados obliga a reentrenar la planta.
El componente social de la crisis también es importante. En Argentina, toda crisis trae aparejado un empeoramiento de la distribución del ingreso, y esta no sería la excepción. No debe pasarse por alto, además, el impacto de la crisis sobre el capital humano, un punto recientemente enfatizado por el economista Barry Eichengreen. En su visión, el desempleo masivo (voluntario o involuntario) y duradero tiene efectos negativos probados sobre la productividad. Pero Argentina abarca un problema mucho más urgente que es proteger el capital humano de los más vulnerables, en particular de los informales, cuya oferta no puede ser realizada en el mercado. Por otra parte, no debe pasarse por alto que la seguridad alimentaria constituye una inversión con retorno social y que la pobreza, incluso si es transitoria, puede tener efectos permanentes.
El objetivo de limitar daños irreversibles sobre el tejido productivo ha sido abordado mediante un conjunto de políticas en el frente laboral, impositivo y financiero. Quizás la decisión más osada haya sido la de decretar la mera prohibición de despedir o suspender empleados. Las empresas a las que se les impide funcionar cuentan sin embargo con un conjunto de herramientas fiscales y financieras para sostener esta situación. Pueden postergar o reducir contribuciones patronales, recibir una asignación compensatoria para salarios, y acudir al Repro, que consiste en una suma fija mensual remunerativa destinada a completar el sueldo correspondiente a cada categoría laboral. En el frente financiero, el BCRA determinó una disminución del efectivo mínimo y los bancos nacionales oficiales permiten acceder a descubiertos en cuenta corriente con tasas reales fuertemente negativas.
En lo que respecta al cuidado a los hogares más vulnerables, la medida más importante es asegurar la distribución de alimentos, teniendo en cuenta que quedaron desactivados los comedores. También se decidió la extensión del seguro de desempleo. El grupo de los trabajadores informales será compensado parcialmente mediante el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que consiste en pago único en abril de $10.000.
Una pregunta que podría hacerse ante este conjunto inédito de medidas expansivas es quién paga la cuenta. Una respuesta indolente sería que en esta coyuntura no hay tiempo para pensar en eso. Pero el punto de las políticas de gasto presente es que, si se logra gracias a ellas paliar las consecuencias macroeconómicas de las crisis, en el futuro saldremos mejor parados para generar los recursos necesarios para repagarlas.
Mientras tanto, debe descansarse en fuentes de bajo impacto económico negativo como los impuestos a las grandes fortunas, los atrasos en los pagos de deuda y la emisión monetaria. Se trata de una apuesta que tiene pocas alternativas, y no es momento de limitar las reacciones monitoreando las cuentas fiscales. Las políticas de déficit constituyen hoy para muchos países una opción de última instancia, y este es momento para no dudar en utilizarlas.
