Por las batallas que aún nos quedan

3 de abril, 2020

Por Agustín Kozak Grassini

 

Ciertamente la analogía de la guerra se aplica a esta situación. Y hay indicios de que hemos resultado victoriosos en las primeras batallas. Hay un amplio reconocimiento del abordaje del Gobierno sobre el coronavirus. Alberto Fernández tuvo el mérito de elegir el mejor camino, ante una coyuntura que no admitía titubeos, y que inminentemente nos enfrentará al dilema entre una economía en larga recesión, con pobreza ampliamente difundida, un Gobierno que asumió el compromiso de resolver estos problemas aun cuando las cuentas públicas muestran desequilibrios estructurales y un sector sanitario fragmentado y asimétrico, que en gran parte del territorio nacional ya estaba colapsado antes de la pandemia. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiese optado por la pasividad?

 

La decisión tendrá costos, como todas en un dilema, en el que puede haber más de una solución, aunque ninguna completamente satisfactoria. Los líderes del mundo, dotados de diversas preferencias y recursos, han elegido. En Argentina se ha privilegiado la cuestión sanitaria y al mismo tiempo, con una batería de medidas, se busca que el flujo circular del dinero no se detenga. De esta forma, el Gobierno aspira garantizar que el nivel de acatamiento de la cuarentena sea alto.

 

En esa línea se encuentran el ingreso familiar de emergencia de $10.000 por monotributistas de categoría más baja, cuentapropistas y trabajadores informales; el pago extra de $3.100 a beneficiarios de AUH y de AUE; el bono de $3.000 para jubilados que perciban la mínima y para los beneficiarios de planes sociales; el fortalecimiento del seguro de desempleo; el refuerzo a comedores; el establecimiento de precios máximos, y la confirmación del “Ahora 12”, entre otras. Según fuentes oficiales estas medidas insumirán 2% del PIB, unos $640.000 millones, y alcanzarán a un universo de 20 a 25 millones de personas.

 

Dejaré de lado el debate de las consecuencias ulteriores de financiar semejante esfuerzo fiscal (forzosamente) con emisión, cosa que en este contexto pasa a tener un tercer orden de importancia. Vamos a concentrarnos en dos dimensiones de la política económica sobre las que creo que se debe profundizar inmediatamente.

 

La primera es de carácter simbólico, tiene que ver con el reclamo de la sociedad para que “la política” se reduzca sus ingresos.

 

Esta crisis logró lo impensado hasta hace unos meses: gatillada por un enemigo común (el coronavirus), ha permitido cerrar “la grieta”, al tiempo que también logró una reconciliación entre la sociedad y su clase dirigente. Esta inyección de legitimidad se ve amenazada por ese recurrente reclamo.

 

Lo cierto es que los salarios representan sólo el 10% del presupuesto estatal, con cierta dispersión hacia su interior. El haber bruto mensual promedio de los empleados del Poder Ejecutivo es de $120.000 mientras que el de quienes revisten en el Poder Judicial asciende a $290.000.  Obviamente estos valores no describen la situación de la mayoría de los trabajadores, ya que este promedio mezcla los sueldos de operarios rasos con los del personal jerarquizado. Mientras el sueldo de un juez de la Corte puede superar holgadamente los $450.000 mensuales el de un ayudante, un escribiente, o un auxiliar estarían cobrando menos de $60.000.

 

Más allá de lo impactante que puedan parecer algunas cifras, es evidente que un recorte aquí produciría un ahorro fiscal exiguo frente a las exigencias que impone esta crisis. Por ejemplo, una reducción del 20% de toda la nómina salarial del Estado para lo que resta del año liberaría recursos adicionales por $85.000 millones, el 13% del costo fiscal del paquete de medidas anunciadas. No obstante, su importancia es más simbólica que real. Otorga al Gobierno autoridad moral para conducir el proceso, para exigir sacrificios, porque la salida de esta situación no estará exenta de costos que habrá que asumir.

 

De forma consistente con el principio de solidaridad que abrazó esta gestión desde su asunción, se podrían tomar decisiones de carácter temporario, digamos tres meses, que involucren la reducción del 30% de los sueldos de funcionarios y cargos jerárquicos de los tres poderes. Incluso se podría extender esta medida al resto del Estado, siempre considerando la dispersión salarial hacia el interior de su escalafón, de forma tal de honrar el ideal de progresividad.

 

En este contexto es factible establecer la excepción de quienes reciban una remuneración neta menor a 2 canastas básicas (CB) –valuadas en un promedio de $40.000 c/u por el Indec– ; 20% de reducción salarial para quienes sean beneficiarios de un ingreso mayor a 4 CB y 10% para el estrato intermedio. Lo anterior debería ser aplicado a estamentos netamente “administrativos” de la administración, dejando afuera al personal de seguridad, salud, y cualquier otro que esté abocado a tareas esenciales en esta crisis.

 

La segunda dimensión que falta abordar es la oferta. La batería de medidas lanzada por el Gobierno tiene un claro destinatario: la demanda. Persistir en este desbalance traerá aparejada varias complicaciones como presiones inflacionarias, desabastecimiento, derrumbe del nivel de actividad y desempleo. Después de todo, ya lo decía Alfred Marshall, oferta y demanda son como las hojas de las tijeras: ambas son necesarias para cortar.

 

En realidad, el Gobierno lanzó medidas para la oferta, pero parecen insuficiente ante tamaña coyuntura. Se suspendieron las multas para cheques rechazados, se reeditó el REPRO para cubrir parte de los sueldos, se suspendió el pago de contribuciones patronales para sectores especialmente afectados por la crisis, se anunció un programa de financiamiento de $350.000 millones para inversiones productivas, entre otras.

 

Estas medidas, aunque valiosas, no carecen de la contundencia que si tienen las políticas destinadas a apuntalar a la demanda. Se requiere mayor amplitud y velocidad de respuesta. El objetivo de cortísimo plazo es evitar que se caigan las Pymes. Entre ellas, hay mucha preocupación acerca de cómo hacer para cubrir los costos fijos (salarios, alquileres, impuestos) sin ingresos. Es que la forma de abordaje de la crisis sanitaria (la cuarentena) ralentiza, cuando no detiene, el giro comercial de las empresas, a partir del cual consiguen los recursos necesarios para solventar sus estructuras.

 

Se puede pensar en algunas medidas que alivien esta carga fija de las Pymes. Por ejemplo, suspensión de los aportes patronales, diferimiento de alquileres, y también, de salarios siempre que superen cierto umbral. Por ejemplo, aquellos salarios que superen 2 o 3 CB, mientras dure la cuarentena, se pagarán hasta ese límite ($80.000) y el excedente podrá prorratearse en 6 o 12 cuotas, a pagar con los próximos pagos de sueldos. También se podrían suspender los “cargos fijos” de las tarifas de servicios públicos. Los únicos requisitos serían: ser MiPyme y no haber despedido sin justa causa a ningún empleado. De esta forma no solo se alivia la presión sobre la pequeña y mediana industria, también se otorga un incentivo a cooperar (no despidiendo).

 

La velocidad de implementación es clave en esta circunstancia, y quizás muchas firmas a pesar de los incentivos otorgados, igualmente estarán financieramente asfixiadas. Muchas veces las MiPymes no acceden a los beneficios por la burocracia que ello conlleva. Ahora se necesitan mecanismos más directos. Una alternativa consiste en aprovechar la información de los bancos, que son, quiénes mejor conocen la situación real de cada empresa. Tendría que disponerse un porcentaje considerable de su cartera de depósitos al otorgamiento de créditos a tasa 0%. El costo del subsidio podría ser repartido entre el banco (sector privilegiado si los hay) y el Estado vía emisión de algún bono.  La idea es que el líquido, en esta especie de giro al descubierto subsidiado, le llegue al empresario para atender las necesidades particulares de cada firma.

 

Retomando la analogía con la guerra, la estrategia (la cuarentena) parece estar dando buenos resultados sanitarios. El aplanamiento de la curva de contagios es necesario para lograr la consistencia entre la demanda de los infectados, y la capacidad de respuesta de los servicios de la Salud. Pero este abordaje es víctima de su propio éxito (un alto acatamiento). Conforme transcurra el tiempo de inactividad, habrá mayor presión sobre la economía. Por ese motivo es necesario trabajar en una agenda que descomprima la situación de la oferta en general, particularmente las MiPymes, al tiempo que se amplíen los espacios de poder que viabilice la implementación de reformas estructurales más profundas, y que nos acerquen a librar, de una vez por toda, la madre de todas las batallas: la del desarrollo nacional.

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