Por Guido Lorenzo Directo Ejecutivo de LCG
La riqueza de una economía en un momento determinado está definida principalmente por los flujos futuros de ingresos posibles de alcanzar en valor presente. La crisis del Covid-19 implica desde esta perspectiva una caída en la riqueza de los países. Mientras más se prolongue el shock, mayor será esa caída. Si hay una pérdida de riqueza permanente, no es financiable.
Surge de ahí la pregunta acerca de si es adecuado intentar mantener la demanda con políticas expansivas o si es momento de ajustarse el cinturón. La última recesión de 2008 despertó este debate entre una Europa más dispuesta a distribuir pérdidas y una economía estadounidense dispuesta a dar estímulos. Estados Unidos se recuperó antes que Europa y parece que ese debate ya pasó de moda.
Sin embargo, cuando vamos a países como el nuestro, donde estamos siendo afectados por un shock de oferta cabe reflexionar sobre este punto. Si la economía puede y va a producir menos, ¿es mejor repartir con criterios de solidaridad las pérdidas o intentar mantener una demanda agregada vigorosa?
En mi opinión, lo adecuado es el estímulo. No obstante, en nuestra economía partimos de una situación donde no hay grados de libertad en el lado fiscal y menos en el monetario. Insistir en bajar la tasa y expandir la base financiando consumo público no es violar una restricción presupuestaria pero es generar pesos donde no hay valor.
El dilema, por lo tanto, pasa a ser político. El Presidente arriesgaría mucho si plantease un escenario de ajuste de la economía, valores que no son compartidos dentro del espacio ideológico del que forma parte. A diferencia de las ganancias, es difícil repartir pérdidas.
La opción por descarte que le queda es insistir donde no hay espacio (el fiscal y el monetario), pero la presión de una tasa de interés baja sobre la brecha cambiaria se nota, los pesos empiezan a sobrar y la inflación se empezará a acelerar dentro de unos meses.
El ajuste realizado vía inflación de reducción de ingresos reales es desordenado. El dólar sube, genera efectos distributivos regresivos y la propia inflación provoca mala asignación de recursos. El costo económico de esta política activa posiblemente sea más alto en un futuro cercano. Pero políticamente es muy inferior. A fin de cuentas, después de este desastre, nadie le va a cuestionar al Gobierno que no bajó la inflación.
La política de ajuste de cinturón tampoco asegura una buena distribución. El Estado es muy ineficaz en la economía para llegar a los sectores donde debe llegar, y el resto de las relaciones de poder ejercen una presión que el Ejecutivo la siente cerca. Más aún sin haber construido una legitimidad propia, cuestión que está realizando con la administración de la crisis.
En Argentina, todos sabemos que no hay espacio desde el lado de la economía para ser activistas, pero políticamente es imposible dirigirse a la vía del ajuste y recortes de ingresos. Es inevitable caer en la tentación de recurrir al gasto y la emisión dado que el costo de oportunidad político es muy elevado.
