La reacción del Medio Oriente ante la crisis del coronavirus

27 de abril, 2020

 

Por Atilio Molteni Embajador

 

La política sanitaria que en estos días se registra en el Medio Oriente para enfrentar la pandemia del coronavirus (Covid-19), pone de relieve tanto la anárquica variedad de enfoques oficiales como la obvia confusión que reina para promover el bienestar de todas las especies que habitan el planeta, el hombre en primer lugar. Aunque la región se caracteriza por su convivencia con enormes tensiones geopolíticas y sectarias, conflictos permanentes y la masiva presencia de refugiados, el presente shock vivencial coloca a sus líderes entre los zamarreados por el antedicho desconcierto.

 

Uno de los países más afectados por el virus es Irán, cuyo nivel de registrado de contagios se acercan al reconocido por China, naciones sobre las que pesan, como todos lo sabemos, enormes dudas de confiabilidad. Ante la falta de medidas más eficientes, el mundo sólo toma nota de la cantidad de infectados y de las muertes que se denuncian, una vara que tiene muy poco que ver con el número real de la pandemia. Hasta mediados de abril el gobierno de Teherán reconocía 80.868 personas infectadas y más de 5.000 víctimas, un nivel sólo menor al reconocido por Turquía.

 

La propagación del virus en territorio iraní se originó en la ciudad religiosa de Qom, el que llegó a esa parte del país por portadores religiosos o trabajadores chinos. Y si bien a fines de febrero ya existían casos en casi todos los rincones de su geografía, recién el 16 de marzo el presidente Hassam Rouhani impuso el aislamiento social en los enclaves religiosos y de gran afluencia de público sobre la base de aplicar una cuarentena limitada, al ver el amplio impacto de esa realidad en la economía, drásticamente lesionada por las sanciones internacionales, la disminución dramática del precio del petróleo y tanto la deficiente administración como la rampante corrupción gubernamental.

 

Recién un mes después de conocerse las enormes evidencias del mal, el gobierno iraní asignó fondos para ayudar a la economía mediante medidas de estímulo y otras acciones, momento en el que la emergencia sanitaria ya hacía estragos a un mercado esclavo de las condiciones de subsistencia. Al redactarse esta columna aún se desconocía el destino que se dará a una solicitud presentada por Teherán al FMI, una senda destinada a descomprimir la aguda escasez de recursos oficiales. Hasta donde se sabe, la entidad evalúa con mucha prudencia el pedido de financiación por US$ 5.000 millones, ya que nadie ignora que Estados Unidos alega que Irán dispone de fondos suficientes y que, de concederse los fondos solicitados, era altamente probable que éstos fuesen asignados a solventar sus aventuras de política exterior.

 

Bajo esta perspectiva, Washington dejó en claro que sus acciones globales para mitigar el efecto del Covid-19 de Irán formaba parte del arsenal de acciones que contempla para estimular el cambio del Gobierno teocrático de Irán que, sólo después de años de negociación, decidió allanarse, en 2015, a disminuir parcialmente sus desarrollos nucleares.

 

Como es público, tres años después de adoptado ese modesto pero tangible plan de repliegue, el presidente Donald Trump dejó de lado semejante opción sin lograr mejores resultados con una estrategia individual mucho más agresiva y ajena al sentir de los otros cinco integrantes del aludido plan. Tras la decisión de Washington, Irán reinició su actividad de enriquecimiento de uranio y ahora parece estar a cuatro meses de tener material suficiente para ensamblar un arma nuclear, mientras la política estadounidense es resistida por los demás miembros permanentes del Consejo de Seguridad que intervinieron en el arreglo de 2015.

 

A despecho de tal escenario, la campaña estadounidense de “máxima presión” contra las políticas extremas del Líder Supremo Ali Khamenei y de la Guardia Revolucionaria sigue adelante y el actual objetivo de Washington es contener las acciones iraníes en el ámbito regional, debido a que Teherán consolidó en vez de reducir su presencia en El Líbano y sus vínculos con Hezbolá, al tiempo que profundiza su enorme influencia en Siria y aprovecha la crisis política en Iraq para enfrentar sin complejos a las tropas estadounidenses, a las minorías sunitas y kurdas e, inclusive, a sectores chiitas. Esa cruzada del gobierno teocrático también obstaculiza la pacificación de Yemen y Afganistán.

 

Al costado de tal escenario se advierte que los países árabes del Golfo, devastados por la intensa caída de los precios del petróleo, pusieron en práctica distintos tipos de cuarentenas sanitarias para resolver la prioritaria cuestión de los trabajadores migrantes de diversas nacionalidades que hoy no tienen trabajo, están aislados y no disponen de protección médica o social.

 

Algunos líderes del Medio Oriente tratan de explotar la nueva crisis aplicando medidas de emergencia que afectan a las minorías o a los disidentes, para obtener ventajas permanentes o mayor control político y social. Bajo tal escenario, los actores no gubernamentales como Al-Qaeda, o los cuadros residuales del Emirato Islámico no descartan la posibilidad el intensificar o generar otras modalidades de acción terrorista.

 

En Israel el primer caso de la actual pandemia sanitaria se constató el 21 de febrero. Dos meses después el Estado judío superaba los 13.500 contagios y las 172 víctimas fatales, lo que supone una baja tasa de mortalidad relativa cuando en otros países es 6,3% o más amplia, debido a que su estructura de salud pública es eficaz y sus investigadores llevan reconocida delantera en el esfuerzo por encontrar una vacuna y otros tratamientos relevantes.

 

La estrategia sanitaria de los mandos establecidos en Jerusalén fue declarar un estado de emergencia estricto, la realización de miles de pruebas diarias y un programa de salida gradual sustentado en el achatamiento de la curva de contagios. Sin embargo, Israel enfrenta problemas particulares, como las condiciones de vida en que se desenvuelve la población religiosa ultraortodoxa y de sus vecinos palestinos, especialmente los habitantes de la Franja de Gaza, cuyo número alcanza a unos dos millones de personas por los efectos del bloqueo económico y miliar que pesa sobre tal región. En ambos grupos la posibilidad de contagio es muy significativa.

 

Si bien los observadores llegaron a pensar que con la influencia del Covid-19 se acabaría la carrera de Benjamín Netanyahu, quien lleva once años consecutivos en el cargo de Primer Ministro y tres elecciones sin que el Estado judío haya sido capaz de constituir un gobierno sin su participación, las planetas se volvieron a alinear a favor de la prosecución de su liderazgo.

 

El pasado 20 de abril las urgencias económicas y los problemas derivados de la pandemia, dieron lugar a que Israel materializara otro entendimiento político del actual Primer Ministro con el Partido Azul y Blanco, presidido por el ex jefe de las fuerzas armadas Benny Gantz, un recién llegado a la política. Al amparo de tal decisión se formó un gobierno de Emergencia y fue descartada la posibilidad de una cuarta elección. Lo cierto es que los dos partidos que se estaban disputando el poder no son ideológicamente muy distintos en su concepción política ni en los objetivos nacionales, pero discrepan acerca del nivel y extensión de la soberanía israelí sobre territorios considerados palestinos, ya que Gantz estima necesario conseguir consenso internacional para adoptar tal enfoque.

 

El acuerdo supone una rotación en el cargo de Primer Ministro en dos períodos consecutivos de 18 meses y una ampliación del Gabinete (sin precedentes por el número de integrantes), donde Netanyahu será el Primer Ministro y Gantz el viceprimer ministro. Ese reparto de funciones regirá hasta el 21 de octubre de 2021, cuando intercambiarán cargos.

 

Semejante arreglo sólo podrá modificarse si alguna de las partes consigue 75 votos en la Knesset, lo que da ciertas seguridades a la estabilidad de lo pactado. Bajo el nuevo enfoque Netanyahu no obtuvo la reforma legal que estaba gestionando para impedir que la Corte Suprema afecte su estatus de Primer Ministro y ello se preste al eventual procesamiento que pudiera caberle por los tres casos de corrupción que le imputan, lo que a su vez no excluye la salvaguardia política que lo faculta a condicionar al Tribunal. Además, si eso ocurriera en los primeros seis meses de Gobierno, Israel debería llamar a nuevas elecciones que Netanyahu esperar ganar por su exitosa gestión contra a Covid-19, lo que revista como otro de los efectos inesperados de tan terrible pandemia.

 

Hasta el momento, las versiones más optimistas indican que la vuelta a la normalidad y la reapertura económica en todo el planeta será, con mucha suerte, un proceso gradual de secuelas sanitarias y económicas que vienen precedidas por gigantescas dudas colectivas. A medida que el proceso gana en conocimiento, aumenta el riesgo de ver un pantanoso atajo de confrontaciones internacionales. El pasado 14 de abril una decisión del presidente Trump de retener fondos destinados a la OMS por su gestión ante la crisis, expandió el nivel de críticas y enfrentamientos con el gobierno chino, a quien tanto Washington como varios países de Europa y Australia le imputan la diseminación y ocultamiento de graves hechos conectados con la existencia de la crisis sanitaria. Y no obstante ser ésta una ofensiva del Jefe de la Casa Blanca y de su Partido para buscar responsables, teniendo en cuenta sus consecuencias electorales, la base del problema tiene todas las connotaciones de una conclusión verídica. Por otro lado, la reacción de la Unión Europa respecto de China, inicialmente muy cautelosa, se alinea hoy de manera creciente con los planteos de Trump, si bien no con las medidas trogloditas que adoptó contra la Organización Mundial de la Salud (OMS). La evolución de estos acontecimientos es cada vez menos previsible.

 

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