Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
Quien supone que Joseph Stiglitz, el famoso Premio Nobel y asesor del expresidente Bill Clinton, es el único profeta con ideas afines que escucha la Casa Rosada, parece subestimar las tácticas bifrontes del primer mandatario. Muchos economistas ven a Argentina como un estupendo banco de pruebas para las aventuras teóricas que conciben en sus ardientes noches de cuarentena. Por décadas, algunas de tales ocurrencias se convirtieron en política oficial. Nunca fue posible determinar si sus autores seguían el consejo de Horacio y se lavaban las manos con agua y jabón tras acabar el paper. Pero quien decide el valor y viabilidad política de cada idea es el ocupante del Sillón de Rivadavia.
También está claro que hay actores de la trama que no recibieron suficiente atención. Tanto el Presidente como su Ministro de Economía quedaron encandilados con los guiones de la actual Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien sabe que las arcas del país están vacías y que, con o sin pandemia, Argentina no tiene cómo pagar la deuda externa si no consigue reperfilar y achicar las obligaciones.
Otro actores de estos hechos son el Secretario General de la ONU, António Guterres, y el vicepresidente interino y Director de Desarrollo y Economía Global del Instituto Brookings de Washington, Homi Kharas, quienes saltaron al ruedo con propuestas que fundamentan la necesidad de proteger, con la terapia propuesta por el G20 para las naciones más pobres, a los países emergentes que fueron víctimas de los errores de su clase política y de todas las facetas de la crisis sanitaria.
Lo que sí resulta notorio es que toda la muchachada del G20 se plegó a la idea que estrenó Lord Keynes después de que saltara la térmica en la poscrisis de 1930. Liquidez, liquidez y más liquidez. Fue cuando se consagraron dos legisladores mercantilistas (Smoot y Hawley) al concebir la fórmula proteccionista que diera origen a las primeras guerras comerciales del planeta, noventa años antes que Donald Trump hiciera la misma estupidez demencial (ver mis columnas anteriores).
La buena lógica de Kharas se refleja en números y argumentos que obligan a pensar. No menos cierto es que Ricardo Arriazu y Carlos Melconian se separaron de la manada y destacaron en forma explícita un conjunto de propuestas en las que se asigna prioridad a la noción de generar ingresos no retornables con el aumento de las exportaciones y con varios actos pragmáticos de preservación de activos y reactivación del sector real de la economía. No sería malo que otros opinantes referenciales hagan conocer su propia lógica.
Esa opción abre una luz de esperanza para los que siempre dijimos que las necesarias líneas rojas de la política monetaria y fiscal, deberían servir en forma estable a las necesidades de la producción y el comercio exterior. La competitividad no se ejerce día por medio.
Nadie imagina que los procedimientos para reescalonar y achicar la deuda externa habrán de ser fáciles. Está claro que al elenco criollo le falta estaño para entender que uno negocia una paz equitativa con sus acreedores financieros, no con los amigos del café o con la lógica de un movimiento petardista. Tampoco vendría mal darse el lujo de tener un plan económico consistente con lo que se está haciendo o se piensa hacer.
Como es público, la deuda externa del conjunto de países en desarrollo y emergentes alcanza a unos US$ 11.000.000 millones, de los que US$ 3.900.000 millones constituyen el servicio con vencimiento en 2020. Unicamente 1 billón (en castellano) de esos pagos son deudas a mediano y largo plazo, mientras el resto se origina en deudas a corto plazo.
En tal escenario, los países menos desarrollados tienen una deuda de alrededor de US$ 36.000 millones entre fondos multilaterales, Club de París y créditos comerciales. La sectorial de Ministros de Finanzas y gobernadores (presidentes) de bancos centrales del G20 acaba de ser comprensiva y compasiva con esas naciones sin hacer demasiadas preguntas. Estamos hablando de Africa y algunos enclaves muy pobres de Asia y Medio Oriente, o de Haití y otros casos similares del continente americano (de Alaska a Tierra del Fuego).
El resto de América Latina es la porción del planeta que se jugó a pagar con deuda externa lo que no quiso obtener con el ajuste de sus gastos fiscales, conducta que explica la elevada tasa de deuda sobre exportaciones, un camino que hoy lleva a la persistente contracción económica y a una versión regional de la crisis subprime de 2008-2010. No es lo mismo equilibrar el presupuesto que producir divisas para financiar el desarrollo sostenible.
En tiempos normales, el gobierno de turno ya habría convocado a gente con la muñeca de Daniel Marx, Miguel Kiguel o Guillermo Nielsen. Ahora la normalidad se refleja en que más de 90 países se acercaron al FMI a pedir ayuda, inclusive naciones como Irán, que la tiene bien difícil por estar en la lista de las economías sancionadas por los líderes del capitalismo tradicional. De ese gran pelotón, sobresalen los casos psiquiátricos de Venezuela, Argentina y Líbano que están más cerca del default que del sensato reperfilamiento de sus pagos.
Además, casi todo el planeta recibió la visita sanitaria y económica del coronavirus, una pandemia que sólo trae muertos, mala salud, caída de la actividad económica y amplia desocupación en naciones ricas y pobres. Esa inesperada crisis también explica lo banal que es la lucha de clases cuando uno no puede respirar.
El diagnóstico es claro. Los precios de exportación son bajos y con ello se convirtió en drama la generación de divisas que surge de limitarse a exportar petróleo y commodities agrícolas o industriales. En los actuales debates ya nadie desconoce que los sobrecostos financieros por riesgo (spreads) son usurarios y muchas economías no tienen acceso a ningún recurso efectivo para mitigar y administrar el pago de su deuda externa.
Por si faltara algo, no hay gurú confiable que sepa cómo pronosticar cuándo habrá de resurgir la demanda agregada, algo que debería ser el punto de partida de cualquier debate.
Al explicar lo anterior, la UNCTAD (invento de Raúl Prebisch) recuerda que alrededor de dos tercios de los países en desarrollo (PEDs) dependen por entero de sus exportaciones de materias primas y son víctimas del eterno laberinto de los términos de intercambio que, durante la crisis de 2008-2010, sirvió de argumento a la formulación de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea; de los desaparecidos ingresos por turismo y de las remesas que envían o enviaban los trabajadores que se desempeñan en los países desarrollados. Esta realidad explica el nuevo cartabón del FMI, cuyos brillantes técnicos por fin empiezan a notar que la solución caso por caso no sirve para nada.
En 2020, el “remozado FMI” dice que las soluciones pasan por entender y aplicar el enfoque que se acordó para Ucrania en 2015, donde todos debieron someterse a las mismas reglas. La solución económica no resolvió el problema político, por cuanto Europa y Estados Unidos califican el statu quo de Crimea como una asignatura pendiente y mi amigo Vladimir Putin como una pieza básica de la franja de seguridad fronteriza (cushion zone) de Rusia.
Los más reacios a participar en esfuerzos colectivos de re-perfilamiento en bloque son el Club de París, el Club de Londres, los coordinadores de los bonistas privados y China, a quien muchos gobiernos de PED le están debiendo unos US$ 380.000 millones (Argentina es parte de la lista). Otros enemigos de estas soluciones son los fondos buitres, que no sólo constituyen una nefasta plaga para los deudores, sino también para las grandes instituciones financieras.
Kharas recuerda que en este proceso resulta valioso tener en cuenta el precedente de la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de la ONU, la que se refiere a la decisión adoptada con el propósito de erigir un escudo protector contra las acciones legales de los acreedores de Iraq, un asunto que tras las guerras del área se resolvió con un cambio de los bonos vencidos por nueva deuda, con apego al valor presente de mercado.
Otro problema del que los economistas nacionales ya hablaron, es la fuga de capitales y la tendencia a la devaluación horizontal que se vio en el bimestre de pandemia marzo-abril. La enorme sobrevaluación del dólar y el borrascoso aumento del déficit fiscal de Estados Unidos habrá de dejar muchos platos rotos y una deuda pública acrecentada en unos US$ 6.000.000 millones.
La novedad que introdujo la declaración del Secretario General de la ONU, es que decidió traspasar el límite propuesto por la última reunión de los Ministros de Finanzas y gobernadores (presidentes) de bancos centrales del G20, realizada el pasado 15 de abril. Tanto la Declaración Final, como el Plan de Acción y el Plan para la Suspensión de Pagos de la Deuda de los Países más pobres definida por dicha sectorial, sólo brindaron oxígeno para las obligaciones de esa categoría extrema de países, beneficio que por ahora no contempla las necesidades de economías como la argentina.
De no ser por Guterres, quien dijo que las naciones emergentes afectadas por todas las aristas de la crisis actual, deberían ser amparadas por el paraguas de alivio de la deuda externa, la solución política del Presidente Alberto Fernández y de su ministro Martín Guzmán estaría sin patrocinadores adicionales.
Si alguien me preguntase acerca de la evolución de estos temas, diría que la experiencia demuestra que las ideas de la ONU no influyen gran cosa sobre las decisiones del G20. En consecuencia se abre un enorme interrogante acerca de cómo y quién ayudará políticamente a nuestro país.
Por otra parte, nadie espera un arreglo de palabra, sino un acuerdo sujeto a condiciones que serían analizadas en detalle por las tecnocracias del FMI y el Banco Mundial.
Kharas concluye su reflexión con siete puntos que conviene analizar.
Propone que el Consejo de Seguridad de la ONU disponga, bajo el Capítulo VII de la Carta, el congelamiento de la deuda por seis a doce meses para aquellos países deudores que hagan la relevante solicitud de excepción al FMI. El problema de este enfoque (acotación mía), es que se deben invocar acciones destinadas a reponer la paz y la seguridad internacional. En consecuencia si flota la tregua, ello permitiría comprar tiempo para negociar un tinglado en el que el FMI y el Banco Mundial consigan generar soluciones sin reabrir en su seno el debate de la deuda.
El aludido camino implica que el G20 preste su acuerdo para emplear esta vía a fin de resolver los problemas individuales de cada país.
Ese atajo permitiría estimular pases (swaps) entre los bancos centrales que necesitan fondos y los que tienen exceso de reservas.
El enfoque también debería motorizar nuevas líneas de crédito del FMI y de los bancos de desarrollo regionales (por ejemplo, el BID en el caso de América Latina). En una segunda etapa.
Se realizarían estudios conjuntos acerca de la sostenibilidad individual del monto y del reperfilamiento de las obligaciones de cada deudor por parte del FMI y el Banco Mundial, una asistencia que estaría condicionada por los recursos de las entidades y por la duración de la pandemia y sus estragos.
Todos los acreedores no preferenciales sin excepción deberían recibir, y aceptar, la cláusula de tratamiento igualitario.
Elaboración de programas de reforma, reactivación y recuperación de inversiones por parte de los países en desarrollo participantes.
Y con esto ponemos fin al relato.
