A pesar de las medidas de alivio para el sector privado, el aislamiento social sigue impactando fuertemente en las empresas, especialmente en las medianas y pequeñas, que a medida que avanza este proceso se encuentran con menos margen para afrontar sus obligaciones en medio de la parálisis de la actividad. Una de ella es el pago de los salarios a sus empleados.
Ante la imposibilidad de despedir empleados por el decreto presidencial que lo prohíbe durante abril y mayo, muchas corren el riesgo de quebrar. Aunque el Ejecutivo anunció la semana pasada que va a cubrir una parte de los salarios de las pyme (hasta un salario mínimo en algunos casos) y reforzó el programa de Recuperación Productiva (Repro), algunos analistas advierten que el riesgo de que las empresas no puedan pagar los salarios y/o cierren sigue creciendo significativamente.
En tanto, los trabajadores informales y cuentapropistas, que representan una importante porción del mercado laboral en el país, son los que más padecen la abrupta parálisis de la actividad, a pesar del bono de $ 10.000 otorgado a los informales y monotributistas, el cual brinda un alivio pero que no es suficiente para cubrir la falta de ingresos que genera el freno de la actividad.
Ante este escenario, según Ecolatina, la mitad de los puestos de trabajo en el país se encuentran en riesgo, siendo claramente los informales y los cuentapropistas los que corren el mayor peligro. “La prevalencia de estas modalidades en los grandes centros urbanos, justamente los lugares en donde hay más restricciones y más se demorará en levantarse la cuarentena, es un llamado de atención al Gobierno, que no deberá perder de vista este sector de la sociedad y actuar con rapidez. De lo contrario, la preocupación por el virus podrá dejar lugar a la necesidad de subsistir, retroalimentando el riesgo sanitario”, advirtió la consultora en un reciente informe.
En tanto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que este año, por efecto de la pandemia del coronavirus, Argentina podría perder entre el 1,2% y el 4,8% de los empleos formales, lo que significa entre 68.400 y 273.600 puestos de trabajo, lo cual dependerá de la magnitud de la recesión y su impacto en el PIB.
En ese contexto, algunos gremios, como el metalúrgico y el automotriz, entre otros, empezaron a negociar recortes salariales a cambio de la estabilidad laboral, lo cual es muy probable que se extienda a muchos otros sectores productivos si la cuarentena se prolonga o si la recuperación de la actividad se demora.
“Si bien los ajustes a los trabajadores formales cuyas actividades se encuentren parcial o totalmente frenadas no serán permanentes, dejan en claro que las paritarias tendrán que esperar algunos meses más. El primer paso será volver al nivel salarial inicial para después, si están dadas las condiciones, hacia el último cuatrimestre del año, abrir en la medida de lo posible las distintas negociaciones paritarias”, señaló Ecolatina.
De acuerdo con el análisis, de esta manera, el poder adquisitivo mostraría una fuerte contracción durante los meses de invierno para luego comenzar a recuperar parte del terreno perdido. “Sin embargo, en el promedio del año el salario real formal exhibirá una caída el orden del 5%, caída que podría llegar a los dos dígitos si le sumamos la performance de los trabajadores informales”, indicó la consultora.
Lo anterior obedece al fuerte desplome de la actividad. Según la Unión Industrial Argentina (UIA), en base a una encuesta realizada sobre 600 empresas y que fue difundida en los últimos días, el 72% de las empresas presentan caídas en sus ventas por encima del 60%. Dentro de ese grupo, el 87% dice tener serias dificultades para pagar los salarios: 64% de ellas manifiesta que no podrá pagar los sueldos y 23% que sólo podrá pagar aproximadamente la mitad.
Además, hasta el 15 de abril, la gran mayoría de las empresas (80%) manifestaron ante la encuesta de la UIA que no pudieron acceder a las líneas de créditos que impulsó el Gobierno para pagar los sueldos, cuya tasa de interés es del 24%. En tanto, desde el Gobierno afirman que habrá una extensión y agrandamiento del esquema de asistencia al trabajo y a la producción.
