Por Alvaro Moreno Almeida (*)
El fantasma de la crisis económica asecha nuevamente a los españoles. La pandemia ha golpeado con fuerza, arrojando más de 21.000 fallecidos y convirtiendo a España en el país con mayor número de muertes con relación al número de habitantes.
Al desgarrador panorama de pérdidas de vidas y la vulnerabilidad del sistema sanitario español, se suma el preocupante horizonte económico, que a consecuencia del Covid-19 ha empeorado dramáticamente su pronóstico.
El conjunto de medidas paliativas abordadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y duramente criticadas por sus opositores y detractores, prevén un drástico aumento del gasto público, en la medida que elevan la cantidad de subsidios y ayudas sociales para no frenar el consumo nacional. Pero estas medidas de protección distan mucho de serlo, y en cambio, tendrán un costo altísimo para los bolsillos de los españoles, ampliando el rango de dependencia de los ciudadanos frente al Estado, que tendrá que recurrir a la emisión de deuda pública, trayendo a colación la tan mentada “freidora fiscal” de la campaña electoral, de cara a los ejercicios 2020 y 2021.
Los españoles se enfrentarán a una recesión, pero esta no es producto enteramente del coronavirus. De hecho, venía siendo un vaticinio del Fondo Monetario Internacional desde 2018. Su origen se remonta en las medidas paliativas posteriores a la crisis de finales de la década del 2000 que contaron, entre otras acciones, con las ingentes inyecciones de capital a la economía. Dicho en otras palabras, creó una burbuja que aún en nuestros días se viene manteniendo porque los estímulos ?en esas coyunturas? no se traducen en otra cosa que un enfriamiento de las crisis. Pero como toda burbuja, llega a su fin e irónicamente el punto más alto de esa desaceleración económica, coincide con el aplanamiento en la curva de contagios del Covid-19.
A consecuencia de lo anterior, el PIB caería en torno a 10% según las previsiones más alentadoras del FMI y hasta 13%, según el propio Banco de España. La deuda se incrementará hasta 115% del PIB, en contraste con el 95% actual, es decir, 20 puntos más. De igual forma, los 2 millones de empleos creados después de la crisis, podrían perderse en menos de 5 meses incrementando el nivel de paro (desempleo) hasta en 10 puntos más.
Esto último debido a la precarización del mercado laboral, que pese a la intervención estatal indefectiblemente traerá consigo reducciones de jornadas de trabajo, despidos masivos, abaratamiento y sustitución de la mano de obra, congelamiento de salarios, entre otras medidas. Todo eso se traducirá, al mismo tiempo, en una caída en la recaudación de impuestos, más subsidios e insuficiente generación de riqueza.
Pero al mismo tiempo, las circunstancias tan adversas a las que se enfrenta España son terriblemente perjudiciales para una economía que está asentada en la pequeña-mediana empresa y en el sector de los autónomos, que ofrecen casi el 80% del empleo privado del país y que, precisamente, han resultado ser los sectores más golpeados de esta crisis, especialmente en el rubro de servicios (hostelería, turismo y transportes, entre otros).
Para sopesar el impacto en los hogares, el Gobierno socialista de Sánchez ha acordado en las últimas horas una serie de medidas, entre las que se encuentran la movilización de más de 120.000 millones de euros como inyección al sector privado; subsidios al pago de servicios; suspensión de pago alquileres; moratoria de 6 meses en el pago de préstamos e hipotecas; inamovilidad laboral acompañada de los denominados Expedientes de Regulación Temporal (ERTE), que no son otra cosa que un subsidio a los comercios y empresas que brinde garantía al pago de nóminas inactivas.
Asimismo, se ha comprometido al pago de la denominada renta mínima vital. Algo que supondría aunar en la previsión deficitaria para el actual período, que ha sido fijada en el 9,5%, casi cuatro veces más que la registrada al cierre de 2019. De nuevo, ante el bajón el PIB, el ensanchamiento de los niveles de paro y la caída general de la economía, el financiamiento tendrá que hacerse vía endeudamiento, lo cual repercutirá directamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos españoles.
En definitiva, España experimentará un panorama económico cuya caída es apenas comparable con el sufrido durante la Guerra Civil o el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Aún mayor que la crisis de finales de la década del 2000 y con un panorama de ingobernabilidad desgarrador. Tanto o más cruento que las fosas comunes abarrotadas de cadáveres.
(*) Master en Gobierno y Gestión Pública por el Instituto Atlántico de Gobierno IADG
