Por Alejandro Einstoss Economista, integrante del IAE MOSCONI y profesor de la UBA
Hace por lo menos dos décadas que la economía energética argentina viene a los tumbos, sin cumplir la normativa, rompiendo reiteradamente contratos y con la enorme discrecionalidad que genera vivir en “la emergencia eterna” durante 18 de los últimos 20 años.
La anomia en la formación de precios internos del petróleo y gas incentiva el comportamiento oportunista tanto del sector público ?a partir de la regulación sin criterios objetivos? como del sector privado que a partir de su capacidad de lobby incide en el diseño de política pública.
Sin embargo, la experiencia demuestra que la producción de gas como de petróleo funcionan según reglas de mercado.
Como muestra basta con mirar el mercado del gas natural previo a la pandemia que, ante el aumento de la oferta y la regulación por parte del Estado de un mecanismo de determinación de precios competitivos (como las subastas), logró reducir sostenidamente el precio promedio del gas natural en el mercado interno. En resumen: el mercado funcionó.
Pero en el caso del petróleo, ¿existe un mecanismo de determinación de precios en condiciones de mercado? La respuesta: no.
Si miramos la conformación de la producción de petróleo y de refinación vemos un mercado altamente concentrado donde tres empresas concentran más del 80% de la oferta y, por lo tanto, difícilmente se formen “precios de mercado” sin la regulación de un mecanismo al igual como en el caso del gas.
La fijación de un precio de referencia quizás sea la solución apropiada y lógica, pero al mismo tiempo deben transparentarse las condiciones de formación del precio de los combustibles imitando los mercados más competitivos del mundo. Es decir, cuál es la incidencia del margen de refinación, el precio del crudo, el tipo de cambio, los impuestos y biocombustibles en el valor final de los combustibles líquidos locales, a fin de poner luz sobre posibles precios de transferencia en una industria de alta integración.
La pandemia requerirá fuertes medidas de coyuntura, pero también resulta una oportunidad para el diseño de un mecanismo de formación de precios del petróleo y combustibles con acuerdo político amplio que permita abandonar la discrecionalidad, y dar un horizonte de cumplimiento “razonable” para el mediano plazo a la inversión privada.
Cualquiera sea el mecanismo, debe considerar la posibilidad de hechos de fuerza mayor, algo así como un método de gestión de crisis que, ante la imposibilidad de formar precios según norma, se pueda “regular” pero en base a parámetros objetivos y lejos de la discrecionalidad.
Finalmente, la coyuntura de precios y la posible tendencia terminaron de poner contra las cuerdas al proyecto Vaca Muerta, que ya venía con problemas de viabilidad económica antes de la pandemia.
Esta cuarentena debería servir para replantear y reevaluar este proyecto, que si bien ha demostrado alta productividad requiere para su desarrollo de precios superiores a los actuales, subsidios crecientes como en el caso del gas natural y el desarrollo de nueva infraestructura de alto costo.
En definitiva, Vaca Muerta sigue enfrentando el desafío debe despejar dudas en relación con su viabilidad económica, pero sin subsidios del Estado Nacional. Mientas tanto, en nuestro país el precio interno de los combustibles refleja niveles similares a los de inicios de año cuando el precio internacional se ubicaba en US$ 67 y los combustibles reflejaban aproximadamente US$ 54. Si a este precio le restamos retenciones y el aumento de impuestos a los combustibles, la cuenta arroja un precio interno del petróleo de aproximadamente US$ 45 por barril, mientras un precio razonable de referencia internacional podría ubicarse en US$ 25.
Esta situación implica que, en la práctica, el barril criollo existe y está en vigencia. La discusión de fondo pasa entonces por donde se está acumulando esta diferencia: en la producción o en la destilación y, quizás lo más importante, quien cobra los impuestos. Si las refinerías compran el petróleo barato, las provincias no podrán cobrar regalías.
La cuarentena general redujo la demanda de combustibles entre 70% y 80%, lo que obligó al cierre temporario de refinerías (Shell en Dock Sud o YPF en Plaza Hincul) por falta de actividad.
Resulta claro entonces que a estos niveles de demanda no hay precio diferencial que pueda compensar la caída y torna irrelevante cualquier discusión sobre el barril criollo.
¿Es razonable entonces mantener sin modificaciones el precio de los combustibles y, por consiguiente, mantener ese precio sostén?
Para responder esta pregunta, los hacedores de política deberían tener en cuenta el trade off entre el alivio en términos de costo logístico e inflación que podría generar una reducción del precio de los combustibles o mantener el precio actual que implica la protección a un sector que produce un comodity expuesto a variaciones bruscas, defender los empleos y quizás mantener la paz social en algunas provincias. De telón de fondo se genera un enorme sobrecosto respecto al precio internacional que pagan consumidores y el resto del aparato productivo.
Casi con seguridad el Gobierno optará por el congelamiento de combustibles y un escalonamiento de derechos de exportaciones que regule el precio interno entorno a los US$ 45 por barril. Sería esperable no repetir errores y que la definición de este precio no surja de manera caprichosa, sino del análisis de criterios objetivos en línea con lo que indica la ley de hidrocarburos.
