Por Fernando Amador Agra Director de la Licenciatura en Economía (UCES)
Entre las diferentes medidas de política económica implementadas para gestionar el impacto de la crisis sanitaria sobre la economía, se encuentran las normativas emitidas por el BCRA.
Se han establecidos límites a la tenencia de Leliq (Letras de Liquidez que emite el propio BCRA) por parte de los bancos y se redujo la exigencia de efectivo mínimo (en la medida que la capacidad liberada se asigne a otorgar préstamos al segmento mipyme), dando origen a un incremento de la capacidad prestable.
A tal efecto, con ambas iniciativas la autoridad monetaria creó una línea de crédito especial para financiar préstamos al segmento mipyme, a una tasa máxima del 24% anual, con ofertas por parte de las entidades, a un plazo de 12 meses, tres meses de gracia y con una garantía especial otorgada por el Gobierno Nacional (Fondo de Garantías Argentino). También se suman normativas referidas a la refinanciación de saldos impagos de tarjetas de crédito (fijando la tasa de interés máxima y el plazo), cobro de comisiones bancarias y restricciones para la distribución de dividendos en efectivo, entre otras.
Una de las últimas medidas adoptadas fue establecer un piso mínimo a las tasas de interés que remuneran a los depósitos a plazo fijo no ajustables de personas humanas, menores a $ 1.000.000, intentando brindar rendimientos reales a los ahorristas, frente a la baja pronunciada de las tasas pasivas de mercado. De esta forma, se impuso un piso mínimo relativo, equivalente al 70% de la tasa de las Leliq: en otros términos, la tasa pasiva es función de la tasa de las Leliq. El objetivo es que los bancos no desestimulen la captación depósitos con una reducción de la tasa de interés ofrecida, como había ocurrido, y que el ahorrista obtenga un rendimiento real positivo, por su imposición a plazo fijo.
Se trata, por una lado, de un esfuerzo de la política monetaria de recuperar la demanda de pesos, en un sentido amplio, en un contexto de creciente expansión de la base monetaria, con un impacto en la tasa de inflación esperada en un horizonte no muy lejano, y por otro, de desalentar el arbitraje de rendimientos con otros mercados, como ser el cambiario.
Las personas humanas también tienen disponible el plazo fijo ajustable por el índice UVA, con un plazo mínimo de 90 días y precancelable a partir de los 30 días. Surge el interrogante, de como podrán cubrirse las entidades de ese descalce entre un pasivo ajustable por la inflación y activos nominales que no la devengan y con potenciales restricciones al alza de la tasa activa.
En un escenario caracterizado por desequilibrios notorios y distorsiones de precios relativos, es previsible que una política direccionada a compensar un efecto negativo, pueda crear desequilibrios adicionales en el margen. Y estas regulaciones del BCRA no quedan exentas de ese riesgo, más allá de lo loable que sea el objetivo que se pretende alcanzar.
Repasemos algunos posibles efectos secundarios, que se irían materializando con el transcurso del tiempo. En una economía que enfrenta un shock de oferta y de demanda simultáneamente, no todos los agentes económicos son sujetos de crédito, en el sentido de que sus cualidades patrimoniales apliquen para recibir un préstamo, por lo cual, el crecimiento de la mora es altamente probable, afectando a viejos y nuevos prestatarios, en función de su situación inicial y de la coyuntura imperante.
Las normativas reseñadas, implican una limita la capacidad de gestión de los pasivos de una entidad bancaria, además de fijar un piso relativo al rendimiento de una proporción de los pasivos, como ya se mencionó. Asimismo, se establece un canal automático entre la política monetaria y las tasas de interés pasiva y, a través de ella, ceteris paribus, sobre las tasa activas de interés, la que se aplica sobre los préstamos. Por otro lado, otras normativas incentivan el otorgamiento de préstamos a las MiPyMEs a una tasa del 24% anual, a un plazo de 12 meses y con tres meses de gracia.
Al fijar un piso a la pasiva y un techo a un segmento de los préstamos, una proporción del margen financiero neto queda encapsulado, sin posibilidad tampoco de gestión y también se genera un descalce de plazo determinado en forma exógena.
Una parte del spread financiero, potencialmente se deteriora. En este contexto, si se incrementa la tasa de política monetaria, automáticamente se elevará la tasa activa en aquellas asistencias crediticias que están fuera de la línea especial de crédito, a menos, que una norma posterior establezca un máximo a la misma. Tomar fondos de corto plazo y prestar a plazo superiores, es el core del negocio bancario desde la época de los Médici. Sin embargo, se limitan las herramientas de gestión de ese gap de liquidez y también de tasas de interés que afecta a la hoja de balance de un banco. Posibles riesgos emergentes. Una anomalía interesante, que surge del piso establecido a las tasas de interés pasivas minoristas, es que la tasa BADLAR, que remunera las imposiciones a plazo fijo por montos superiores a $ 1.000.000, está rindiendo menos que la minorista (17,44% vs. 26,6% TNA): la curva de rendimientos de los plazo fijos se invierte en función de quién sea el tomador y de allí, se traslada al costo de fondeo de la entidad, en la medida que sea mayor la proporción de pasivos provenientes de inversores minoristas.
Difícilmente, este sea un buen año para las entidades bancarias. Así como no es deseable que las empresas no financieras tengan resultados negativos, tampoco lo es para los bancos. En este contexto, la generación de resultados positivos es casi exclusivamente la única fuente de capitalización para un banco y tener suficiente capital es una condición clave para poder cumplir su función de intermediario financiero y movilizar fondos a través del sistema económico. También, los bancos son el principal engranaje en el sistema de pagos de la economía, rol crucial en una economía monetaria.
Es comprensible que las medidas adoptadas, que persiguen paliar los efectos de negativos que genera el evento biológico que golpea al planeta, impliquen desequilibrios de corto plazo en las hojas de balance de los diferentes actores. Y es de esperar también, que las distorsiones que se producen como efectos secundarios, se vayan normalizando a medida que se estabilice la situación macroeconómica y social. La piedra angular de la política microprudencial debe ser la protección del depositante, quién en última instancia, sostiene al sistema financiero.
