¿Cómo poner en cuarentena definitiva a la inflación?

6 de abril, 2020

Por Fernando Rezk Economista

 

¿Cuánto tiene de cierto que para eliminar el déficit fiscal financiero del Estado y reducir la tasa de inflación, basta con reducir el gasto público?

 

La evolución del gasto público se debe a las decisiones de política económica que apuntaron desde hace casi dos décadas a producir un cambio estructural en cuanto al tamaño del Estado en la economía.

 

Aquí los defensores del dinero pasivo, dinero endógeno, inside money o dinero interno, con semejante cambio estructural en términos de cambio en el tamaño del Estado, “hacen agua”. Pero la teoría económica “no se mancha”.

 

Pero, ¿qué genera, en verdad, el déficit fiscal en Argentina?

 

Se sabe que el gasto público se decide mientras que la recaudación se proyecta y se estima, pero no se puede decidir.

 

Deberá tenerse mucho cuidado, al observar datos, en pararse con posturas rígidas que asuman que “cuanto más cuervos negros se observan, ello prueba que todos los cuervos son negros”.

 

Los datos históricos

 

Se suman el resultado financiero (déficit) y el gasto público para obtener lo que llamo: el gasto requerido de equilibrio fiscal.

 

Sin tener en cuenta los impactos macroeconómicos, crecimiento, precios internacionales, movimientos cambiarios, sequías o ciclos ganaderos, liquidez, entre otras variables financieras, asumo que el gasto requerido de equilibrio fiscal fue el necesario en cada momento del tiempo si las políticas previas no se hubieran modificado. Esto es, se avala la tesis simplificadora de qué si no se ajusta hoy, el ajuste de mañana es peor.

 

Si tomamos el período 1961-2003, previo al cambio estructural en cuanto a tamaño del Estado, para aislar esa variable, hay saltos en la serie en los cuales el gasto cae algunos puntos y la inflación se acelera, y con ello se incrementa notoriamente el déficit fiscal.

 

Para estos casos de crisis de deuda y/o inflacionaria, se suele decir que el ajuste no llegó a tiempo, o bien, que no fue suficiente. Esta afirmación en términos de coyuntura es incorrecta, aunque en términos estructurales y de competitividad sistémica, una reducción drástica del gasto público es hoy necesaria.

 

Veamos.

 

Para 1982, el gasto requerido de equilibrio fiscal fue del 9,3% del PIB, una cifra difícil para cualquier gobierno que herede 20,66% de gasto público y 11,36% de déficit fiscal.

 

Solo un país africano posee hoy ese nivel de gasto público. Tampoco países africanos poseen inflación por elevar el gasto encima de dicho promedio, incluso por encima del 18,75%, ni poseen esos niveles de déficit fiscal. Gran cantidad de países tuvieron y tienen hoy en día un gasto público por encima del 40% con estabilidad de precios. No resiste ni siquiera a que la paradoja de Hempel nos atrape porque “todos los cuervos no son negros”. La tasa inflacionaria no depende del tamaño del Estado o del gasto público. Aunque la competitividad, sí.

 

 

El promedio del gasto requerido en un contexto muy inflacionario, posterior al shock de 1975, fue del 15,93%. Caeteris paribus, una aceleración inflacionaria impone 3 puntos adicionales de ajuste sobre el gasto público, solo para retornar al nivel de desequilibrio previo a la aceleración inflacionaria.

 

Inflación y déficit fiscal: el problema de malinterpretar causalidades

 

Es el shock inflacionario quien genera el mayor déficit fiscal. Sin ir muy lejos, Brasil acabó de bajar su tasa de inflación hace un par de años, con un déficit fiscal que era 3 veces su tasa inflacionaria.

 

El déficit fiscal previo a cada hiperinflación en Argentina fue inferior al que padeció la economía argentina cuando la inflación estuvo en torno al 25% anual. Pero el déficit fiscal se agiganta con las hiperinflaciones y pasa del 6% al 11% y del 5% al 12% en cada hiperinflación.

 

Por otra parte, no son las oscilaciones en el gasto público las que generan el déficit fiscal.

 

La volatilidad del déficit fiscal es enorme mientras que la mayor cantidad de observaciones de gasto público se conservan entre el intervalo de 22-25% durante estos 43 años de estudio (1961-2003).

 

No es trivial que una variable sea tan volátil frente a otra relativamente estable. Pues allí actúan otras variables que determinan ese nivel de déficit fiscal.

 

  • El primero es, sin duda, la demanda de dinero. A medida que la inflación se acelera, a un nivel de gasto y de presión fiscal dados, el déficit fiscal se agiganta.

 

  • El segundo es, sin duda, un poder recaudatorio débil derivado del lobbista. Si no fuera débil, no se requerirían tantos tributos. Hay lobby de políticas selectivas y demandantes de mayor gasto público para sostener el mercado interno. En un país con más de 100 tributos, es inconcebible que se sostenga tal nivel de déficit público. Por su parte, generar un agujero fiscal para lograr la competitividad impositiva causa insolvencia del Estado en el mediano y en el largo plazo, y, dada la volatilidad cambiaria, muchísima inflación de corto plazo e incertidumbre macroeconómica.

 

  • Variables que se retroalimentan. A las oscilaciones en la demanda de dinero y la debilidad del sistema tributario se les puede culpar de la solvencia de largo plazo, pero a su vez son consecuencia de 3 factores bien definidos.

 

-Las inconsistencias monetarias y cambiarias que se retroalimentan. El sesgo expansivo a lo largo de la historia económica argentina, con una baja prioridad asignada a las instituciones como los mercados, el BCRA y la estabilidad-paridad cambiaria de la moneda nacional. A una moneda debería pedírsele, al menos, que no tenga tendencia recurrentemente alcista y volátil. Las tasas de interés en niveles jurásicos debidos a la tasa inflacionaria y la volatilidad cambiaria con tendencia siempre alcista retroalimentan las expansiones en la oferta monetaria.

 

En este sentido, y dado que la estabilidad de la moneda es un bien público, se debe consolidar un patrón estable que articule un mayor volumen de comercio exterior con estabilidad de precios. Y para hacernos competitivos en comercio exterior se debe mejorar la competitividad sistémica, esa que se da fuera de cada unidad económica o fábrica, que depende en parte del tamaño del Estado.

 

-Los conflictos políticos y pujas distributivas que configuraban políticas de shock, subsidios expansivos en demanda y consolidación de sectores rentísticos que disminuyen las tasas de inversión junto con una baja en la productividad de largo plazo necesaria para el repago de las deudas contraídas. En este sentido se convive con este tipo de prácticas, por el problema de la incompatibilidad de incentivos en la gestión de los bienes públicos: el Estado es tomado como “botín de guerra”.

 

-La preferencia por la indexación. Esto, que se sigue proponiendo como una manera de quitarle margen de maniobra a quien debe ejercer la política económica a fin de que “esté obligado a portarse bien”, está más que a la vista de todos que trae desastres económicos. No solo porque los gobiernos “no se portan bien”, sino porque en un contexto inflacionario, el costo de dicha regla disciplinante de comportamiento, se encarece y se paga con una tremenda historia de inflación en los ‘70 y ‘80. En su afán por convertir a la política monetaria como algo neutral, Milton Friedman pedía este tipo de estrategias que debieran ser desterradas del país.

 

-Intervenciones estatales que atrasan un país generan más inflación y pobreza. Intervenir comercios; imponer precios máximos para cuidar a los ciudadanos porque “el precio correcto es el que dispone un burócrata del Estado detrás de un escritorio”; clausurar comercios, negocios que no acatan los caprichos del señor burócrata; estatizar la salud, y toda política dirigente de los mercados, en un contexto de pánico económico como herramienta política fundamental para el cambio de organización económico social, es decir, de su “sovietización”.

 

Determinar cuáles sectores deben “permanecer en cuarentena”, otorgar subsidios de tasas en contexto de “raquítica” profundidad financiera y bajísimo ahorro nacional, congelar precios y salarios, pagar salarios privados desde el Estado, que en gran medida quedan atrapados en un gran mercado negro del 40%, incluyendo trabajadores del Estado monotributistas, mientras los hacedores de política económica señalan al mercado como generadores de empleo en negro.

 

Aplicar política económica de “Papá Noel” distribuyendo ingresos para 3,6 millones de personas con un país paralizado sin actividad económica.

 

Sostener un nivel de gasto público cercano del 50% del PIB que, para los fascinados por la política industrial, merece recordarse que a las MiPymes no les llega ni el 1% del PIB en transferencias estatales, sin contar todo lo que éstas pagan en presión tributaria.

 

Sería razonable a efectos de estimular la industria dar 1% si el gasto público fuese del, digamos, 25% PBI. Pero en estos niveles de extracción fiscal e instituciones extractivas, un casi 1%, más que un estímulo es un apósito que se da a las MiPymes mientras la política económica les hace “sangrar la yugular”.

 

Conclusiones

 

La “economía de Papá Noel” no es gratuita, y tener inconsistencias monetarias y cambiarias sin un horizonte nítido de largo plazo sacude la demanda de dinero y agrava las presiones inflacionarias.

 

Esto va en detrimento de los equilibrios fiscales y la solvencia en el sector público.

 

Los déficits fiscales deben mirarse como mera variable dependiente de las consistencias monetarias y cambiarias en la trayectoria de largo plazo, de la preferencia histórica por la indexación y de un sistema tributario tomado como “botín de guerra” por sectores lobistas que pujan por el poder y la redistribución del ingreso.

 

Finalmente, la magra volatilidad del gasto público en el corto plazo, torna falaz la interpretación de que el gasto público es “la” variable causal, y el fortalecimiento del Estado es fundamental para la defensa de los intereses de las mayorías.

 

Pero fortalecer el Estado no implica llevar su magnitud financiera a niveles del 50%, lo que constituye una mochila en dólares difícil de soportar para una magra competitividad sistémica, de la cual depende la volatilidad cambiaria.

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