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06 abril de 2020

Por Jorge Bertolino Economista

En reiteradas oportunidades se ha sugerido, en esta columna, la conveniencia y necesidad de realizar una serie de reformas de carácter estructural, a fin de contrarrestar lo que el Profesor Tulio Ceconi bautizó, hace muchos años, "la decadencia secular de la economía argentina".

Carlos Rodríguez, que ha escrito profusa e insistentemente sobre el tema, habla siempre de "ajuste estructural".

Existe una importante confusión sobre el significado de este término, ya que usualmente se lo utiliza para caracterizar a las medidas de política económica que recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condicionante para el otorgamiento de préstamos destinados a paliar las dificultades transitorias de balanza de pagos de sus países miembros.

El objetivo que se persigue, habitualmente, es reducir el desequilibrio fiscal, que es generado, vía atraso cambiario, por el excesivo tamaño del gasto público. En su libro "Volver a crecer" (1984), ya Domingo Cavallo alertaba que el tipo de cambio real (TCR) está determinado principal e inversamente por el gasto público medido en dólares.

Esta importante relación torna inútiles los esfuerzos para restablecer el equilibrio fiscal vía aumento de la presión impositiva. Esta es la única herramienta que los distintos gobiernos argentinos han utilizado cada vez que una crisis cambiaria golpeó a las puertas del BCRA. Cuando la tributación es excesiva, el "efecto Laffer" impide una mejora sustancial de la recaudación, más allá del corto plazo. La mejora cambiaria y la reducción del déficit, una vez superado el efecto inicial, tienden a volver a su equilibrio natural, es decir a aquel que está implícito en el incólume nivel del gasto público.

Como este último es el botín de  guerra de los políticos, éstos utilizan las ideas keynesianas para justificar el mantenimiento del gasto improductivo, ya que la "religión estatal" lo considera impulsor del crecimiento económico y mira a su reducción como una imposición del FMI que sería, además, recesiva.

Negándose a la lógica económica más elemental impulsan, entonces, una mayor presión fiscal. Como el déficit no disminuye, por el efecto Laffer, el gobierno y/o el mercado generan un incremento de las tasas de interés de mercado que derriban la actividad económica y el empleo. La tontería criolla culpa a las recetas recesivas  del Fondo pero olvida que este anacrónico e inútil organismo recomienda bajar el gasto, pero termina aceptando las subas de impuestos debido a las presiones políticas que su staff suele recibir de gobiernos amigos de nuestro país, que creen ayudarnos con esos "favores" tan costosos. Es que "entre bueyes no hay cornadas". Nuestros "amigos" son  también políticos y como tales son reacios a renunciar al privilegio de gastar dispendiosa y grácilmente el dinero de los contribuyentes.

La espada de Damocles  

Los argumentos anteriormente expuestos están dirigidos a explicar la presión de un sector de la opinión pública, que en la actual coyuntura pretende que los políticos, de todos los partidos, acepten una caída transitoria de sus ingresos, como castigo por su negativa a bajar el gasto público y el déficit fiscal.

En circunstancias normales, sólo una reducción del gasto público podría contribuir a mejorar el TCR. Este, a su vez, es el motor de un crecimiento genuino de las exportaciones y de la actividad económica y el empleo.

En la angustiante situación actual, esta cuestión adquiere características dramáticas, ya que está dirigida a paliar los perniciosos efectos del doble shock externo: sanitario y petrolero.

En los países con moneda doméstica, el shock es deflacionario porque, por motivos precautorios, existe un fuerte y transitorio incremento de la demanda de dinero. La respuesta de política económica es aumentar la oferta de circulante para equilibrar ambas fuerzas, oferta y demanda.

Una vez superada la actual situación, será el momento de reabsorber el exceso y devolver las variables a su equilibrio anterior.

En nuestro país, donde no existe una moneda que cumpla con todas las funciones del dinero, porque ser depósito de valor se ha perdido hace muchos años, si bien existe un muy coyuntural aumento de la demanda de circulante, ni bien se levante la cuarentena, seguramente se volverá a la tendencia principal de disminución de los saldos reales vía dolarización de carteras.

Contribuirá a justificar este hecho la inexistencia previa de equilibrio fiscal y la huida del dinero doméstico ante el temor de un fuerte incremento de la inflación por la desmedida emisión de los últimos meses. En nuestro caso, el aumento descontrolado de la oferta monetaria es previo al doble shock mencionado anteriormente.

La reabsorción que harán los países que tienen moneda no será aquí posible porque ello implicaría un fuerte incremento de las tasas de interés, emulando la inusual política monetaria del Gobierno de Mauricio Macri. Un aumento importante del stock de letras y pases del Banco Central devolvería la situación a los meses más dramáticos del año pasado.

Algunos de los lineamientos principales de la "política económica" actual son inusualmente perniciosos para las variables que más se debiera cuidar de nuestra economía, principalmente los niveles de actividad y empleo.

La inacción y el descuido ante la permanente suba  del riesgo país, siguiendo a Jorge Avila y sus importantes trabajos sobre el tema, harán sonar las alarmas en pocas semanas o meses. Las turbulencias cambiarias están también a la vuelta de la esquina y la economía real sufrirá como nunca.

Esta es  la espada de Damocles que pende sobre la economía argentina. Una profundización del fenómeno estanflacionario podría implicar una crisis nunca vista, tal como predicen Javier Milei y Diego Giacomini.

El estallido del desempleo y el ingreso a una espiral hiperinflacionaria no puede descartarse a priori, y la respuesta debiera ser contundente a fin de evitar estos males y mejorar las chances de tener alguna vez, una economía normal y en crecimiento.

El ajuste estructural 

Al inicio de esta nota se citó el uso popular del término que encabeza esta sección.

Rodríguez, en su entretenimiento tuitero, insiste permanentemente en la necesidad de implementar un plan de ajuste que reasigne los recursos de la economía desde los usos más ineficientes de la actualidad hacia otros más eficientes en el futuro. Es esta su definición de "ajuste estructural".

Esta reasignación persigue el objetivo de incrementar la productividad general de la economía para, así, recuperar el crecimiento y mejorar las demás variables.

Sobre esto, lo primero a destacar es que las enseñanzas del gran maestro Juan Carlos de Pablo son terminantes en cuanto al absurdo de implementar algunas pocas medidas, sin profundidad, coordinación ni convicción.

Fueron varios los intentos fallidos, en el pasado, por insuficientes y amarretes. Dice de Pablo que un plan incompleto es peor que un "no plan". Si no se suma una masa crítica, los resultados son efímeros y la opinión pública se vuelca contra el "ajuste" y culpa al "neoliberalismo" de todos los males de la cristiandad.

Por otro lado, este tipo de programas, no forman parte de los planes de corto plazo del FMI, sino que suelen ser recomendados como condicionamiento para el otorgamiento de préstamos de más largo plazo, generalmente denominados "de facilidades extendidas".

Las reformas a realizar son necesarias por sí mismas y no  importa que el Fondo las requiera o no, pero una actitud inteligente sería solicitar el apoyo disponible. Podrían obtenerse algo así como diez mil millones de dólares, a pagar en diez años y con una muy baja tasa de interés.

El ajuste requerido debería abarcar, como mínimo y extensamente, las tres áreas que José Luis Espert dice "devoran" a la economía argentina.

Para ello se requiere lo siguiente.

Una reforma laboral que permita la libre negociación por empresa de salarios y condiciones de trabajo, así como también la posibilidad de acordar la suspensión o derogación, total o parcial, entre los contratantes, de las leyes que rigen las relaciones laborales. La derogación transitoria o permanente de las indemnizaciones por despido y su reemplazo por un sistema tipo mochila austríaca, como propone Teddy Karagozian. La derogación del aporte compulsivo de los trabajadores a los gremios. La eliminación del poder monopólico de representación gremial de los sindicatos, debido a la existencia de la personería gremial, y su reemplazo por un sistema de libre asociación. La eliminación de las obras sociales sindicales, fuentes de corrupción e ineficiencia.

Una racionalización y fuerte baja del gasto público en los tres niveles de gobierno: nación, provincias y municipios. El traspaso al sector privado de los agentes públicos redundantes, mediante fuertes incentivos económicos a las empresas para que los empleen en actividades productivas en lugar de que continúen ocupados en tareas sin rendimiento social y que sólo ocasionan mayores gastos y ningún bien o servicio útil para la sociedad.

Una fuerte reducción de los impuestos que deterioran la rentabilidad de las empresas, que será financiado con la baja del gasto del punto anterior, por lo cual no se incrementará el déficit fiscal sino que disminuirá, porque el efecto Laffer mejorará la recaudación.

Una profunda e incondicional apertura económica con la firma de tratados de libre comercio con las principales potencias económicas del orbe.

Sin estas medidas, el futuro próximo es muy preocupante. Se avizora un gravísimo deterioro del nivel de ocupación y un incremento significativo de la inflación, la pobreza y el ánimo de la sociedad.

Las anteojeras ideológicas del kirchnerismo duro, torna casi imposible que el presidente Fernández tenga posibilidades de implementar reformas tan serias y profundas. Es muy probable que crea en ellas, pero está fuertemente condicionado por el eje Cristina-Guzmán-Stiglitz, que coquetea con el default y propicia un irracional intento de controlar férreamente, con un estilo dictatorial, la totalidad de los resortes de la economía argentina.

Ahora o nunca

La oportunidad de desbaratar el feo escenario que pinta en el horizonte cercano es única. Con una pizca de conocimiento de la Teoría de las Expectativas Racionales, nuestros gobernantes comprenderían que el anuncio de un paquete de medidas como el propuesto mejoraría rápidamente el clima de negocios y desataría un vendaval de inversiones, sobre todo en el sector pyme, un mejoramiento rápido de la producción y el empleo y el abandono definitivo del sendero decadente en el que estamos inmersos desde hace décadas.

Pero lo más importante es que se eliminaría el gravísimo escenario descripto anteriormente.

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