Una jueza ordenó la “intervención plena” de Correo Argentino y desplazó a todos sus directivos

3 de marzo, 2020

Una jueza ordenó la "intervención plena" de Correo Argentino y desplazó a todos sus directivos

La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso hoy la “intervención plena” de la empresa Correo Argentino y el “desplazamiento total” de su directivos. De esta forma, el grupo Socma, de la familia Macri, no perderá la propiedad pero sí el manejo de la empresa.

 

Las medidas habían sido solicitadas por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, luego que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores.

 

Al tomar esta decisión, la magistrada señaló que “el proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA resulta esquivo e imprevisible” y “arroja un manto de duda” sobre el “esperable comportamiento sincero”.

 

La decisión de la Justicia llega tras el pedido la intervención de la firma, a principios de febrero, de la fiscal de Cámara Gabriela Boquin, al señalar que “luego de más de quince años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown en primera instancia nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad ligados vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando la Ley de Concursos y Quiebras”.

 

La fiscal recordó que el “cramdown” fue ordenado por primera vez en octubre de 2004, pero que nunca se concretó. En un dictamen posterior al de Boquin, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, adhirió a su planteo.

 

En tanto, empresa presentó la semana pasada un recurso extraordinario para evitar que se abra el salvataje. Se trata del procedimiento que obliga poner en venta las acciones y que una eventual compradora especifique cómo pagará las deudas.

 

Si fracasara ese camino, el paso que sigue sería la quiebra, que debería ser asumida por la controlante, Socma (que posee actualmente las acciones de Sideco).

 

Por último, el fallo de la jueza Cirulli advierte que “la aparición en el año 2019 de una deuda que dataría del año 2000, que no se conocía y sólo pudo comprobarse por la labor del coadministrador y el contador público que lo asiste, confirma que subsiste un enorme margen de duda respecto a la sinceridad del comportamiento de la concursada en esta instancia clave del procedimiento, donde se juega su suerte”.

 

Y agrega que “tampoco se cuenta con ningún indicio en punto a la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a partir del año 2013, ni de los pagos consecuentes en favor de la AFIP en caso de haber correspondido”.