Los pedidos de subsidios por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada la impresionante cifra de 3.283.000. En la semana previa, habían sido de 282.000 y, en la crisis anterior, el récord fue de 665.000 en marzo de 2009.
El dato muestra la gravedad de la contracción y a la velocidad con la que se expande. Además, demuestra que abarca a todo el territorio porque los subsidios de desempleo subieron en los cincuenta estados del país. No se asiste, como en otras épocas, a un deterioro gradual de la economía que deriva en una recesión, sino a un derrumbe.
Frente a la caída de la actividad, las empresas están despidiendo personal y la tasa de desempleo, que era de 3,5% en febrero, trepará a niveles todavía difíciles de precisar pero que, según diferentes pronósticos, oscilarán entre 12% y 25% en el segundo trimestre. Esos porcentajes son compatibles con una caída del PIB en el segundo trimestre que puede alcanzar 14% según JP Morgan o hasta el 25%, según Goldman Sachs.
Como paliativo, el Congreso aprobó un paquete de medidas por un monto US$ 2 billones, que incluye a ampliar y prolongar los subsidios de de desempleo.
La contundencia de los números le dará un nuevo impulso al debate que hay en Estados Unidos sobre el costo social de las medidas sanitarias adoptadas para combatir el coronavirus. “El remedio no puede ser peor que la enfermedad”, sostiene Donald Trump.
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Durante 113 meses consecutivos, las empresas crearon empleo y sumaron 22.000.000 de personas al mercado laboral. Fue la base del crecimiento que tuvo la economía estadounidense en los últimos años y que la diferenció de las otras desarrolladas. Ese ciclo llegó a su fin de manera abrupta.
