Por Diego Sadrinas Politólogo (UBA)
Hace meses, la política argentina está encorsetada en cuestiones económicas: partiendo de la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el impuesto PAIS, la renegociación de la deuda con acreedores privados y el FMI, para darle paso luego al tratamiento (que ya tiene media sanción en la Cámara Baja) de la ley que reforma los regímenes de privilegio de los jueces y de los miembros del servicio exterior de la Nación.
Sin embargo, los temas económicos no serían los únicos que acaparen el tiempo y trabajo de la política y de los políticos: el Presidente manifestó su voluntad de reformar la Ley 27.350, sancionada en abril de 2017, denominada “uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”.
Resta ver si la coyuntura y el pulso de la política local permiten el tratamiento de esta iniciativa porque en el marco de un país que está tratando de reactivar su economía, negociando su deuda externa y que pretende un cambio de paradigma respecto de un tema sensible como el aborto, es incierto saber si el Ejecutivo podrá colar en la agenda pública y, sobre todo en la legislativa, otro tema que genera tantas resistencias como son las drogas y su uso terapéutico. Dejemos las especulaciones a un lado y demos paso a un breve racconto sobre el tema marihuana medicinal y las ideas del Frente de Todos sobre el mismo.
El proyecto que legaliza el uso del aceite de cannabis y su investigación medicinal aprobado hace casi 3 años, fue un hito por el avance en materia social y de derechos en el país pero especialmente fue un alivio para las familias que tienen hijos con diversas enfermedades (epilepsia refractaria y autismo, entre otras), a los que la medicina tradicional no le daba respuestas positivas de tratamiento, y cuyas madres corrían el riesgo de ser detenidas y apresadas por la preparación en sus respectivos hogares de dicho aceite. Diversas ONGs, entre ellas “Mamá Cultiva”, impulsaron la sanción de esta ley porque encontraron en esta medicina alternativa respuestas que la medicina convencional no les otorgaba.
No obstante, al poco tiempo de sancionada y reglamentada la ley en el Boletín Oficial, comenzaron nuevos requerimientos y planteos por parte de las familias afectadas: en primer término se quejaron respecto del trámite burocrático para acceder al aceite; vale decir que el procedimiento administrativo era dilatorio y, por lo tanto, no tenían el aceite en tiempo y forma lo que ocasiona retrocesos en el tratamiento de las enfermedades de sus hijos y, en segundo lugar, que los aceites importados por el Estado eran de dos cepas específicas y en consecuencia a muchos de los chicos afectados no les producía ningún efecto. Estas cuestiones volvieron a poner en movimiento a las ONGs en pos de lograr la incorporación en el articulado de la Ley 27.350 la legalización del autocultivo en la propia casa de las familias afectadas. De esta forma se solucionan los dos problemas recientemente planteados: las familias tendrán el aceite cannábico en tiempo y forma y, al mismo tiempo, se garantizan tener la cepa de aceite que funciona en sus hijos.
Los próximos meses serán fundamentales para ver si la coyuntura política, social y fundamentalmente económica permite hacerle un lugar a este tema que busca garantizar una vida plena y saludable a los chicos y que al mismo tiempo es vital para el bienestar de sus familias.
