Por Daniel Milia Economista y profesor adjunto de Mercado de Capitales en la USAL
Una leyenda japonesa cuenta que existe un hilo rojo invisible que conecta a aquellos que están destinados a encontrarse. En Argentina, se ha asistido a épocas de inflación alta y dólar bajo que terminan en devaluaciones bruscas, o periodos de inflación baja y dólar alto que terminan en un desplome de la actividad. Así como en la leyenda, estas situaciones continúan encontrándose en nuestro país, sin importar siquiera el tiempo, lugar o circunstancias y por lo general terminan culminando en una crisis de deuda.
La política de estabilización que implementó el Gobierno tuvo tintes que recuerdan el primer Gobierno kirchnerista. Un acuerdo social que incluye el congelamiento de tarifas de servicios públicos por 180 días, programas de precios de referencia, redireccionamiento del gasto, un control sobre la política cambiaria en el marco de un cepo heredado de la administración anterior (sic) y pautas para la negociación de paritarias. El resultado, en términos de variación de precios, marca un punto a favor: en enero la inflación fue del 2,3%. Todo un logro, sino fuese por ciertas semejanzas de aquellos años. La paz cambiaria que se verificó desde fin de diciembre empieza a inquietar a economistas y podría significar un peligro que implosione la capacidad de repago de la deuda. En este contexto, cabe preguntarse los riesgos de volver a atrasar el tipo de cambio real frente a la necesidad de conseguir dólares para honrar compromisos externos.
Las proyecciones de devaluación para 2020 son variadas. El mercado de futuros pronostica un dólar a $84 (+40%) a fin de año mientras que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA lo fijó a $78,7 (+31%). En tanto, la inflación pronosticada por el propio titular del Indec, Marco Lavagna, y analistas privados se mueve entre el 42% y 47%. El atraso cambiario deja al dólar a niveles similares a 2011.
¿Qué pasará el día 181? La inflación del 2,3% indudablemente tiene una presión contenida producto del acuerdo macro que emprendió el Gobierno. De hecho, el precio de bienes y servicios regulados subió tan solo 1,1% mientras que otros rubros, como salud, bajó alrededor de 2%. La inflación anualizada, si se mantiene esta dinámica, escalaría al 33%, algo inconcebible sin todos los controles de precios.
Si se estima que el año terminará con un resultado primario de -1% a -0,5% del PIB, no habrá demasiado lugar para nuevos subsidios a la luz o gas, por lo que se estará evaluando una nueva suba para el segundo semestre que permita a las empresas de servicios públicos recuperar margen por el efecto de la devaluación en su estructura de costos. Proyectando un aumento, hasta incluso segmentado, que le permita al Gobierno no incrementar más la cuenta de subsidios, la inflación de 2020 se ubicará en alrededor del 45-46%. Es decir, un atraso de no menos de 5% en el tipo de cambio real.
La pregunta, entonces, es si sacrificará el Gobierno la meta autoimpuesta de déficit fiscal primario en pos de contener la inflación. En otras palabras, ¿mantendrá a raya los precios a costa de aumentar el déficit fiscal? O bien, ¿controlará el gasto para el repago de deuda a costa de la pérdida de competitividad?
Se avizora difícil la contención de egresos frente a la cantidad de programas de asistencia y los montos involucrados en éstos, estimados en 0,8% del PIB. La cuenta cerrará, una vez más, por el lado de la suba de impuestos. Restará saber, entonces, en qué medida la quita de deuda pueda tornar sustentable el camino elegido por el Gobierno, sin que esto termine como en la leyenda.
