La “guerra contra las drogas” fracasó: se precisa otro debate

12 de marzo, 2020

drogas

Por Andrés López Director del lnstituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-CONICET

 

Cualquier análisis sobre el problema de las drogas ilegales debe tomar en cuenta al menos cinco dimensiones: a) la sanitaria; b) la de seguridad; c) la económica; d) la social; e) la de los derechos y libertades individuales.

 

Los debates sobre los resultados de la estrategia prohibicionista vigente a nivel global y de las incipientes iniciativas de liberalización adoptadas en Canadá, EE.UU., Uruguay y Portugal (para citar los casos de mayor avance relativo en esa dirección) también deben reflejar, consecuentemente, ese carácter multidimensional, a fin de informar correctamente la discusión pública sobre eventuales cambios al marco jurídico en torno a las sustancias psicoactivas cuya producción, venta y consumo son aún ilegales en Argentina y la mayor parte del mundo. En esta breve nota es imposible tratar en profundidad un análisis de este tipo, pero al menos podemos mencionar algunas cuestiones básicas que sirven como punto de partida para el debate.

 

Hay un consenso bastante amplio (que incluye premios Nobel, exjefes de Estado, organizaciones internacionales y expertos prestigiosos en diversos campos del conocimiento) en que la “guerra contra las drogas” ha fallado en cumplir sus cometidos básicos y ha generado elevados costos sociales. Según los datos disponibles a nivel mundial y en Argentina (basados en encuestas a hogares), si el consumo (proporción de personas que afirman haber usado alguna sustancia ilícita) se ha movido en alguna dirección en las últimas décadas, es hacia arriba (en particular en el caso del cannabis). En 2017 la producción mundial de opio y cocaína alcanzó nuevos records. Y los precios de las drogas más utilizadas han venido bajando en los principales mercados.

 

Además de sus impactos limitados, la guerra contra las drogas no solo ha tenido elevados costos económicos (por ejemplo, el presupuesto en seguridad, Justicia y prisiones dedicado a reprimir el tráfico de sustancias ilícitas), sino también sociales. Informes de la ONU y otros organismos y expertos, así como algunos estudios académicos, indican que la guerra contra las drogas: i) ha dificultado el acceso a sistemas de tratamiento efectivos por parte de los usuarios problemáticos (que son entre el 10% y 20% del total de consumidores); ii) ha generado consecuencias adversas sobre los niveles de salud y bienestar sociales (por la falta de acceso a equipamiento seguro, como jeringas o salas de inyección; por la ausencia de controles sobre las sustancias consumidas –venta de píldoras o drogas sintéticas adulteradas que pueden ser mucho más peligrosas que las drogas que creen comprar los consumidores–; por los arrestos y encarcelamientos masivos, etcétera); iii) ha tenido impactos distributivos negativos y ha afectado particularmente a grupos sociales vulnerables o discriminados (por caso, la población negra en EE.UU.); iv) ha estado asociada a crecientes niveles de violencia y ha facilitado el reclutamiento de jóvenes provenientes de familias de bajos ingresos al mundo del delito; v) ha fomentado mayores niveles de corrupción estatal (tanto la corrupción como la violencia, como es obvio, son financiadas por las rentas extraordinarias que genera el negocio).

 

Algunos estudios encuentran, además, que las campañas de prevención y el mejor acceso a sistemas de tratamiento son más costo-efectivas que el encarcelamiento masivo, y que experiencias como la descriminalización del consumo de drogas en Portugal han tenido un impacto positivo desde el punto de vista del costo-beneficio social.

 

¿Qué sabemos sobre las experiencias de descriminalización y/o legalización? En un trabajo reciente revisamos 46 estudios sobre el tema (la gran mayoría sobre cannabis recreacional y/o medicinal en EE.UU.). Con la cautela que amerita la lectura de estos estudios (sujetos a diversas y entendibles limitaciones tanto de disponibilidad y fiabilidad de datos, como metodológicas), podemos decir que: i) las iniciativas de liberalización podrían llevar a aumentos leves o moderados de la prevalencia del consumo de cannabis en la población adulta, pero no en adolescentes; ii) las mismas pueden ayudar a bajar el uso de sustancias más peligrosas (como cocaína o heroína) y los problemas de salud asociados a dicho uso; iii) la liberalización no induce mayores niveles de criminalidad y de hecho puede contribuir a reducir ciertos tipos de crímenes (tanto por el propio efecto directo de la reducción del mercado negro, como porque la policía dedica más tiempo a la prevención de otros crímenes).

 

En este escenario, es necesario abrir un debate serio sobre eventuales reformas al marco legal actualmente vigente en la materia en Argentina. Esto no implica para nada minimizar los riesgos que supone el consumo de las sustancias psicoactivas ilegales. De lo que se trata es de empezar a prevenir esos riesgos como se hace con el consumo de otras sustancias también riesgosas (e.g. regulaciones, impuestos, etiquetados, licencias para producción y venta, campañas de información, etcétera), de acuerdo a sus niveles de daño potencial. Repitiendo las palabras de un informe de la Global Commission on Drug Policy, la regulación de las drogas “hace que el control de las drogas se transfiera de mercados criminales no regulados a agencias gubernamentales apropiadas”.