Por Atilio Molteni Embajador
El Grupo Internacional de Crisis (“International Crisis Group” o ICG) dedicó su informe número 78 sobre América Latina a un capítulo llamado “Armas por doquier: como frenar la amenaza de grupos violentos en Venezuela”, que introduce una actual y descarnada visión de lo que sucede en el aludido país.
El texto circuló el pasado 20 de febrero e integra una serie de análisis publicados durante el último quinquenio. El IGC es una organización no gubernamental independiente que suele combinar el trabajo analítico sobre el terreno con otras acciones destinadas a prevenir y resolver conflictos graves en el mundo. Su plantel es conducido por el ex subsecretario general de la ONU, Lord Mark Malloch-Brown, y está integrado por figuras prominentes de la política, la diplomacia, los negocios y la prensa. A su vez, el director ejecutivo de esta ONG es Robert Malley, quien fuera asistente especial tanto del ex presidente Barack Obama como de su antecesor en la Casa Blanca, Bill Clinton. La sede del ICG se encuentra en Bruselas y cuenta con delegaciones regionales en otras siete ciudades. La que se ocupa de América Latina está basada en Bogotá.
El Informe sostiene que el Gobierno de Nicolás Maduro y su Partido PSUV (quien tomó la posta tras la muerte de Hugo Chaves en abril de 2013), está aferrado al poder haciendo gala de un ilimitado control autoritario sobre la política y la sociedad, sin agachar la cabeza ante una oposición cada vez más fuerte y respaldada por un importante número de países. Esa conflictiva rivalidad se intensificó en enero de 2019, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó Presidente interino de la República con el argumento de que la reelección de Maduro no era válida. Además, tenía la mirada puesta en unificar a la oposición a dicho régimen.
En enero pasado el Gobierno chavista trató de copar la Asamblea Nacional (que es una institución elegida democráticamente por el voto popular), hecho que se verificó cuando la Casa Blanca amplió el régimen de sanciones drásticas que debilitan intensamente la economía venezolana, ya resentida desde 2014 por la caída de los precios del petróleo, así como por pésima gestión y corrupción oficial. A pesar de que flota en círculos internacionales la idea de un grupo de mediación del que sería parte Argentina, actualmente no hay negociaciones formales entre el Gobierno y la oposición, tras la falta de resultados de las gestiones realizadas por Noruega como en calidad de mediador neutral de la comunidad internacional (lo que fue un intento de obtener un cambio controlado del régimen a través de un acuerdo entre Maduro y sus oponentes, la que muchos estiman como la mejor opción para los venezolanos).
A nosotros nos parece útil recordar que el Departamento del Tesoro estadounidense acicateó la presión al imponer sanciones individuales a 144 venezolanos y otras personas vinculadas con dicho país. También que el Departamento de Estado revocara las visas de muchos otros, cuando fue sancionada la compañía petrolera oficial PDVSA, así como el Gobierno y el Banco Central de ese país.
El pasado 18 de febrero Washington apuntó sus cañones contra la empresa rusa Rosnef, la que facilitó las exportaciones venezolanas de petróleo, medida que obligó a Maduro a decidir la emergencia energética y reestructurar la petrolera estatal. La Casa Blanca entiende que el régimen venezolano supone una amenaza directa al observar los apoyos que recibe de Cuba, Rusia, Irán y China. El Presidente Donald Trump tampoco descartó una opción militar, pero sus declaraciones parecen tener un contenido electoral y por ahora tienden a ser retórica.
Si bien con una riqueza muy lejos de estar bien distribuida, Venezuela fue uno de los países más ricos de Sudamérica, tal calificativo perdió vigencia cuando las políticas del presidente Hugo Chávez optaron por la ruta de las expropiaciones, los controles de precios y el tipo de cambio, así como una evidente hostilidad hacia el sector privado.
Tal situación se agravó en los últimos seis años al reducirse el PBI a la cuarta parte, etapa en la que nueve de cada diez venezolanos no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Según el FMI, la inflación tiene características astronómicas y cinco millones de personas eligieron una muy forzada expatriación. En 2019, el Gobierno de Maduro decidió flexibilizar algunas de sus políticas, permitiendo cierta actividad comercial y la utilización de divisas en algunas transacciones, enfoque que tuvo algunas consecuencias positivas al dejar de lado principios absurdos y centrales del socialismo chavista.
El Informe también destaca que los principales grupos armados no estatales en Venezuela representan una amenaza para una eventual transición, y argumentan que éstos pueden afectar a una posible salida de la crisis, pues aprovechan de la ausencia o debilidad del Estado para obtener ilegítimos beneficios económicos que no abandonarán fácilmente. Esas mañas especulativas, y ajenas a la ley, representan un gran riesgo político para la estabilidad del país, a pesar de que se expresan con distintos objetivos, modos de operación y lealtades.
La primera de esas fuerzas son las guerrillas procedentes de Colombia (la frontera común entre ambos países tiene 2.200 kilómetros y ésta parcialmente descontrolada). Por otra parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disueltas FARC colombianas solían tener presencia en Venezuela desde hace muchos años. Dicha actividad se expandió sustancialmente desde 2017, en la medida en que sus disidentes rechazaron el proceso de paz del gobierno de Bogotá, territorio que es base de operaciones y refugio de una fuente de ingresos de importantes actividades ilícitas (y en la extracción de oro), operando en trece de sus veinticuatro Estados (especialmente en Bolívar y la región amazónica en el Sur del país), a veces con la colaboración de autoridades co
rruptas y un creciente número de venezolanos en sus filas.
El segundo de los grupos está constituido por los llamados “colectivos”, que son civiles que en ciertos casos operan como parapoliciales. Los mismos ganaron importancia con el agravamiento de la crisis, ayudando a controlar en forma coercitiva las protestas callejeras y a meter presión sobre las comunidades de escasos recursos, donde ejercen alguna influencia. El Gobierno los define como grupos comprometidos con su comunidad que actúan en defensa de la revolución bolivariana y el socialismo del Siglo XXI, mientras que para la oposición éstas se organizan apelando a violentas represalias, acciones vinculadas con el crimen organizado y obvia complicidad con las fuerzas de seguridad, en connivencia con el alto mando militar.
El ICG destaca que no todos esos rejuntes tienen el mismo carácter, ni están siempre relacionados con el poder. Su característica es la de mostrarse con mucho armamento y operar bajo estrictos sistemas de verticalidad, sin que ello implique que sus intereses siempre resultan coincidentes con sus asociados. También existe gran desconfianza entre ellos y visibles enfrentamientos con las fuerzas armadas del país.
La tercera de las modalidades son los paramilitares de derecha, que, según Maduro, son unidades de combate ilegales que actúan bajo el patrocinio de gobiernos extranjeros y colaboran con la oposición. Su presunto origen es Colombia, donde estuvieron involucrados con la violencia contrainsurgente, el crimen organizado y el narcotráfico. Según los especialistas venezolanos son cinco grupos que participan en actividades ilegales toleradas o ignoradas por el Ejército colombiano a lo largo de la frontera entre ambos países.
La cuarta variante son grupos criminales (alrededor de cien de distintas características, incluyendo megabandas, con más de 300 miembros) que han convertido a Venezuela en uno de los países más peligrosos del mundo. Se dedican al robo, secuestro, fraude, chantaje, a realizar tareas de sicario o al comercio ilegal de armas y drogas. El Gobierno trató de combatir estos hechos a través de importantes operaciones policiales, sin dejar de facilitar, por otro lado, la creación de zonas de paz en Caracas (liberación de territorios), por medio de pactos informales de no agresión. Esta equívoca relación favoreció el funcionamiento de mega bandas desde las cárceles.
Para el ICG las amenazas a la paz que suponen estos grupos eliminarse de manera prioritaria en las futuras conversaciones destinadas a solucionar la crisis institucional, económica y humanitaria. El ejército venezolano tendría que ser parte protagónica de esas tareas para impedir o reducir el riesgo de que alguna de las facciones sabotee un eventual acuerdo. Asimismo, sostiene que la desmovilización de cada grupo armado requiere un enfoque específico, porque representan problemas diferentes y hacen necesario la búsqueda de una solución particular, que incluya la aceptación de las soluciones políticas integrales que sean decididas para el conjunto del país.
El Informe resulta muy significativo en cuanto demuestra la existencia de grupos domésticos e internacionales que hacen muy difícil cualquier negociación. Sin embargo, el problema central es que en Venezuela el conflicto ideológico entre distintas concepciones políticas, es sólo parte del problema.
Son muchos los observadores que detectan la existencia de un claro enfrentamiento entre una cleptocracia encabezada por Maduro, compuesta por personajes del Gobierno y del mando militar, que no reconocen a los opositores como alternativa viable al cambio de poder a través de elecciones o de acuerdos políticos e institucionales, motivo por el que existe un largo camino a recorrer. Semejante escenario permite entender porque el sufrido pueblo venezolano necesita de la comunidad internacional para poner fin a tan compleja pesadilla.
