Por Gustavo Reija Director de Mecronomic
El día 14 de agosto 2018 publiqué en El Economista un artículo cuyo título era “Somos una economía inmunodeprimida”. En dicha nota sostenía que la fragilidad de nuestra estructura económica generaba que cualquier virus de resfrío económico o financiero en el mundo se transformara en una neumonía para Argentina. Hoy, a casi dos años de su publicación, aquella nota adquiere especial significación ya que las condiciones de debilidad existentes en aquel momento han empeorado, colocando a nuestra economía en una posición de absoluta fragilidad para asimilar el impacto que la crisis del coronavirus viene generando en el mundo.
Comencemos diciendo que, sin dudas, el esfuerzo del Estado debe estar dirigido a mitigar el impacto sobre la salud de los argentinos y que, en ese marco, las políticas fiscales y monetarias deben subordinarse al logro de aquel objetivo. La prioridad hoy es evitar el colapso de la infraestructura de salud, generando una progresión de casos que pueda ser atendida con los recursos preexistentes y reforzando el sistema de salud, como se viene haciendo por estas horas.
La intervención estatal es indispensable a fin de remediar las externalidades negativas que una crisis de salud pública de esa magnitud generan y que, de ninguna manera, pueden ser evitadas por el libre accionar del mercado.
La puesta en marcha de la cuarentena obligatoria es una política pública adecuada para enfrentar el problema, aunque la misma produzca un shock sobre la economía nacional. La falsa disyuntiva entre mantener la actividad en movimiento o reducirla significativamente mediante una cuarentena ha demostrado ser altamente perjudicial para las sociedades que no asumieron, al inicio de la crisis, el costo de declararla (los casos de Italia, España, EE.UU. y Brasil, nuestro principal socio comercial, son ilustrativos).
Esta crisis presenta características distintivas que la diferencian notablemente de la recordada debacle financiera del 2008-2009. El problema hoy es que, en su primera fase, lo que se generó es un shock de oferta (caída de producción y rotura de cadena de suministros). Desde los '30 y la aparición de las recetas keynesianas, el mundo estaba acostumbrado a vivir crisis que se originaban en un shock de demanda (baja del gasto global), pero no en una brutal caída de la producción global. Como consecuencia de la interrupción de la producción y distribución en el mundo desarrollado la crisis ingresó en su fase 2: el shock de demanda. Si las empresas no venden, no podrán pagar salarios y deudas. Los trabajadores desempleados y los cuentapropistas perderán ingresos, consumirán menos y no podrán pagar sus deudas.
La tercera fase de la crisis, la que aún estamos a tiempo de evitar, es la financiera (solvencia). ¿Cuántas de las empresas o familias afectadas por el parate económico podrán pagar sus deudas con el sistema financiero?
A nuestra economía inmunodeprimida, esta crisis la sorprende en recesión, con altos niveles de inflación, con déficit primario y en medio de una negociación con acreedores para lograr la reestructuración de la deuda pública.
Ante este escenario, como en el caso de cualquier paciente de riesgo, lo urgente es gestionar la crisis a fin de mantenerlo vivo, postergando para más adelante los objetivos de equilibrio fiscal y desinflación.
En ese marco, la política fiscal y monetaria deberán ser implementadas, en el marco de la emergencia económica, teniendo como objetivos centrales los siguientes.
Que las empresas que tengan interrumpida su producción puedan mantener su dotación de personal, sin despidos o suspensiones, y que se les abone el salario tal como resultaría de un contexto normal de producción. Para ello deberá instrumentarse un set de políticas que comprendan una combinación de subsidios a empresas, rebajas impositivas, acceso a créditos blandos y cualquier otra que permita mantener la cadena de pagos en funcionamiento.
Proveer la liquidez necesaria al sistema financiero a fin de que pueda absorber, mediante refinanciaciones o moratorias de pago, las dificultades que las empresas e individuos tendrán para pagar sus créditos. Esto es esencial a fin de evitar que la crisis pase a su tercera fase: la de solvencia.
Potenciar el poder de compra del Estado para compensar la caída de la demanda en las industrias nacionales. Esta es una herramienta que puede contribuir, en gran medida, a mantener funcionando parte de nuestra estructura productiva en la emergencia.
Suspender el cobro de impuestos que impacten sobre costos de producción e ingreso de particulares, permitiendo de esta manera alivianar la carga impositiva e incrementar la masa de recursos disponibles para el consumo.
Hasta ahora, el Gobierno anunció un paquete fiscal de estímulo por un monto equivalente al 2% del PIB. Dado que la cuarentena, prevista originalmente hasta el 31 de marzo, seguramente será prorrogada hasta terminada la Semana Santa, será necesario fortalecer ese paquete con recursos por otro 1,5 % del PIB adicional. Así, el costo fiscal resultante rondará el 3,5% del PIB.
¿Cómo financiar semejante costo fiscal? Dado que las consecuencias de esta crisis serán intertemporales y que, luego de superada la misma, la economía debiera retomar el sendero del equilibrio fiscal y monetario, la forma en la cual se financiará el costo de la ayuda fiscal es relevante.
La emisión lisa y llana encuentra, en nuestro país, límites dada la débil demanda de dinero existente. El financiamiento del paquete fiscal de sostenimiento de la economía debiera provenir, principalmente, de recursos existentes en nuestras reservas internacionales (swap de China contra títulos del Tesoro) y líneas de crédito que organismos internacionales como el BID, CAF o el BM que habiliten para atender demandas en economías emergentes originadas en la crisis provocada por el coronavirus. Se podrá sostener que utilizar reservas contra colocación de títulos empeora la hoja del balance del BCRA y es verdad. Sin embargo, es un “second best” a la emisión y permite, luego de superada la crisis, retomar el camino de la estabilidad macro con mayor facilidad.
En resumidas cuentas, el costo social y económico para nuestra economía inmunodeprimida será alto y tendrá consecuencias intertemporales pero, como en todos los casos de pacientes de riesgo, el objetivo primordial es mantenerlo con vida.
