El presidente Alberto Fernández rechazó ayer el paro anunciado por las entidades agropecuarias y se quejó de la actitud de algunos productores.
“Ya negociamos, pero ellos quieren ganar siempre”, se quejó el Jefe de Estado, al avisar que no reabrirá las negociaciones con las entidades por los cambios en las retenciones, a pesar de la convocatoria a un paro de cuatro días, por parte de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
De esa manera, Fernández cuestionó con dureza la decisión de la Mesa de Enlace, según dejaron trascender voceros de la Casa Rosada. El jefe de Estado se enteró de la medida de fuerza del campo mientras viajaba hacia Olivos, y la analizó con sus funcionarios de confianza.
Tras la oficialización del aumento a los derechos a las exportaciones de la soja (pasó del 30% al 33%), mientras el trigo y maíz se mantuvieron y las economías regionales se vieron beneficiadas CRA convocó a la medida de fuerza, y logró sumar al resto de las en tidades de la Mesa, Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria.
“Ya fue discutido. Oímos sus preocupaciones y cumplimos con la ley. Los que no quieren cumplirla son ellos”, sostuvo Fernández ante sus colaboradores.
La medida de fuerza está convocada para el lunes, martes, miércoles y jueves de la semana que viene e implica el cese de actividades y de comercialización. En tanto en el oficialismo entienden que hubo capacidad de escucha y que incluso se cedió ante muchos de los pedidos de los ruralistas, por lo que el anuncio de la medida de fuerza cayó mal en la Casa Rosada.
En la oposición por su parte, salieron una vez más a criticar la política del Gobierno. El diputado bonaerense cercano a Elisa Carrió, Luciano Bugallo, de estrecho vínculo con las entidades rurales, criticó duramente al oficialismo en redes.
“El presidente Alberto Fernández es un mentiroso. Para que haya negociación tiene que haber dos o más propuestas, acuerdos, discusiones y una propuesta final superadora o unificada. Lo que el Gobierno hizo, fue una imposición. Imposición de un latrocinio productivo”, expresó Bugallo.
Más allá de los dichos del propio Presidente que dan por cerrada la discusión, en el Gobierno buscarán evitar cualquier tipo de confrontación con los productores, sobre todo por el recuerdo de la resolución 125 que en 2008 significó una divisoria de aguas.
Con la medida (que había sido adelantada por el propio Presidente ante la Asamblea Legislativa) el Gobierno busca mejorar su recaudación en unos U$S 500 millones, completando un total de U$S 6000 millones por derechos de exportación.
En el oficialismo dejan trascender que más allá de las medidas de fuerza, buscarán continuar con la mesa de diálogo y para poder avanzar en un esquema de segmentación y compensación para pequeños y medianos productores, además de beneficios para aquellos ubicados lejos de las zonas portuarias.
