En el marco de las medidas de aislamiento social para prevenir la propagación de la pandemia del coronavirus, el empleo es uno de los frentes que se está viendo más afectados y que refleja la fuerte parálisis de la actividad. Como consecuencia, muchas empresas, especialmente las pyme, se están viendo con dificultades para afrontar el pago de los salarios de los empleados, entre otros compromisos, y algunas están considerando la posibilidad de recurrir a suspensiones y despidos (algunas ya lo han hecho).
Ante este contexto, el Gobierno se encontraba ultimando detalles para lanzar un paquete de medidas que se denominaría como “Emergencia al Trabajo y la Producción”, mediante un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), el cual sería publicado el miércoles.
El mismo tiene como objetivo asistir a las empresas por medio de la reducción de los aportes patronales; el pago de una parte del salario de los por parte del Estado a las empresas que tengan hasta cien empleados; la aplicación del programa Repro para las empresas que superen esa cantidad de empleados; y la sanción del seguro de desempleo de entre $ 6.000 y $ 10.000.
Según trascendió, dicho paquete tendría vigencia hasta el 30 de abril. Sin embargo, para acceder a esos beneficios, las empresas no podrán despedir sin causa a sus trabajadores ni por razones de “fuerza mayor”. Otro de los puntos que contempla el paquete es la reincorporación de trabajadores que hayan sido despedidos desde el 28 de febrero.
Prohibición de despidos
Un caso reciente que generó mucha repercusión fue el de la compañía Techint, que la semana pasada anunció el despido de 1.450 trabajadores, lo que produjo la cuestionada respuesta del presidente Alberto Fernández, que públicamente señaló como “miserables” a los empleadores que en este contexto se ven en la necesidad de despedir a sus empleados.
Con este antecedente y ante los pedidos de ayuda por parte de los grupos gremiales, según trascendió, el Gobierno evalúa también emitir un DNU en el que le prohíba a las empresas despedir o suspender a sus empleados durante un determinado período. Probablemente, de sesenta días.
De concretarse esta normativa, las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, se enfrentarán a una situación aún más compleja. Desde antes de la pandemia ya estaban muy afectadas por la crisis económica local y la caída del consumo, y tras asumir en diciembre el Gobierno impuso la doble indemnización por despidos. Ahora, con el aislamiento social, la situación empeoró significativamente (gran parte de ellas hoy están facturando cero pesos) y sería aún más grave si las imposibilitan a despedir empleados.
“La mayoría de las pyme está en una situación crítica: debe hacerle frente al pago simultáneo de sueldos, cargas sociales, impuestos, cheques que empiezan a debitarse por el levantamiento del clearing. Todo esto se agrava por el atraso en los cobros”, describió en diálogo con El Economista Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), que afirma que la mayoría de las pyme hoy no cuenta con el capital para afrontar indemnizaciones y menos aún si son dobles, por lo cual para muchas pyme “está en riesgo su continuidad”.
“Lo que más preocupa en Came es directamente el cierre o la quiebra de las pequeñas y medianas empresas, con todo el problema que esto generaría a nivel, social y económico: menos empleo y menos consumo, sumado a la dificultad que tienen las pyme, en especial las del sector industrial, para volver a operar después de cerrar”, advirtió el vocero de la entidad.
Hace dos semanas, durante los primeros días del aislamiento social, el Gobierno anunció líneas de crédito “blandas” para las pyme con el objetivo de que paguen los salarios, cuya tasa de financiamiento del 24%. Sin embargo, aunque esto representa un gran alivio para las pequeñas y medianas empresas, el problema pasa por el bajo nivel de accesibilidad a estas líneas de crédito.
“A estas líneas de crédito sólo acceden aquellas que cuenta con carpeta con calificación crediticia al día, que son la minoría de las pyme. Lo ideal sería un crédito universal y estaría en línea con lo que hace la mayoría de los países, no sólo los desarrollados, sino también los de la región”, afirmó Cascales.
Al respecto, las empresas y las cámaras que las representan, entre ellas, la Came, le piden al Gobierno, además de que flexibilicen bastante los requisitos para acceder a estas líneas de crédito para afrontar los salarios, que ofrezca una tasa de financiamiento de 0%, entre otras medidas para afrontar esta situación.
“En síntesis, lo que están necesitando las pequeñas y medianas empresas del país es, al menos, la suspensión de los impuestos; la suspensión del clearing o que éste sea parcial, es decir, que se puedan elegir cuáles se debitan y cuáles quedan en suspenso y alguna asistencia vía crédito con tasa máxima a 10% para pagar salarios o algún otro mecanismo como el Repro (Programa de Recuperación Productiva) o asistencia de la Anses para cubrir los sueldos de los día caídos”, indicó Cascales.
En tanto, los bancos siguen manteniendo la discusión con el Banco Central sobre las garantías para otorgarle estos créditos a las pyme. La entidad monetaria les ofrece poner el Fondo de Garantías Argentino (Fogar), cuyo respaldo es insuficiente (de apenas $ 500 millones) para financiar una masa salarial que asciende a $ 80.000 millones. No obstante, algunas entidades bancarias dicen que estarían dispuestas a flexibilizar un poco la accesibilidad a los créditos.
Los incentivos que le ofrece la entidad que preside Miguel Pesce a los bancos para que le otorgen estos créditos a las pyme son la baja de encajes (el dinero que las entidades bancarias deben mantener inmovilizado para garantizar la disponibilidad de efectivo ante el eventual retiro de dinero de sus clientes) y mayor acceso a las Leliq (Letras de Liquidez del Banco Central) en tanto presten determinada cantidad de dinero.
