Ayer, a la medianoche, terminó el cese de comercialización de granos y hacienda que desde el lunes estaba llevando adelante la Mesa de Enlace como protesta a la última suba de tres puntos porcentuales sobre las retenciones a la soja, que pasó a ser de 33%, lo que implica un alza de más de ocho puntos porcentuales durante los últimos tres meses ya que en diciembre el Gobierno había aumentado la tasa del 24,7% al 30%.
Desde el sector agrícola argumentan que su reclamo se basa en la fuerte presión fiscal que crece cada vez más y que afecta los niveles de rentabilidad, sobre todo a aquellos productores que están alejados de los grandes puertos. Según las entidades rurales, el Estado se queda con más del 60% de la renta agrícola. Para el caso de la soja, la participación del Estado ahora asciende al 70%. Es decir, de cada $ 100 que produce la soja, $ 70 se los queda el Estado mediante los impuestos.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, dijo ayer que hay sectores de la política que promueven “una animadversión a un proyecto político (del Gobierno actual)”, y aseguró que, desde el Gobierno, la propuesta es “debatir y dialogar sobre información concreta”.
En tanto, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, tras asegurar que el paro “tuvo un alto acatamiento”, apuntó que “ahora la pelota la tiene el Gobierno”. “Ellos (por el Gobierno) van a tener que dar una señal. Y, en el caso de que no lo haga, esto no va a seguir así. El campo no se va a quedar quieto y van a seguir las medidas”, afirmó el dirigente rural.
Carlos Iannizzotto, titutar de Coninagro, una de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace, remarcó que “continuará el diálogo” con el Gobierno. “El objetivo del paro se cumplió porque se concientizó sobre que las retenciones son impuesto que ataca el ingreso y no contribuye a la distribución. De eso se tomó conciencia y ha sido contundente”, subrayó.
En una nota que publicó ayer Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), otra de las entidades que integran el bloque rural, afirmó que de la actual situación del país no se sale con más impuestos.
“Se sale con más empresas que impulsen la actividad, que ofrezcan más producción a los mercados nacionales e internacionales, y que generarán más empleo y reactivación. Y, para eso, el único camino es trabajar las soluciones estructuralmente, en una articulación virtuosa entre el sector público y el privado”, sostuvo.
Según Pelegrina, está demostrado que si se les ofrecen las condiciones adecuadas, los productores tienen una altísima propensión a invertir localmente, ya que casi el 90% de la inversión y del gasto de cada campaña queda en la región donde se lleva cabo la producción. “Eso contribuye a mantener la cadena de pagos y el nivel de actividad en el interior”, aseguró.
En su artículo, señaló que la escalada fiscal que recae sobre el sector se inició apenas seis días después de haber asumido el nuevo Gobierno, en referencia al aumento anterior a la retención la soja (que la incrementó al 30%). Asimismo, recordó que se duplicó esos impuestos para el maíz y el trigo, y para muchos otros productos, lo que resultó en un aumento del aporte de los productores al Fisco por retenciones de U$S 2.000 millones, al pasar de U$S 5.700 millones a U$S 7.700 millones.
“Estos derechos, verdaderos 'permisos para exportar', únicos en el mundo, son verdaderamente inentendibles para un país que busca y necesita darle un sesgo exportador a su economía. Se suman, asimismo, a otros quince impuestos nacionales, trece impuestos provinciales y siete impuestos y tasas municipales, que debe afrontar todo productor en cada campaña para poder producir”, detalló.
“La mayor presión tributaria se traduce en forma directa en una menor velocidad en la adopción de tecnología, situación que repercute no sólo en los magros resultados del productor, sino que también genera dificultades para la economía del interior y del resto de los sectores asociados a la dinámica del agro. Esto implica un menor ingreso de divisas para sostener la balanza de pagos y, sobre todo, el nivel de actividad de las industrias que necesitan los dólares que genera el campo para crecer”, afirmó.
Sequía y precios
Además de la elevada carga impositiva que recae sobre el sector, otro de los problemas que deberá enfrentar está relacionado con el mal clima. En base a esto, los especialistas pronostican que la producción de soja se reducirá en dos millones de toneladas. Por consiguiente, la recaudación proyectada que generaría este incremento de tres puntos porcentuales, que era muy baja (poco más de US$ 400 millones), será menor aún.
Otro de los factores que afecta al sector y también que se traduce en menor recaudación es la caída de los precios. En el marco de la baja en los mercados por el coronavirus, los futuros de soja, el trigo y el maíz se negociaron ayer con variaciones negativas en el Mercado de Chicago. La oleaginosa perdió 5,4% en la posición mayo y se ubicó en US$ 315,4 la tonelada, el valor mínimo de los últimos seis meses.
