Por Sebastián Giménez Escritor y trabajador social
Se firmó el decreto con el aumento de las retenciones a la soja. Hay que decir que la medida fue selectiva, para las exportaciones mayores a las 1.000 toneladas y sobre una explotación que amenaza con convertirse en monocultivo, con los riesgos ambientales y económicos consiguientes. Se bajaron las retenciones para las economías regionales y se mantuvo el mismo nivel en trigo y maíz.
Hay que recordar que las retenciones se reinstauraron en marzo de 2002, cuando gobernaba el entonces presidente Eduardo Duhalde. Se entendía como una medida de leve sesgo distributivo que se implantó sobre un sector que se había beneficiado con la variación brusca del 300% en el tipo de cambio. Tiene el gravamen también la virtud de morigerar los precios internos. La carencia de impuestos a la exportación produce una reducción en la oferta de cereales para el consumo interno, ocasionando el aumento de precios y, en ese momento, el horno no estaba para bollos. Las entidades rurales mostraron cierta disconformidad pero aceptaron la medida sin sumar conflictos a la delicada situación económica y social. Como si hubieran escuchado, en ese momento, las palabras que pronunciara Juan D. Perón en su visita a la Sociedad Rural Argentina en 1945, cuando los invitó a resignar algunos privilegios: era eso o se venían los rusos, los comunistas que dominaban los sindicatos. En el 2002, parecieron interpretar que era eso o la disolución del país, o el peligro de un eventual gobierno asambleario que predicaba medidas mucho más radicales. Mejor malo conocido, se habrán dicho los líderes rurales de entonces.
En el 2008, el conflicto se desató por el proyecto de retenciones móviles durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Involucró gran movilización, cortes de ruta, medidas de acción directa de las entidades rurales. Si hubiera que definir un ganador, fue la Mesa de Enlace, pero fue un triunfo costoso, en tiempo suplementario y por penales, con el legendario voto no positivo del vicepresidente Julio Cobos. En ese momento, las entidades rurales mostraron una unidad compacta, hija tal vez de la poca sintonía fina del Gobierno que planteaba una variación de la retención de acuerdo al precio de la soja, pero sin discriminar por tamaño de explotación. Eso logró que se abrazaran en la misma lucha la Federación Agraria y la Sociedad Rural Argentina. Hasta Raúl Castells, líder piquetero, apoyó la rebelión rural y fue muy sugestiva su imagen pidiéndole al presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, que donara algunas vacas para sus organizaciones luego de la faena.
Suben ahora las retenciones. No tardan en aparecer expresiones airadas. Un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario dice que el campo aportó, desde el 2002, unos US$ 175.000 millones en concepto de retenciones e impuestos a la exportación. Sería legítimo preguntarse qué hubiera pasado si no hubieran tributado esos miles de millones de dólares, si esos recursos se hubieran traducido en importación de modernísimas máquinas agrícolas; la extensión del complejo agro-industrial; aumentos de la eficiencia de las explotaciones; mejoramiento de los jornales de los peones y chacareros o simplemente hubieran abultado un poco más la fuga de divisas a cuentas de paraísos fiscales del exterior.
La medida actual, focalizada en el tributo a la soja y segmentada por tamaño de explotación conservando el mismo gravamen por debajo de las 1.000 toneladas, viene a traer como novedad que el Gobierno pensó con sintonía fina y manteniendo el diálogo abierto con las entidades rurales. Sin descartar el afán recaudatorio, que aportaría más de US$ 500 millones adicionales, también se consideró una política de alivio y estímulo a las economías regionales, manteniendo los otros cultivos en el mismo nivel de gravamen. Impuesto, alivio y stand by. Algunos pierden, otros ganan y los restantes mantienen el empate.
Impuesto selectivo, estímulo también focalizado. Decisión de tinte económico, pero tomada con una política de sintonía fina. La Mesa de Enlace ya no muestra (o no debería mostrar) una unidad monocorde si cada actor se moviera según su interés. También queda por develar qué tipo de solidaridad podría lograr una medida de fuerza de los sectores rurales en otros sectores sociales, de parte de gente apretada económicamente por la crisis y que sólo tiene como propiedad la tierra en macetas, como ironiza en una de sus últimas noticias la inefable revista Barcelona.
El partido está en disputa. Las entidades salen de la reunión con el Ministro de Agricultura, Luis Basterra y dicen que no lograron detener la suba del 3%. Pero las economías regionales pagan menos, y otros cultivos siguen igual. Y los más chicos igual. Pero habrá que consultar a las bases, dicen. Los disconformes serían los más grandes. Los medianos y pequeños, vaya uno a saber. Todos quieren que mueran las retenciones, eso los une. Pero la coyuntura concreta (aumento, stand by e incluso disminución) los separaría o atenuaría las intenciones conflictivas de los que no fueron afectados. Y entonces, vaya uno a saber. El partido recién empieza. El campo muestra los dientes que, solamente por ahora, están retenidos.
