Por Atilio Molteni Embajador
Aunque la reciente victoria electoral de su partido lo devolvió al centro de la escena política de su país tras dieciséis años de gestión, nadie ignora que Benjamín Netanyahu, el cuasivitalicio Primer Ministro de Israel, está contra las cuerdas. No sólo lo tironea la compleja realidad de su país, sino la conjunción de tres amenazas calientes y de incierta predicción.
Por lo pronto, sigue en pie el riesgo cierto de que sea el primero de los funcionarios en actividad de su rango que termine preso por corrupción, ya que las actuaciones en su contra parecen estar muy avanzadas y no son fáciles de detener.
Al mismo tiempo, y como en el pasado, aún no parece tener atornillada la alianza con los dos legisladores que requiere el conseguir la mayoría parlamentaria que debe reunir su partido para formar gobierno. Y, por si fuera poco, en estos días el Estado judío que intenta gobernar, es uno de los proporcionalmente más afectados por la presencia global del coronavirus.
Como se recordará, las elecciones de abril y septiembre de 2019 no le permitieron tanto a él como a otros candidatos alternativos integrar una fórmula o coalición de Gobierno en los términos requeridos, un escenario que no tiene precedentes en la vida institucional de Israel. Tal acefalia impidió aprobar el presupuesto y agigantó la incidencia de otros problemas que resienten la economía de la denominada “Start-Up Nation”, en un momento en que el antedicho virus avanza dramáticamente con decenas de casos positivos, miles de personas en cuarentena y diversos contingentes de extranjeros que complican la administración de esta pesadilla. Ello indujo a cerrar las escuelas, a introducir severas condiciones de acceso y cuarentena de todos los viajeros que llegan al país, lo que origina graves pérdidas financieras y una hipoteca sobre el ingreso nacional. A esta altura, se calcula que los efectos de todo ello provocará una contracción del PIB no inferior al 0,7%.
Como explicamos anteriormente, el sistema parlamentario israelí exige que cada nuevo Poder Ejecutivo cuente con el respaldo de la mitad más uno de los legisladores, es decir, 61 sobre un total de 120, pues los puestos de gabinete se adjudican en proporción al resultado de la votación general. El objetivo óptimo deseable suele ser la alineación de un mayor número de fuerzas concertadas, fruto de una coalición que facilite la aprobación de las leyes en la Knesset (nombre del Parlamento), donde existen diferentes posiciones políticas y ninguna de ellas suele tener, por sí misma, mayoría propia. La experiencia también demuestra que el gobierno sólo puede funcionar si se concreta una combinación de concesiones y reparto de puestos ministeriales que facilite los relevantes arreglos económicos y presupuestarios.
La reciente elección se dio en el marco de una campaña muy agresiva, mediante la que se renovaron las acusaciones de corrupción contra Netanyahu (más conocido, como Bibi), quien hace retiene el ejercicio temporario de su cargo desde diciembre de 2018. Bajo tal encuadre, fueron desplazados los asuntos regulares del temario que se inspira en las preocupaciones de la clientela electoral de cada partido y emergieron debates que tienden a ser una especie de continuo plebiscito sobre las virtudes y defectos del Primer Ministro.
En noviembre de 2019 Netanyahu fue procesado formalmente. A raíz de dicho antecedente, en caso de ser confirmado como Primer Ministro sería el primero en ejercer esas funciones que deberá comparecer y defenderse ante un Tribunal de Justicia un día después de la asunción de los congresistas electos de la 23° Knesset.
Las aludidas contingencias explican los motivos por los que el futuro político de Netanyahu resulta incierto e inconsistente con su exitosa foja de servicios en la lucha contra el terrorismo, del manejo de la seguridad regional y de la habilidad que exhibiera al dirigir los sucesivos enfrentamientos contra Irán. Esos y otros hechos, explican su enorme popularidad.
Hasta ahora se lo acusa de haber ofrecido favores a magnates de la prensa a cambio de comentarios favorables acerca de su gestión y por recibir regalos valuados en miles de dólares, en un país donde el Procurador General, que integra un mecanismo de justicia imparcial, sostiene que el interés público determina que nadie está por encima de la ley, un enfoque muy alejado del perfil que se conoce para el “Lawfare”.
Otro factor gravitante en las elecciones, es la ayuda política que Netanyahu recibe del presidente Donald Trump, demostrada una vez más en la presentación que se realizó el pasado 28 de enero del plan “Paz Para la Prosperidad”, cuyo texto ya no otorga relevancia al concepto de dos Estados y pone fin al denominado Proceso de Oslo. El nuevo texto también desconoce las resoluciones internacionales que han buscado terminar con el conflicto, al tiempo que da respuesta a muchas pretensiones israelíes. Si vuelve al poder, semejante aproximación le daría oxígeno a Netanyahu, ya que ahí se propicia la anexión de gran parte de los territorios ocupados en la margen occidental del Jordán, lo cual es considerado ilegal para la mayor parte de los países de la ONU, entre ellos, Argentina.
En los recientes comicios su Partido Likud, que es secular y conservador, fue el que obtuvo mayor número de bancas (36, o sea 4 más que en la votación anterior). Ello permite imaginar que, si Netanyahu finalmente recibe el mandato del presidente Reuven Rivlin de formar el nuevo Gobierno, se apoyará en sus aliados naturales, como los Partidos religiosos Shas, con 9 bancas (ultraortodoxos sefardíes), el Yahadut Hatorá con 8 (ultraortodoxos askenazis) y Yamina, una alianza de pequeños partidos laicos de derecha y extrema derecha que logró 6 escaños.
No obstante, al partir con un paquete de 58 votos propios, se encuentra en una situación similar al año pasado, en una campaña electoral que lleva más de un año y que coincide con el deterioro de su situación legal. Si llegara a formar un quinto Gobierno, sus partidarios podrían proponer un proyecto de ley que implique su inmunidad transitoria limitando toda investigación judicial mientras ejerza tales funciones. Luego podría tratar de lograr un acuerdo con la oposición o un perdón presidencial. O quizás propiciar una nueva elección general buscando por cuarta vez un apoyo mayoritario. Salvando las distancias, son la clase de tretas que estuvo tratando de aplicar en nuestra región Evo Morales.
La principal oposición al Likud volvió a ser el partido de centroizquierda Azul y Blanco, el que esta vez sólo consiguió apoyo para 33 de sus candidatos. Dicha fuerza es presidida por el general Benny Gantz, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien tiene en su plantel a otros ex militares (con experiencia sobre la situación geopolítica del Israel) y el respaldo de un político centrista en ascenso como Yair Lapid.
Azul y Blanco se opone a una cuarta elección. Su dirigencia especula con la noción de que el cuestionamiento de parte de la sociedad a Netanyahu, le permitirá organizar una coalición con el Laborismo, aliado con Meretz -liberal de izquierda, y Gesher, unconservador liberal, los que sólo obtuvieron 7 escaños que, sumados a los 7 representantes de “Israel Nuestra Casa” (Israel Beiteinu) de Avigdor Liberman, aportarían un valioso contingente. Con esa forma de colectar se lograría un Gobierno de minoría, apoyado en la Knesset por los israelí-palestinos de la “Lista Conjunta”, quienes hicieron una gran elección al lograr 15 bancas en la Knesset.
En total ese enfoque podría reunir 62 bancas, pero únicamente 47 conseguirían formar parte del Gobierno. El problema es que estos grupos exhiben notables desinteligencias entre quienes serían los eventuales socios parlamentarios. Hasta ahora pudieron superar las objeciones de Liberman, quien se oponía a cooperar con la “Lista Conjunta”, debido a que ellos defienden su igualdad de derechos y demandan la anulación de la Ley de Nacionalidad que estableció el carácter judío de ese Estado y el rechazo al Plan de Trump.
Algunos dirigentes de Azul y Blanco abogan por formar un Gobierno de Unidad Nacional con participación de todos los Partidos (precedentes no faltan), en el que el cargo de Primer Ministro se ejercería en forma alternada, pero demorando la participación de Netanyahu hasta tanto se resuelva su situación procesal. En el pasado Bibi rechazó de plano esa fórmula pero, si éste desiste de pedir una nueva elección, sus opositores podrían presentar un proyecto de ley que restringiría la opción de que el Presidente Rivlin pueda ofrecer la formación del Gobierno a quien haya estado o esté procesado por un delito significativo. Sería una ley “ad hominen”, al no mencionar el nombre de su evidente destinatario (Netanyahu).
Su primera reacción fue afirmar que Gantz y sus acólitos estaban tratando de robarle la elección, al propiciar un curso de acción que lesiona los fundamentos de la democracia. No obstante, el pasado 12 de marzo cambió totalmente su accionar al invitar a la dirigencia de Azul y Blanco a formar un Gobierno de Emergencia Nacional por un tiempo limitado para enfrentar al virus corona y salvar a miles de vidas. Este mecanismo es similar al que se utilizó para enfrentar la guerra que los israelíes suelen llamar de “Los Seis Días” (1967). La conducción de ese Partido aceptó discutirlo siempre que sea un Gobierno que incluya a representantes de todo el Knesset, lo que implica la participación en las negociaciones de la “Lista Conjunta”. Bajo ese enfoque, el proyecto no parece muy viable.
Los factores relatados indican que la crisis política israelí no está solucionada. Tan cambiante e incierto escenario, en una etapa en la que se debaten conceptos fundamentales y visiones distintas del país, además del cuestionamiento a la figura de Netanyahu, un dirigente que hasta ahora mostró gran cintura para capear diversos temporales, no augura una salida fácil. Habrá que esperar.
