Entrevista a Diego Saravia Tamayo Director de Proficio Investment Por Enrique Pizarro
El miércoles, el ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso (sin muchas precisiones) en la Cámara de Diputados un informe sobre los principales lineamientos de la renegociación de la deuda pública externa y además planteó las perspectivas económicas que contempla el Gobierno para este y los próximos años.
En su presentación, el titular de la cartera económica afirmó que en 2020 “no es realista ni sostenible” una reducción del déficit fiscal e indicó que buscarán mantener el déficit primario de 2019 (-0,4% del PIB). A la vez, señaló que el Gobierno espera llegar al equilibrio fiscal recién en 2022 y a un modesto superávit primario durante los años siguientes, lo cual fue muy mal visto por los analistas y el impacto se observó en los indicadores financieros en la jornada de ayer, tal como fue previsto.
El Economista dialogó con Diego Saravia Tamayo, director de Proficio Investment y ex gerente de investigaciones económicas del Banco Central de Chile, quien considera que el Gobierno no está tomando una postura de consenso y que el deudor debería mostrar interés por hacer un esfuerzo, lo cual no está observando en este caso.
¿Qué expectativas hay sobre la renegociación de la deuda?
Después de la presentación de Guzmán, creo que se aleja el escenario de una solución ordenada en el tema de la deuda. Empezar las negociaciones diciendo que recién en 2023 se alcanzaría un modesto superávit primario suena a demasiado poco esfuerzo fiscal para liberar recursos para el pago de la deuda como para ser aceptado por los acreedores. El ministro dijo que prefieren una salida ordenada, pero al mismo tiempo no muestra mucha consideración por el que tiene al frente en la negociación. La alternativa de que se vaya a ceder más adelante y que lo dicho sea sólo una estrategia de negociación pareciera poco probable (al menos con el mismo ministro); hablar en el Congreso debería crear un compromiso mayor que hablar en un café. Por otro lado, el hecho de haberse autoimpuesto un plazo exigente podría ser una señal de la intransigencia de la oferta que el Gobierno le haga a los bonistas: o lo toman o lo dejan, y a otra cosa. En estas circunstancias, se ve difícil un acuerdo.
Más allá del evento del miércoles, ¿cómo ve la forma como está encarando el Gobierno todo este proceso?
El Gobierno había mostrado prudencia en la negociación de la deuda en dólares. La gira por Europa la considero positiva, sobre todo en lo que respecta a la relación con el Fondo Monetaria Internacional. Viendo eso, y otras declaraciones, uno se imaginaría que había interés real en el consenso. Pero en última instancia, lo que importa es si hay fondos para hacer frente a las obligaciones o que alcance para ganar confianza. Siendo realistas, si se quisiera reducir la relación deuda-PIB se necesitaría un superávit primario mayor al 2% desde 2020 y/o tasas de crecimiento altas o demasiado altas para la coyuntura actual. Es decir, un planteo con quita es casi necesario. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre esto y lo dicho en el Congreso. Dicha presentación no plantea mucho interés en una salida ordenada. Uno puede decir que la situación es crítica y que no hay plata, pero decir que hay que esperar a 2023 para poder tener algún modesto superávit que se pueda destinar a la deuda demuestra que no hay interés en el consenso. Por lo tanto, si el objetivo es el de una salida ordenada, entonces diría que están procediendo mal. En cambio, si el objetivo es proponer algo demasiado bajo, dejando al default demasiado cerca, están procediendo bien.
La exposición de Guzmán en el Congreso fue mal vista por el mercado: todos los indicadores financieros fueron negativos en la jornada de ayer. ¿Cómo cree que estarán viendo esto los acreedores?
Claramente, es negativo para los acreedores. Ese sendero no demuestra interés en cumplir con las obligaciones. Si la situación es crítica (que lo es), al menos el deudor debería mostrar ganas de hacer un esfuerzo. Un superávit primario recién en 2023 es insuficiente para ellos. Por otro lado, la estrategia del Gobierno es pagar con crecimiento. Lamento comunicar que, hasta donde yo sé, la evidencia empírica indica que los defaults tienen consecuencias negativas en la actividad. Esperar un boom de inversiones después de una solución desordenada es iluso. Si la estrategia es pagar con crecimiento, al menos los acreedores preguntarán cómo piensan hacerlo. La realidad es que no se ha visto todavía el plan macroeconómico integral y sostenible. Obviamente, se implementaron políticas, pero un plan como el que se menciona no. Cuando se negocia, los adjetivos están de más. Poco interesa que llame consistente, sostenible o de cualquier manera a algo si no se ve en los papeles. Una propuesta que diga que no voy a hacer un esfuerzo significativo para pagarte por cuatro años y que no muestre cómo crecer pareciera estar destinada al fracaso.
¿Cuánta incidencia tiene o tendrá en la negociación las malas pasadas que tuvieron con los bonistas del BP21 y AF20?
Ciertamente, fue perjudicial para el proceso porque demostró dos cosas. La primera es la falta de confianza en lo que viene y, segundo, mostró una desorganización en el proceso. Luego de que se declarara desierta la licitación, se reperfiló el AF20 con un comunicado del Ministerio de Economía. Algunos argumentos me parecen razonables, pero hacerlo después del fracaso de una licitación y hacerlo quedar como algo planeado por conveniente no es creíble. Mostró que las cosas no estaban bien organizadas y que no están en el sendero que el Gobierno quisiera.
Los especialistas debaten sobre el orden del plan que se debe llevar adelante en este proceso. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Una negociación sin un plan económico es extremadamente difícil. Pero para tener un plan económico se necesita saber qué va a pasar con la duda. Si se quiere una salida consensuada, deberían hacerse las dos cosas con interacciones entre el Gobierno y los acreedores. Esto no quiere decir que los acreedores vayan a imponer su conveniencia: justamente, se trata de consensuar una salida que permita pagar. El deudor debería plantearse distintos senderos de la economía para diferentes escenarios de una renegociación y ver hasta dónde está dispuesto a ceder. Es decir, rayar la cancha por donde está dispuesto a moverse y plantear la más conveniente. En general, existen conversaciones entre las partes mientras se elabora un plan. Lo que sí tiene que mostrar un deudor es que hay voluntad de negociar y medios para pagar en el presente o en el futuro.
El cronograma oficial contempla como fecha límite el 31 de marzo, y recién en la segunda semana de ese mismo mes el Gobierno dará a conocer su propuesta a los acreedores. ¿No es muy poco tiempo? Esto aumentó en el mercado la sospecha de una propuesta agresiva?
Sí, es muy poco tiempo para un acuerdo si la propuesta inicial es muy agresiva. Una posibilidad, reitero, es que el Gobierno no quiera negociar mucho con los acreedores: si aceptan la oferta que les proponen, bien, y sino también.
Hay quienes señalan que podría haber una estrategia de hacer caer el precio de los bonos. ¿Qué opina? ¿Sería una buena estrategia en tal caso?
Yo no lo creo. Son mucho mayores los costos de una estrategia así. Lo último que necesita el Gobierno es que los bonos caigan más de lo que ya están. Una posibilidad es mostrarse como alguien que va a presentar algo muy inconveniente para la otra parte y luego estar dispuesto a ceder en la negociación. Pero la crónica de este proceso me hace pensar que no es el caso y que lo que se dijo no fue una jugada estratégica del Gobierno.
