Por Pablo Mira Docente e investigador de la UBA
En las últimas semanas en el análisis de la negociación de la deuda se viene planteando como referencia conceptual para interpretarla el viejo problema de “Reglas versus Discrecionalidad”. Hace poco hice un comentario en otra nota sobre la semántica engañosa presente en esta cuestión, pero quisiera extenderme hoy en otro aspecto.
El dilema reglas versus discrecionalidad formó parte de la discusión macroeconómica teórica hacia fines de los años '70, y tomó vuelo especialmente tras el otorgamiento del Premio Nobel de Economía de 2004 a uno de sus autores, Finn Kydland. En su versión original, el argumento indica que un sendero de reglas que se cumplen maximizando los resultados de largo plazo son preferibles a una maximización período a período, que lleva a un resultado global que suele ser menos eficiente. En la jerga teórica, privilegiar la discrecionalidad por sobre las reglas se traduce en un problema de “inconsistencia temporal”.
Los ejemplos abundan. En una crisis con rehenes, negociar con los secuestradores traerá beneficios inmediatos, pero podría dar lugar en el futuro a nuevos episodios. En el ámbito de la economía, el dilema se aplica a las políticas de reducción impositiva para estimular inversiones. En cuanto el capital, incentivado por el subsidio, se instala, entonces lo “óptimo” para el Gobierno será quitar el beneficio prometido a fin de recaudar más impuestos. El fallo de la estrategia es que, en el futuro, pocas empresas reaccionarán a la política de subsidios inicial, afectando la inversión de largo plazo. Un caso claro de inconsistencia temporal.
La adaptación de este concepto a la negociación de la deuda es automática. Un país se endeuda y promete pagar, pero una vez que le prestaron, podría convenirle renegociar su devolución. Si se insiste con esta estrategia, a la larga al país le costará más caro endeudarse, o en el límite no podrá hacerlo en absoluto.
El argumento es impecable, pero incompleto. Cuando se trata de macroeconomía, la política de reglas versus discrecionalidad y la inconsistencia temporal no puede aplicarse únicamente a una porción de los actores económicos involucrados. En este caso, los perjudicados por la discrecionalidad serían los acreedores, pero en un país ellos no son los únicos a los cuales se les deben respetar las reglas para no incurrir en inconsistencias.
El pago de la deuda tiene como contrapartida la necesidad de generar superávits fiscales, para lo que suele recomendarse una reducción del gasto público. Pero en la práctica, casi dos tercios del gasto público nacional del país corresponden a gasto social, lo que incluye seguridad social, educación, salud y planes de asistencia. A cada uno de estos rubros le corresponde una regla que la sociedad considera procedente. Los jubilados reclamarán basándose en un argumento similar al de los bonistas: el compromiso del Estado luego de muchos años de trabajo y aportes. La educación, definida discursivamente como “inversión”, también puede interpretarse como la regla social que se comprometen con el futuro y la equidad de una Nación. Y los planes de asistencia y promoción social establecen una regla ética, la más de las veces implícita, que procura compensar muchos avatares, entre ellos el azar de haber nacido en un contexto vulnerable.
Por lo tanto, la discusión en una crisis no puede ceñirse a elegir entre reglas y discrecionalidad para un subconjunto de actores con capacidad de llegada a la opinión pública. El resto de la sociedad también reclama para sí que se le respeten sus propias reglas, que a veces no se hallan blindadas en un contrato privado, pero forman parte ineludible del contrato socialdemocrático.
Es cierto que, llegados a un punto límite, la sociedad debe decidir con inteligencia a qué actores privilegiar, porque cerrar filas con una estrategia cortoplacista podría significar condenar a toda la economía al fracaso. Pero presentar los dilemas presentes en la estrategia con los acreedores como si fuera un capricho discrecional, fruto del desconocimiento teórico y de la viveza criolla, es ignorar las enormes restricciones que hace muchas décadas afectan a la economía argentina, relacionadas con compromisos públicos desmedidos tanto de deuda externa como interna.
