Por Dolores Martínez Diputada Nacional (CABA-Evolución UCR) y exDirectora de Modernización Parlamentaria (2016-2019)
En 1983, en julio, un diario local de India, de poca circulación, publicaba: “El SIDA puede invadir India”. Esto sucedía en el contexto de la aparición de una nueva enfermedad de la que en 1981 sólo se habían reportado 270 casos globalmente. La ausencia de información pública abrió así la posibilidad para uno de los casos de desinformación más conocidos, la “operación infektion”.
Aquel titular en India no sería sino el inicio de una operación mediática llevada adelante por la KGB que comenzó a reproducir la información, sumando datos falsos, perfeccionándola, alegando que el virus era una creación de un laboratorio de Estados Unidos y que su objetivo era afectar a las minorías. Resultó, en retrospectiva, un éxito. Según un estudio de 2005, el 50% de los afroamericanos creían que el virus había sido creado por el hombre y el 15% que era una forma de genocidio contra las minorías.
La difusión de información falsa que busca erosionar la confianza pública, alterar hechos y explorar y explotar vulnerabilidades con un fin específico, como si fuese un arma en algunos casos, tiene muchos años en sus espaldas. Por su parte, el llamado “papel de los medios” tampoco es una novedad. Por ejemplo, se le adjudica a Napoleón haber dicho “cuatro periódicos hostiles son más de temer que mil bayonetas” y, por estas latitudes a Roca: “Y usted sabe que este pueblo se gobierna y tiraniza con los diarios».
Sin embargo, lo que estamos enfrentando va más allá y presenta un peligro latente para las relaciones que sustentan la vida democrática, el vínculo de las instituciones con la sociedad; de los representantes con sus representados.
El caso de la “operación infektion” está lejos de ser el primero pero sí ejemplifica, con claridad, cómo la información puede manipularse a lo largo del tiempo y como el fenómeno de las noticias falsas y la desinformación no están necesariamente relacionadas con la inmediatez. A esa maduración, que en el caso llevó años, hoy le llega la velocidad de la mano del advenimiento de Internet y, en particular, de las redes sociales.
Con la popularidad y la democratización del acceso se produjo el quiebre de un paradigma de largo aliento, pasando de la intermediación de la información por parte de lo que hoy llamamos medios tradicionales a la producción atomizada. Esta intermediación institucional ha entrado en tela de juicio, poniendo a la creación y distribución de información y a todo un sistema en crisis.
Como consecuencia, se ha minado la confianza en los expertos y en su experiencia y se ha iniciado una carrera por apropiarse del relato y por ser portador de nuevas verdades. A su vez, el volumen de información ha aumentado exponencialmente: todos podemos ser productores y distribuidores de información. El tiempo que pasamos en línea aumenta, pero también el volumen de información a procesar.
La personalización de contenidos ha creado cámaras de eco en una sociedad polarizada en la que la información circula en distintas redes que cada vez se solapan menos. Esto es campo fértil para que la desinformación circule sin control. El diccionario Oxford declaró “post-truth” (posverdad) palabra del año 2016 y en 2017 volvió a hacer lo mismo con “fake news”.
¿Cuál es el riesgo? Por un lado, van perdiendo peso los hechos y proliferan las interpretaciones. Como expuso el politólogo Ernesto Calvo, “las redes alimentan la polarización, al tiempo que se ven alimentadas por eso, además producen un discurso intolerante.” Por otro lado, si desconfiamos de todo, vamos a ser más propensos a ignorar los hechos. Según el Digital News Report de 2018, seis de cada diez argentinos expresa preocupación por no poder diferenciar lo que es cierto y lo que es falso en Internet.
En Argentina, según la Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2017, 80% de los habitantes utiliza Internet, 63,4% tiene acceso desde su casa y 35% participa activamente de las redes sociales haciendo comentarios. De acuerdo a un informe de la plataforma Hootsuite, Facebook tiene 32 millones de usuarios activos mensualmente, Instagram tiene 16 millones de usuarios y Twitter, 4.2 millones.
Entonces, si informarse de forma completa resulta un trabajo en sí mismo, un esfuerzo, ¿qué es lo que se puede hacer desde las instituciones para contrarrestar este proceso?
Primero, ser conscientes de que a la desinformación siempre se la corre desde atrás, tratar de alcanzarla es prácticamente imposible. El esfuerzo debe poner foco en posicionarse con innovación y buenas prácticas; con iniciativas, leyes y políticas públicas que involucren la participación de todos los actores.
Segundo, cómo regular el conflicto entre censura y libertad de expresión. En junio 2017, el Parlamento alemán aprobó una ley que incluye una cláusula ponderando multas a sitios tan populares como Facebook y YouTube. Este parecería ser un camino, que terceriza el rol censor. Sin embargo, como sostuvo Adriana Amado en el encuentro “Libertad de Expresión para la sociedad en Red”, organizado por la diputada Karina Banfi: “Ultimamente oímos hablar mucho de las fake news, pero no es el principal problema de las redes sociales. El desafío es encuadrar el discurso de los fanáticos sin caer en la censura”.
El tercer punto es en el cual debemos comprometernos como Estado y hacer uso de las leyes de acceso a la información pública disponibles. Para fortalecer nuestra resiliencia democrática es clave que la información sea pública, transparente y sea presentada en un formato dinámico y de fácil acceso para contrarrestar el esfuerzo individual para informarse.
En los últimos años, tanto la Unión Europea como la OEA han desarrollado guías de políticas públicas para paliar la situación y espacios como ParlAmericas han hecho del tema de la desinformación el foco de sus encuentros. Como directora de Modernización de la Cámara de Diputados de la Nación, promovimos el uso de datos abiertos y la apertura a la sociedad para hacer más atractiva y accesible la información que allí se produce.
El fenómeno de la desinformación tiene la capacidad de sacudir la fundación de nuestras democracias, pero es con innovación que las instituciones deben recuperar la confianza de la ciudadanía, facilitando el acceso a información abierta, clara y transparente.
