Por Jorge Colina Economista de Idesa
La renegociación de la deuda pública exige tener un plan de mediano plazo de ordenamiento del sector público. Para los acreedores, más importante que las quitas o los plazos de diferimiento, es tener alguna certeza de que el Estado Nacional generará un excedente primario, tanto para pagar los intereses de la deuda como para no seguir endeudándose.
En la formulación de ese plan, puede servir analizar la experiencia del anterior Gobierno. En 2017, cuando todavía no se había desatado la crisis, el déficit primario total era de 3,8% del PIB, de los cuales el déficit previsional era de -1,7% y el déficit primario restante de -2,1%. En el 2018 se desata la crisis y se plantea, entonces, llegar al 2019 con la meta del “déficit primario cero”.
En el 2019, la meta no se cumplió. El déficit primario finalmente fue 0,5% del PIB. De todas formas, esto no es lo más importante. Lo más relevante es que tomando los ingresos y gastos primarios, excluyendo los que corresponden a jubilaciones y pensiones, el resultado primario era superavitario en 0,9% del PIB. Lo que no permitió alcanzar la meta de “déficit primario cero” fue el déficit previsional que bajó muy poco a -1,4% del PIB.
Además ese poco que bajó era transitorio porque se basó en licuar gasto previsional con inflación. Mientras los ingresos salariales y tributarios asignados al sistema previsional subían con la aceleración de la inflación, el gasto previsional aumentaba con seis meses de retraso, ya que así lo estipulaba la fórmula de movilidad del anterior gobierno. Este atraso en el valor real de las jubilaciones trajo mucho malestar entre los ancianos.
La experiencia fallida del “déficit cero” del anterior Gobierno estaría indicando dos cosas.
La primera, es que para lograr el equilibrio de las cuentas públicas hay que abordar una reforma previsional.
La segunda, es que con la regla de movilidad no se va a lograr un equilibrio previsional. Tratar de generar ahorros por la vía de licuar jubilaciones, aunque sea sólo a los de mayores haberes, no es sostenible porque ni la sociedad, ni la Justicia lo tolera.
¿Qué reforma se necesita?
La reforma necesaria está lejos de implicar reducción de haberes. De lo que se trata es de ordenar las reglas del sistema para que el gasto previsional no siga creciendo empujado por las inequidades.
Una primera gran inequidad estructural es la proliferación de regímenes especiales que permiten a la gente jubilarse antes de la edad general (65 para los varones y 60 para las mujeres). Un primer paso a favor de la sustentabilidad es unificar las edades de todos los regímenes jubilatorios al régimen general. El gobierno dio una primera señal con el régimen especial de magistrados, que debería ser extensivo a todos los regímenes especiales.
Luego, como hacen los países mejor organizados, ir ajustando gradualmente la edad jubilatoria del régimen general con el envejecimiento de la población. En Argentina se estima que la expectativa de vida crece un año por década. Con sólo estipular que la edad jubilatoria aumenta un mes por año ya es suficiente para que se mueva al ritmo que se mueve el envejecimiento poblacional.
En el caso de la edad de las mujeres, no es urgente subirla de 60 a 65 años en lo que es el régimen contributivo, es decir, mujeres que se jubilan con aportes, sin las moratorias. Estas mujeres hoy están posponiendo voluntariamente su retiro y se están jubilando, en los hechos, a los 64 años. Las que se jubilan a los 60 años son las que lo hacen con las moratorias. Dado que las moratorias son jubilaciones sin aportes, corresponderían que la edad jubilatoria para las moratorias sea 65 (como lo es actualmente la Pensión Universal para el Adulto Mayor ?PUAM?, que vino a reemplazar a las moratorias, pero el anterior gobierno dejó funcionando ambos esquemas).
Otra falla del sistema previsional que es muy costosa es la acumulación de la jubilación por vejez con la pensión por sobrevivencia cuando el cónyuge muere. Se debería poner un tope de monto para la acumulación. Supóngase que se pueda acumular jubilación y pensión hasta $30.000 (o sea, 2 jubilaciones mínimas) en la suma de ambos beneficios. Esto no implica desprotección para las personas con bajos haberes y elimina la inequidad de personas que cobran doble beneficio por montos mucho más elevados que dos jubilaciones mínimas.
Estas reformas son algunas de las muchas que hay que abordar en el sistema previsional argentino. Como se observa, no son ningún ataque a los jubilados. Por el contrario, son reglas que viene a reparar fallas regulatorias del sistema, las cuales generan mucha inequidad y creciente inconsistencia financiera. Además, se aplican a futuro respetando derechos adquiridos.
Con una reforma de este tipo, entonces, se podría convencer a los acreedores externos de que se está trazando a futuro una senda de sustentabilidad fiscal. De esta forma, será mucho más fácil convencerlos de que acepten quitas y reprogramaciones de pagos hasta que el principal generador de déficit fiscal ?el sistema previsional? se acomode.
