Tal como se venía previendo en los últimos días, el Gobierno sigue avanzando en su decisión de su aumentar las retenciones por exportación al sector agrícola. El Ministerio de Agricultura dispuso cerrar desde ayer a las 00:00 horas y hasta nuevo aviso el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior para este sector. De esta manera, el Gobierno busca evitar que las empresas adelanten sus operaciones y logren eludir los posibles incrementos sobre las retenciones que se avecinan.
Al respecto, se espera un incremento de tres puntos porcentuales para la soja y sus derivados, pasando del 30% actual al 33% las alícuotas a los derechos de exportación, y del 12% actual al 15% para el caso del trigo y el maíz. Esta situación, claramente, fue rechazada por el sector, que además advierte por los efectos negativos que traería.
“La suba de los derechos de exportación y la implementación del impuesto PAIS van en contra del desempeño exportador que Argentina necesita para volver a crecer. Si el Estado se queda con el 33% de una tonelada de soja del productor agropecuario por derechos de exportación y le quita 30% adicional porque el exportador liquida al tipo de cambio oficial (el productor agropecuario recibe pesos), conduce a una exacción de 53% antes de todos los demás impuestos”, indicó ante El Economista la consultora económica Rosario Campos.
De esta manera, de acuerdo con la especialista, se eliminan la rentabilidad y los incentivos a invertir en actividades transables. “Resultado: caerá el área sembrada y la producción de la principal actividad transable de Argentina”, advirtió Campos, al tiempo que resaltó que en el resto del mundo (Europa, Estados Unidos y América Latina) el Estado apoya a la producción agropecuaria en lugar de castigarla.
“En el período 2016-2019, el campo demostró lo que puede hacer cuando le sacan el pie de encima. Los records de producción en trigo y maíz fueron la respuesta de los productores agropecuarios a la morigeración de políticas con sesgo antiexportador previas, a pesar de las sequías y la difícil situación macroeconómica. La eliminación de la represión cambiaria y la reducción de las trabas (eliminación de ROE y reducción de derechos de exportación) fueron medidas correctas”, afirmó.
Por su parte, David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), señaló que el debate debe girar en torno a cómo salir de la crisis que afronta el país, si es con más impuestos o es con más producción, empleo y exportaciones. “Las dos al mismo tiempo son incompatibles. Los derechos de exportación generan menor producción, mayor complicación para quienes son más chicos y para quienes producen más”, aseguró Miazzo.
De acuerdo con Fada, en diciembre, con una tasa de 30% en los derechos derechos de exportación sobre la soja, la participación del Estado en la renta fue de 64,5%. Con un alza de tasa al 33%, la participación sería de 67,6%. A esto se suma que que en diciembre el precio de la soja en valores FOB era de US$ 369 y actualmente está en US$ 350. Por lo tanto, con la caída del precio y la suba de los derechos de exportación, la participación del Estado sobre la renta de la soja aumentaría a 68,4%.
Respecto a la recaudación que implicaría esta medida, Miazzo señala que con exportaciones promedio de US$ 15.500 millones del complejo de soja, los tres puntos porcentuales que implementaría el Gobierno generarán US$ 465 millones de recaudación extra. De esta manera, con recursos estimados en poco más de $ 3,9 billones para este año, que serían unos US$ 56.000 millones (estimando el tipo de cambio a $ 70 por dólar), el impacto de esta medida que afecta al sector sería de apenas 0,8% sobre la recaudación de 2020. Las estimaciones de Néstor Roulet (ver tabla) son más altas.
“Con la suba de los derechos de exportación al 33% sobre la soja, la provincia de Córdoba, suponiendo una cosecha de 14 millones de toneladas a un precio FOB de US$ 350, pierde unos US$ 147 millones por menores ingresos”, resaltó Miazzo. Ese monto, con un tipo de cambio oficial a $ 60 por dólar al momento de vender, representa $ 8.820 millones, lo que implica un valor superior a la recaudación del inmobiliario, según indicó el especialista.
“Nueva traición”
A partir de la difusión de la noticia de ayer, el sector manifestó su preocupación. Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresaron que en un comunicado, titulado como “Una nueva traición”, que la medida del Gobierno “sorprende y deja una profunda sensación de engaño, porque mientras se espera para dialogar, se toman decisiones que no tiene retroceso, de lo contrario no se explica el cierre de un mercado”.
“Reiteramos nuestra voluntad de diálogo, pero también advertimos que queremos ser respetados. No permitiremos ni engaños ni dilaciones. La presión fiscal es insostenible, lo saben quienes producen y quienes recaudan. Por tanto, es tiempo de tratar al sector productor sin chicanas y sin falsas reuniones sobre decisiones ya tomadas”, afirmaron.
Al final, añadieron que aguardan “la racionalidad de quienes gobiernan para no caer en situaciones ya transitadas y que oscurecen el futuro económico del país”. Para hoy, está prevista una reunión entre los representantes de las entidades que conforman la Mesa de Enlace y el ministro de Agricultura, Luis Basterra.
