Debe gestionarse con eficiencia el gasto que se destina a los pobres

5 de febrero, 2020

Por Jorge Colina Economista jefe de Idesa

 

En el último número de la revista inglesa The Economist aparece una nota sobre la inequidad del gasto público y la pobreza en Brasil. Parte señalando que, desde que asumió Bolsonaro, las altas al programa Bolsa Familia (que vendría a ser la Asignación Universal por Hijo argentina) se redujeron desde 275.000 a 2.500 por mes por lo que hay más de 700.000 familias en lista de espera y 1 millón que dejaron de recibir este plan social. Según la revista, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, un reconocido liberal ortodoxo, señaló que en Brasil se está combatiendo la pobreza de una manera diferente a como se venía haciendo. Bajando el gasto público, en general, y el asistencial, en particular, se eliminará el déficit fiscal, lo que reducirá la deuda pública, con ello la tasa de interés y así renacerá el crecimiento económico lo que traerá más empleos. De esta forma, dice Guedes, los pobres estarán mejor porque recibirán empleos, no planes asistenciales.

 

En Argentina, esa visión está mucho más matizada. Sin desconocer que el camino es el de bajar el déficit fiscal, hacer sostenible la deuda para bajar la tasa de interés y así recrear el crecimiento económico y los empleos, en general, el consenso gira también en torno a que la reducción del gasto público no puede ser hecha en la parte que atiende a la pobreza. En este sentido, en Argentina difícilmente se optaría por quitar transferencias monetarias a los pobres en pos a un ordenamiento fiscal. Lo cual está bien.

 

Sin embargo, en Argentina, en la férrea defensa por los recursos públicos de los pobres, se tiende a caer en el facilismo de ignorar cuestiones de equidad, eficacia y eficiencia en la distribución de dichas ayudas. Un claro ejemplo en este sentido es el Plan Argentina Contra el Hambre que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

 

A partir de un diagnóstico (correcto) de que hay muchos hogares donde los ingresos no alcanza para una alimentación suficiente y pertinente, se propuso y se está ejecutando la distribución entre familias con hijos de hasta 6 años, que estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), de otra tarjeta de débito que sólo puede ser destinada a comprar alimentos y artículos de limpieza. Esta iniciativa tuvo amplia aceptación y simpatía. Pero las preguntas que caben hacerse son varias. ¿El Estado no asignó ningún presupuesto contra el hambre hasta ahora? ¿Es nuevo este Plan Argentina Contra el Hambre?

 

Lo mejor es remitirse a los datos. Según los presupuestos anuales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se observa que en el 2002, en plena crisis social, se crearon los planes alimentarios con un presupuesto de $14.000 millones por año a precios actuales. En el 2019, en otra crisis social, el presupuesto asignado a estos planes alimentarios sigue siendo de $13.000 millones. En el medio, entre el 2002 y el 2019, el Ministerio de Desarrollo Social nacional asignó en promedio $17.000 millones por año a precios actuales. Es decir, el Ministerio de Desarrollo Social nunca dejó de asignar un flujo estable a la atención del hambre en Argentina.

 

¿Por qué entonces se llegó a la emergencia alimentaria? Porque asignar recursos es necesario, pero no suficiente. También hay que gastar esos recursos de manera equitativa y eficaz (que llegue a los que realmente no tienen para comer) y eficiente (al menor costo administrativo posible). Aquí es donde estuvieron las fallas.

 

Se sabe que buena parte de los recursos del Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2002 hasta el 2019 se canalizaron de manera discrecional, arbitraria y desordenada, entre organizaciones piqueteras, algunas muy movilizadas, otras más pacíficas, a comedores y huertas familiares en zonas vulnerables, aunque sin mucho control de su destino, a transferencia a familias que se presumían de bajos ingresos, aunque no necesariamente indigentes (que son lo que por definición no les alcanza para comer). No se conocen estudios de impacto que demuestren que los $17.000 millones gastados por año en planes alimentarios entre el 2002 y el 2019 llegaron efectivamente a gente que realmente no tenía para comer. Menos estudios hay que cuantifiquen cuántos de esos recursos se filtraron a financiar organizaciones o a gente que, sin dejar de estar en estado de vulnerabilidad, no estaba en situación de inseguridad alimentaria.

 

En este sentido, el Plan Argentina Contra el Hambre no tiene nada de original. Copia los mismos vicios que se venían dando. Por el lado de la baja equidad y eficacia, se distribuye a gente que ya recibe la AUH con niños menores de 6 años, pero sin analizar si están en situación de inseguridad alimentaria o no; es más, se puede estar dando dinero a familias con hijos menores de 6 años que no están en situación de inseguridad alimentaria y dejando fuera a familias con hijos mayores de 6 que sí lo están. Por el lado de la ineficiencia, se entrega otra tarjeta de débito, a través de municipios y organizaciones sociales afines, cuando sería mucho más simple y económico –desde el punto de vista administrativo y del tiempo y comodidad de los beneficiarios– colocarles el dinero en la cuenta donde ya reciben la AUH.

 

El modelo brasileño de hacer el ordenamiento fiscal bajando el gasto público de los pobres está mal. Pero asignar gasto público para aliviar la pobreza sin consideraciones de equidad, eficacia y eficiencia también está mal. Repetir los errores de gestión del pasado sólo puede asegurar que la inseguridad alimentaria seguirá siendo una materia pendiente.

 

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