Por Daiana Fernández Molero Economista y ex subsecretaria de Programación Microeconómica
Hace un par de semanas, un artículo periodístico demostraba que aún con la devaluación y el impuesto del 30% a los consumos en el exterior, seguía conviniendo comprar ropa y electrodomésticos en Chile. Es que los argentinos pagamos más por algunos productos de lo que se paga en el resto del mundo y lo sabemos. Lo saben los que viajan al exterior o los que no viajan pero aprovechan el viaje de una amigo o familiar para hacerles un pedido. Lo saben los que tienen tarjeta de crédito y se encuentran pagando una remera en 18 cuotas. Los que por ahí no lo saben son las principales perjudicados, los que tienen menos recursos. Son los consumidores plenamente cautivos. Los que no viajan ni tienen tarjetas para financiar sus compras, los que tienen que endeudarse con un prestamista a tasas usureras para comprar un pequeño electrodoméstico.
Pero lo importante, ¿sabemos por qué pagamos más? El costo argentino no ayuda: elevados impuestos, burocracia excesiva, costos logísticos y cargas laborales. Pero eso afecta a todos los sectores y productos de manera transversal, no explica el excesivo diferencial de precios para algunos productos en particular. Es que un gran componente del costo argentino, del que no se habla lo suficiente, son las barreras al comercio exterior. Argentina es parte del Mercorsur, un bloque comercial que tiene aranceles altos a la importación. El arancel promedio del Mercosur es 14%, mientras que en Chile, Colombia y México es en torno al 6% y en EE.UU., Unión Europea y Australia del 4%. Los productos de los que hablábamos: ropa, calzado, celulares y electrodomésticos, tienen en su gran mayoría el máximo arancel de 35% y, además, están alcanzados por Licencias No Automáticas, que hace que la importación de esos productos sea muy engorrosa. En definitiva, son productos que están sumamente protegidos de la competencia externa y por ende tienen a disposición la posibilidad de cobrar precios altos a consumidores cautivos.
Hay algunos empresarios favorecidos porque no tienen que competir, algunos empresarios perjudicados porque tienen que importar insumos caros, consumidores empobrecidos y una economía menos competitiva en general.
El siguiente interrogante es a quien beneficia esta política de protección. Evidentemente no al consumidor, y menos a los consumidores con menos recursos. Tenemos menos variedad, menos calidad (a igualdad de precios) y precios más caros. Además, muchos de esos productos son más que meros bienes de consumo: un celular, una computadora y otros bienes tecnológicos son también herramientas de trabajo y medios de inclusión financiera y culturales. Pero es un problema que va más allá del consumidor. Nuestro esquema arancelario, a diferencia de lo que ocurre en otros países, fija aranceles de importación elevados no sólo para bienes finales, sino también para insumos intermedios. Esto hace que producir en Argentina sea más costoso y que nuestros productos sean más caros y menos competitivos. Resumiendo: hay algunos empresarios favorecidos porque no tienen que competir, otros perjudicados porque tienen que importar insumos caros, consumidores empobrecidos y una economía menos competitiva en general.
Por último, ¿vale la pena el esfuerzo que hacemos como sociedad para mantener el actual sistema de protección? Muchos países se plantearon esta pregunta. A mí me parece muy interesante la manera en que Australia encaró esta discusión. Lo hizo con datos, con transparencia y, fundamentalmente, con prudencia. En primer lugar, se estudiaron los costos y beneficios que implicaba mantener protegidos a distintos sectores de la economía. Esos datos fueron públicos y ayudaron a que se diera un debate informado. Empresarios, consumidores, trabajadores y sindicatos, por escrito y abiertamente, dejaron sus comentarios, sugerencias y preocupaciones. Por último, se pensaron políticas de transformación productiva y de asistencia para atender los problemas de empleabilidad que iban a surgir en el corto plazo: con el foco en los empleados y no en el empleo. Es decir, no cuidaban al empleo de un sector en particular, se preocupaban en cuidar a la persona y darle las herramientas para que pudiera insertarse en otros sectores o actividades de la economía.
Cuestionar los beneficios del actual esquema de protección comercial no es ser un antiindustria ni un neoliberal. Tampoco se debe estigmatizar sectores, dentro de los cuales conviven diferentes actividades, muchas que no requieren de los consumidores cautivos y que, paradójicamente, en muchos casos también terminan siendo víctimas de la estructura arancelaria que les impide abastecerse de insumos a precios razonables. En Argentina parece que nunca es el momento para hablar de estos temas y para evitar poner el foco sobre la política comercial se alerta sobre los posibles empleos en riesgo, donde los trabajadores terminan siendo rehenes de una negociación, o culpando solamente al esquema impositivo, logístico o burocrático. Sin embargo, entre 2015 y 2019 la presión impositiva se redujo en un monto equivalente al 3% del PIB: del 31,5% al 28,4% del PIB. Eso se logró, entre otras cosas, bajando impuestos al trabajo, ganancias y retenciones. También se hizo un Consenso Fiscal al que adhirieron 22 provincias en el que se acordó la reducción de impuestos provinciales a la actividad y la eliminación de aduanas internas. Al mismo tiempo, se simplificaron normas y se digitalizaron procesos burocráticos. Muchos de estos avances se empezaron a revertir hace unos meses, pero los mismos que hablan del costo argentino quedan callados cuando se da marcha atrás con medidas que claramente bajaban ese costo. Argentina no puede seguir postergando este debate y tenemos que poder hacerlo con datos, de forma transparente, sin prejuicios y sin etiquetas.
