Ajuste jubilatorio: señal para la negociación de la deuda, según Elypsis

17 de febrero, 2020

Fernández Jubilados

A partir de marzo, los jubilados y pensionados percibirán un aumento en sus haberes. Con la fórmula de movilidad que implementó el Gobierno anterior en 2017 y que suspendió el Gobierno actual, les habría correspondido a todos los jubilados y pensionados un aumento de 11,56%. Con el incremento que anunció el presidente Alberto Fernández la semana pasada, los que perciben la mínima tendrán un alza de casi 13%, es decir, 1,4% por encima de la fórmula anterior, lo que significa sólo $ 197 más.

 

En tanto, el resto de los jubilados y pensionados recibirá mucho menos de lo que correspondía con el esquema anterior. Mientras mayor sea el monto percibido, menor será el incremento. La escala contempla aumentos desde 9,8% para los beneficiarios que actualmente perciben $ 20.000 hasta 3,8% para quienes hoy perciben más de $ 103.000. De esta manera, el Gobierno acható la pirámide. Sin embargo, el Presidente apuntó contra los medios diciendo que “intentan instalar una falsa idea de ajuste”.

 

“Del análisis de los números surge que la decisión de suspender la movilidad fue más una señal de cara a la renegociación de la deuda que un mecanismo para generar un ahorro fiscal”, señalaron desde la consultora Elypsis, que estiman que dicho ahorro que promete ser magro, además de temporario, teniendo en cuenta los eventuales juicios futuros, que podrían derivar, como en el pasado, en un elevado costo fiscal, según advirtieron.

 

Según Elypsis, a pesar de que la suspensión de la movilidad recorta los ingresos de 2,7 millones de beneficiarios y otorga aumentos a los perceptores de la jubilación mínima, que la consultora considera muy poco significativos ($ 197), el ahorro fiscal de medida es bajo.

 

“En nuestra opinión, es insuficiente para justificar una medida con altos costos contingentes. En línea con las estimaciones oficiales, creemos que el impacto fiscal será marginal: un ahorro de apenas $ 3.500 millones por mes ($ 10.500 millones en el trimestre: 0,03% del PIB), equivalente a una cuarta parte del costo que tuvieron los dos bonos de AR$ 5.000 dispuestos en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva”, afirmó Elypsis.

 

De acuerdo con el análisis, respecto a los jubilados que “ganan” con esta medida, “la cantidad de beneficios no coincide con la cantidad de beneficiarios, dado que estos últimos pueden ser titulares de más de una jubilación (distorsionando el achatamiento de la pirámide previsional, ya que se beneficia a personas que, con dos haberes, están por arriba del ‘umbral’ de $ 16.199)”.

 

“Por ejemplo, el porcentaje de beneficiarios que recibe una jubilación mínima es el 49% del total, mientras que el porcentaje de prestaciones mínimas sobre el total de prestaciones asciende al 63%”, indicó la consultora, y señaló que el monto adicional que percibirán los jubilados y pensionados de la mínima ($ 197) supone para el Tesoro Nacional una erogación extra de de $ 900 millones mensuales.

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Los jueces rechazan la modificación en jubilaciones de privilegio

 

El viernes, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior, lo que abarca a 8.000 personas con haberes promedio de entre $ 235.000 y $ 335.000 pesos por mes. El documento contempla un aumento gradual en la edad jubilatoria, pasando de 60 a 65 años. La iniciativa no fue bien vista entre los jueces. “Es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata tampoco de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses”, advirtió Ricardo Recondo, recientemente nombrado vicepresidente del Consejo de la Magistratura y que hasta la semana pasada titular del cuerpo.

 

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Idesa: “El desorden previsional, causa de la decadencia”

 

Los cambios anunciados por el Gobierno son “parciales y acotados”, dice Idesa, y agrega que “seguirá siendo la inflación la encargada de controlar el gasto previsional licuando los haberes”. La receta de Idesa es más ambiciosa. “Eludir una reforma integral viene siendo una continuidad en los sucesivos gobiernos. Esto pone en evidencia que no hay conciencia de que el desorden previsional es la principal causa de la decadencia de Argentina. Para salir de esta involución es necesario abordar una agenda más estructural, que incluya, como mínimo, unificar las edades de retiro en todos los regímenes y ajustarla automáticamente al envejecimiento; tomar los 30 años de salarios para el cálculo del haber inicial; limitar la duplicación de beneficios previsionales y perfeccionar la PUAM”, dice y advierte que el ahorro logrado con la suspensión de la fórmula será luego compensada con los futuros juicios.

 

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