Para bajar la pobreza, hay que ordenar el Estado

8 de enero, 2020

POBREZA Estado

Por Jorge Colina Idesa

 

Que un tercio de la población sea pobre en Argentina no es algo nuevo. Tampoco es una herencia de los ’90 o de la crisis posconvertibilidad, cuando la pobreza llegó al 55%. Ya en la década de los ’80, cuando el país retornaba a la democracia, la pobreza ya era del 31%. Esto era producto de las altísimas tasas de inflación de aquella época. Los años en los que más pudo bajar fueron 1998 y 2006, cuando oscilaba en 26% de la población. Luego vinieron los años del oscurantismo en el Indec hasta el 2016 cuando se normaliza la medición. Pero, en definitiva, desde la recuperación de la democracia la pobreza en Argentina osciló alrededor del 30%.

 

Lo que sí puede ser una novedad es que estos altos y persistentes niveles de pobreza se dan independientemente de que el gasto público total (o sea, el de la Nación, las provincias y los municipios) no ha dejado de crecer. Según estimaciones que hace el Ministerio de Economía sobre el gasto público consolidado (es decir, de los tres niveles de gobierno), el gasto total pasó entre la década de los ’80 hasta la actualidad desde el 25% a más del 35% del PIB, aproximadamente. Incluso el que más creció fue el gasto social.

 

¿Cómo se explica que la pobreza se mantenga alta cuando el Estado gasta cada vez más plata?

 

El principal motivo es que el aumento del gasto público no necesariamente llega a los más pobres.

 

Por caso, desde la década de los ’80 hasta hoy el gasto que más creció es el previsional, que pasó desde el 5% al 12% del PIB. El gasto previsional tiende a favorecer fundamentalmente a las personas de ingresos medios y altos. Esto se explica, primero, por los regímenes especiales que pagan jubilaciones elevadas a determinados colectivos de trabajadores; segundo, por el desorden provocado por las moratorias previsionales que distribuyeron 3,6 millones de jubilaciones contributivas sin la correspondiente exigencia de aportes, beneficiando a mucha gente que no era pobre; tercero, por la masiva duplicación de beneficios que están provocando las moratorias ya que 1,2 millones de jubilados tiene jubilación y pensión a la vez y está duplicación sigue creciendo.

 

Sin entrar a considerar cuestiones de “justicia” de las medidas previsionales anteriormente señaladas, lo cierto es que no llegan a los pobres. Entonces, el principal motor de crecimiento del gasto público (que es el previsional) no favorece a los pobres. Esta es una de las causas por las cuales el gasto público sube y la pobreza persiste.

 

Otra causa: el desorden funcional del sector público. En Argentina, por ser un país federal, el gasto público social en educación básica, salud pública y asistencia social debe ser financiado y ejecutado por las provincias y los municipios.

 

Sin embargo, la Nación se entromete en estas funciones y termina duplicando el gasto público. El mejor ejemplo en este sentido es el reciente plan contra el hambre del Ministerio de Desarrollo Social que se inmiscuye en responsabilidades de asistencia social que son de las provincias y municipios, o la emergencia sanitaria que reafirma la vocación del Ministerio de Salud nacional de repartir insumos, medicamentos, etcétera, en los hospitales públicos que son propiedad de las provincias y municipios.

 

A esta altura alguien puede estar pensando que es mejor que la Nación “ayude” a las provincias y municipios. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Porque no es que los recursos adicionales de la Nación implican un “ahorro” de gasto público para las provincias y municipios, sino que implican un “desvío” de fondos de asistencia social o de salud de las provincias y municipios hacia otros fines. Por eso el gasto público se duplica.

 

Estas interferencias de la Nación en responsabilidades provinciales y municipales no solucionan los problemas. La idea de repartir plata desde la Nación a los pobres con vales (antes) o tarjetas (ahora) alimentarias viene desde hace veinte años y demostró que no reduce la pobreza. La idea de repartir insumos y medicamentos desde la Nación hacia los hospitales provinciales y municipales viene también desde hace veinte años y los hospitales no funcionan mejor (de hecho, ni siquiera hay datos sobre qué destinos tuvieron esos productos médicos que desde la Nación se reparten entre las provincias).

 

¿Quién es el culpable entonces de que suba el gasto público consolidado y la pobreza se mantenga alta? ¿La Nación? ¿Las provincias? ¿Los municipios? No se sabe. Porque hay un gran desorden funcional en los tres niveles de gobierno.

 

Por eso, para que el gasto público reduzca la pobreza hay que ordenar el Estado. El ordenamiento tiene que ser impositivo, para unificar tributos de los tres niveles de gobierno y así darle viabilidad al objetivo de bajar impuestos sin perder recaudación; previsional, para darle mayor equidad y sostenibilidad al mayor gasto público que son las jubilaciones y funcional, apuntando a que los tres niveles de gobierno no se superpongan en las políticas públicas que ejecutan.

Dejá un comentario