Por Carlos Leyba
Una década que termina. Gobierno nuevo. Invitación a identificar los grandes desafíos postergados.
Centrar la conversación en cómo mejorar el presente, pero sin postergar la definición del país que deseamos. Gobernar el presente, no ser gobernados por él.
Que mejorar el presente no agote la imaginación para diseñar el futuro. Poner todo en claro. Hacer el inventario.
Poner en orden, enlistar las prioridades. Repartir las cargas.
De eso se trata la conversación política que da lugar al consenso social. No es al revés. No es cierto que el único consenso posible sea acerca de las reglas.
La caja de cambios del vehículo es una regla. Pero es imposible avanzar si el próximo elegido decide poner marcha atrás o cambiar el rumbo.
Las reglas, imprescindibles, son insuficientes para un proyecto para detener la decadencia y construir una Nación. Necesita de un consenso sobre prioridades y orientaciones. Un consenso se construye.
Para construirlo es imprescindible la amistad política, para darle “común” al sentido, eso es “consenso”. Para lograr la amistad hay que arar terreno endurecido, sembrar semilla de concordia, fertilizar e invertir tiempo: eso es cultivar.
La política, los hombres de partido, los intelectuales, hace años que han abandonado el pensar y dialogar sobre las prioridades. No siempre fue así. Pero hoy no son las propuestas políticas las que anuncian prioridades. En nuestra práctica, son las urgencias del presente las que establecen prioridades
Nadie duda que la pobreza, que afecta a la mitad de los niños argentinos, es la primera prioridad interna. Tampoco nadie debería dudar que negociar los compromisos financieros externos es la primera prioridad, digamos, exterior.
El reciente compromiso, firmado a sus instancias por el Gobierno Nacional, sectores empresarios y organizaciones sociales, ha reconocido que esas urgencias del presente son mandatorias. Enorme paso adelante, sus palabras deberían ser el nuevo lenguaje.
Con idéntica urgencia necesitamos “la definición del país que deseamos” para no ser gobernados por el presente y alimentar la imaginación para diseñar el futuro tan esquivo. Enlistar las prioridades, repartir las cargas. De eso se trata la conversación política. Mejorar el presente no justifica no debatir el futuro. No tenemos consenso sobre el futuro ni sobre la manera de construirlo. Veamos. En la reciente elección dos fuerzas representaron diferente modelización de la economía, trámite de la cuestión social y trama cultural.
El núcleo duro dominante en Juntos por el Cambio, portó ideas de una economía libre de mercado, plenamente abierta a la competencia externa, orientada a una “economía de servicios” y militante de una “sociedad de mercado” en la que el Estado se resume a funciones administrativas.
A la manera de Alfonso El Sabio, dicen “hay cuestiones que el mercado ha resuelto y cuestiones que el mercado resolverá”. No es un proyecto monolítico pero el eje de su acción pasa por ahí. Para esa visión, por ejemplo, la estructura industrial debe ser la que “el mercado”, abierto a la competencia internacional, establezca sin interferencias ni objetivos de otra índole.
Sin duda hay muchísimos miembros de esa coalición que no suscribirían que lo que he resumido sea “su programa”. Pero sus portavoces, las decisiones tomadas en el período de gobierno, recitan un discurso que puede resumirse así reconociendo acentos y matices discordantes. Tal vez son pocos los que comulgan con esos criterios, pero sí son los que han resultado dominantes. “Por sus frutos los conoceréis”. Para el Frente de Todos la definición es más compleja y es difícil detectar un núcleo dominante si nos basamos en la trayectoria histórica porque todos vienen de vertientes antagónicas.
Hay los que reivindican los valores de la guerrilla y el “socialismo por las armas”; y también militantes del menemismo que “desestatizó la economía”, regalando las “joyas de la abuela” y constituyendo el engendro de poder que es la hoy más vigorosa que nunca “oligarquía de los concesionarios”. Oligarquía cuyo ejercicio del lobby es hoy el principal obstáculo por sus interferencias de lobby para el ejercicio de una verdadera democracia.
Los cargos legislativos y la estructura del Ejecutivo no revelan que esas fuentes históricas sean predominantes. Si lo hubieran sido nos harían hablar de posiciones extremas, ora de un neoliberalismo rampante, ora de un socialismo romántico de las remeras del Che. No. Lo dominante en el Frente no pasa por ahí aunque, en sus raíces, haya vestigios de esas miradas.
Alberto Fernández que conduce, no es un adversario de la “economía de mercado”, tampoco de sus discursos surge la convicción de las bondades de una economía plenamente abierta a la competencia externa, ni orilla siquiera la visión de construir “una sociedad de mercado en la que el Estado se resume en funciones administrativas”. Fernández no comulga con “cuestiones que el mercado ha resuelto y las que el mercado resolverá”.
Hay un abismo entre Fernández y el núcleo duro del PRO, pero también son abismales sus distancias con aquellas raíces extremas del Frente. No está clara la vocación de Alberto por definir “por fuera de mercado”, mediante precios sociales, la estructura industrial del país ni su idea acerca del paradigma dominante de la “economía de servicios”.
Este es un pantallazo de algunas ideas de las fuerzas políticas más votadas que no pretende, ni remotamente, resumir lo que divide el arco de pensamiento político del país. Es apenas un trazo grueso, resumen arbitrario y extremo, de lo que motorizan ambas fuerzas que sin duda parten de concepciones harto diferentes.
Pero si las prioridades del presente, como lo señala el Compromiso firmado, son la pobreza y la deuda externa, entonces hay dos debates imprescindibles y urgentes para poder atacar las raíces del mal. Esos debates son acerca de “re industrializar y re democratizar”.
Estamos en democracia desde 1983, pero se han señalado prácticas que la debilitan. Por ejemplo, se crítica que en oportunidades el Parlamento, como consecuencia de una mayoría disciplinada, ha operado como una suerte de “escribanía” del Ejecutivo; o que la administración de Justicia ha estado presionada por el Ejecutivo o viceversa. La mera sospecha es grave.
Pero hay otras prácticas, silenciadas, que traban la “orientación al Bien Común”. Veamos. Cuando el Estado carece de un plan explícito y controlable, que garantiza la ética de la acción, y cuando no dispone de organismos técnicos jerarquizados que tramiten las decisiones, cuando no dispone de una burocracia profesional experimentada; en esas condiciones, el aparato estatal está sometido a las presiones de los lobby que promueven intereses particulares que, por esa debilidad de la democracia, no pueden ser contrastados con la lógica del Bien Común.
La “desestatización” - en los ´90 - de bienes y servicios estratégicos y, fundamentalmente, el peso de las concesiones que el Estado otorga, ha conformado una poderosa estructura de poder que interfiere negativamente en decisiones de bien público.
“Re democratizar” mecanismos de decisión política y en particular del Poder Ejecutivo, implica dotarlos de recursos y, esencialmente, definir estrategias básicas.
Un ejemplo importante, por el peso del gas en la matriz energética, es el control de los costos de producción de gas y petróleo. Sin embargo, un secretario de Energía declaró en el Congreso que no conocía el costo del gas en boca de pozo en manos de concesionarios. Las reservas y la producción de esos recursos se conocen por declaración jurada de los concesionarios.
Un Estado sin información genera una política deforme. Una prioridad es reorganizar el Estado para que sea “inteligente” en un mundo en el que los intereses privados concentrados, disponen de recursos que presionan y alteran las definiciones públicas en función del interés privado.
Un Estado inteligente “habría visto venir” el lejano proceso de crecimiento de la pobreza y de endeudamiento y entonces podría haber hecho lo necesario para evitarlo antes que nos despeñáramos por la barranca de la decadencia. Podría haber descubierto que la pobreza y la deuda externa en progresión, serían la inevitable consecuencia, cronológicamente simultánea, de la desindustrialización.
Se puso en marcha el proceso de desindustrialización con la violencia de la Dictadura Genocida y entonces comenzó el incremento de la pobreza y la rutina del endeudamiento externo. Desde entonces ningún gobierno dejó de contribuir a ese proceso, más allá de las declaraciones.
La desindustrialización (cada año que pasa es menor la participación de la industria en el PIB y en el empleo) ha convertido a la industria manufacturera de transformación en una “ensambladora”. La consecuencia es que la “ensambladora” tiene un déficit de comercio exterior de US$ 30 mil millones al año cuando la economía no está acumulando, como ahora, recesiones.
Ese déficit, que el resto de las actividades exportadoras con saldo positivo no compensa, genera un proceso de permanente endeudamiento. La reducción del empleo industrial y su parcial sustitución por empleos de baja calidad reduce el nivel de ingreso promedio de la clase trabajadora, afecta el nivel de la demanda y produce un incremento del desempleo y la pobreza que reduce ? la falta de inversiones la profundiza ? la capacidad contributiva y el Estado, al tiempo que pierde capacidad de captación de recursos “sanos”, se ve obligado a sostener las condiciones de vida de los sectores empobrecidos vía pagos de transferencias.
La desindustrialización genera un incremento del déficit y un aumento del endeudamiento externo para financiarlo. Conclusión: la pobreza y la deuda son el problema del presente.
Pero la causa de ambos problemas es el irracional proceso de desindustrialización. Pero formular una política transformadora exige un Estado con inteligencia estratégica capaz de resistir a la presión de los lobby de la importación, del endeudamiento y de las concesiones.
Dios bendiga el nuevo año y que ese sea el consenso de 2020.
