La gelatinosa tregua comercial entre China y Estados Unidos

6 de enero, 2020

Trump Xi jinping Estados Unidos China tensión comercial

Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista

 

Tras numerosas marchas y contramarchas, el jefe de la Casa Blanca anunció que el próximo 15 de enero será suscripta la primera fase del Acuerdo negociado entre Estados Unidos y China para ajustar y congelar los enfoques proteccionistas, e ilegales, de la guerra comercial que protagonizaron ambos gobiernos en el último par de años. El texto del consenso se limita a encuadrar, no a resolver el diferendo.

 

Según opiniones de centros e institutos de reflexión estadounidenses y europeos, es muy difícil imaginar nuevas y más sustanciales fases de depuración regulatoria en China, ya que la versión del Acuerdo aprobada incluye un paquete mínimo de concesiones que sirve para salvar la cara del presidente Donald Trump, quien el próximo 3 de noviembre tendrá que revalidar su mandato por cuatro años más. Quizás por ello sería más apropiado hablar de un acuerdo monofásico y bastante superficial.

 

El aporte del presidente Xi Jinping a este escenario fue limitar su interés a la noción de ganar tiempo, serenar el diálogo y hacer un paciente control de daño, objetivos que lo indujeron a reabrir las importaciones agrícolas de Estados Unidos (lo que se materializaría en un ciclo de compras de US$ 40.000 millones por año. Una decisión que supone cambiar a dedo los proveedores que reemplazaron a Estados Unidos mediante un criterio que en principio puede resultar inconsistente con las principales reglas del Sistema Multilateral de Comercio al que China dice respaldar; sin duda Pekín no ignora en lo que se está metiendo y a éste Washington sólo le importa el tangible resultado de la medida).

 

El paquete también incluye algunos ajustes en las normas sobre propiedad intelectual y en confirmar la vocación de Pekín por abrir el sector financiero a las inversiones extranjeras (intención que es anterior a las presentes negociaciones), las que hasta ahora se limitan al 2% del mercado. No está claro si las reformas sobre propiedad intelectual harán caducar la exigencia de que los inversores extranjeros radicados en China deben facilitar su tecnología a terceros.

 

Además, el gobierno chino reiteró, entre otras cosas, la voluntad de no incurrir en devaluaciones competitivas.

 

Estos progresos indican que Washington no logró mucho en su deseo de controlar el hegemónico desarrollo tecnológico que figura en el plan “Hecho en China 2025” (Made in China 2025), el que se refleja, por ejemplo, en el intento de la Casa Blanca de bloquear la expansión global de la tecnología 5G en el ámbito de las telecomunicaciones occidentales, algo que sería muy simpático que entiendan quienes en Argentina opinan al boleo sobre el tema. Mi sugerencia no apunta a olvidar el tema, sino a pensar racionalmente el cómo hacerlo antes de ponernos en la línea de fuego de este sensible ajedrez global.

 

Meses atrás Trump chocó contra la realidad al adoptar medidas restrictivas hacia las operaciones y la expansión del Grupo Huawei en el mercado estadounidense al notar, tardíamente, que el castigo a la empresa china debería extenderse, por razones legales de equidad de trato, al grupo Apple, puesto que ambas son militantes de las cadenas de valor y tienen plantas en China desde donde exportan sus productos a dicho mercado.

 

Si estas deducciones son acertadas, el acuerdo inicial deja en el limbo a los graves perjuicios directos y colaterales ocasionados al crecimiento del comercio, a los flujos de inversión y a la fidedigna aplicación de las reglas de la OMC. Además, el acuerdo bilateral preserva la mayor parte de los ilegales aumentos de carácter unilateral aplicados a los aranceles a la importación que afectan a las canastas de comercio elegidas a piacere por cada gobierno. El texto adoptado sólo parece dejar en suspenso la expansión de listas e incorpora la reducción de gravámenes aplicados sobre ciertos paquetes dirigidos al mercado chino. El nuevo texto se redujo a 86 páginas, prácticamente la mitad del texto original de 157 que habían negociado ambos gobiernos (ver mis pasadas columnas sobre el tema), lo que supone, en este caso, archivar la lucha a fondo contra el proteccionismo regulatorio y los estímulos indeseables a la exportación, muchos de ellos de dudosa legalidad.

 

Ante semejante escenario, vale la pena recapitular las cosas que están en juego, a fin de no equivocarnos en la lectura del nuevo guión.

 

El largo forcejeo bi y cuadrilateral (la UE y Japón aportaron lo suyo a este juego) sirvió para que Pekín congele su quijotesca lucha por conseguir que, desde diciembre de 2016, los miembros de la OMC consideren elegible a China como país con el status legal de economía de mercado al que tenía polémico derecho bajo los Protocolos de Accesión al Sistema Multilateral de Comercio (ver mis columnas en Agenda Internacional y distintos medios de prensa desde 2015 en adelante). Mientras la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros países daban la lucha de frente o de perfil para negarse a conceder tal status, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Mauricio Macri bajaron los brazos por simple ignorancia y con ello debilitaron las defensas legales del país ante las exportaciones originadas desde la que es hoy la primera potencia comercial del planeta. Una gigantesca burrada. Las consecuencias son simples: la legítima batalla contra el dumping chino hoy nos resulta mucho más compleja y costosa que antes.

 

Xi dijo varias veces que estaba dispuesto a comprometerse con arreglos o ajustes procesales y reglamentarios, nunca con reformas constitucionales como las que le demandaba el gobierno de EE.UU.

 

En las últimas horas, distintos medios estadounidenses y europeos (Washington Post, Agencia Bloomberg, Financial Times, etcétera) adelantaron, como era previsible, que la fantasía de Trump de desarmar los subsidios industriales, el papel estratégico y operativo de las empresas del Estado y temas como la cuestionable manipulación de las exportaciones de tierras o minerales raros (insumos centrales en las modernas tecnologías aplicables a las producciones de la industria automotriz, la telefonía celular, los desarrollos misilísticos y otros negocios sofisticados) o las crisis sectoriales de sobre-capacidad instalada en determinadas industrias, no tenían gran perspectiva de flotar en estas negociaciones. A pesar de que China experimentó algunas derrotas en el marco del sistema de solución de diferencias de la OMC por algunos de esos temitas, el acuerdo bilateral no parece haber registrado sustancial progreso en la materia.

 

El gobierno del presidente Xi dijo varias veces que estaba dispuesto a comprometerse con arreglos o ajustes procesales y reglamentarios, nunca con reformas constitucionales como las que le demandaba el gobierno de Estados Unidos para garantizar la implementación de los nuevos compromisos. Habrá que leer la letra chica final para saber cómo quedaron registrados cada uno de estos aspectos. La innecesaria aparatosidad del gobierno que encabeza Trump al exponer su cruzada mercantilista, quemó gran parte de casi tres de los cuatro años de su primer mandato presidencial, en el que se dedicó a predicar la necesidad de reducir los déficits del comercio bilateral o regional de su país, faena en la que hasta el momento no le fue excesivamente bien. En el caso particular de China, el déficit en el intercambio bilateral de bienes fue de US$ 346.825 millones en 2016 (pero claro, estaba Barack Obama al mando); de US$ 375.422,6 millones (primer año del ciclo Donald); de US$ 419.527 millones (segundo año del mismo ciclo) y de US$ 294.458 millones entre enero y octubre de 2019, período en el que comenzaron a gravitar con fuerza los efectos de las guerras comerciales (caída del comercio con creciente déficit relativo en el intercambio).

 

Según columnistas del Wall Street Journal, el que le agregó una pizca de dramatismo y sal a los hechos, fue el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell (o sea el Miguel Angel Pesce de Estados Unidos) quien acaba de decir, por escrito, dos cosas bastante sugestivas.

 

La primera, que la contracción del comercio global y estadounidense, contribuyó a restarle un punto porcentual al por ahora brillante crecimiento económico de ese país (pasó del 3% al 2%). La segunda, que el sector más golpeado es el industrial, cuya caída lo coloca en niveles de actividad comparables a los registrados en la crisis de 1930. Aunque habría que revisar los datos, esa posibilidad fue reiteradamente anticipada por el Fondo Monetario y la OCDE y en varias de mis columnas. ¿Será por esta razón que, como en la pre-crisis de 1930, se registran efervescentes y no muy justificadas subas en Wall Street?. La primera fase del acuerdo chino-estadounidense tampoco impidió que el trípode Estados Unidos, la UE y Japón, así como otras economías de la OCDE, refuercen sus normas sobre defensa de la competencia, un impulso que debería estudiar y redondear un poco las reglas de nuestro país. El otro elemento que discutimos localmente con enorme frivolidad y en el resto del mundo es una premisa inconmovible como lo indica la existencia y la importancia de la inflación de costos que deriva de los nuevos precios de importación los que, por el momento, no llegaron de manera abrumadora a los precios del consumidor (la Fed tampoco pasa por alto este proceso).

 

Como derivación de lo anterior, el resto del mundo no puede olvidar que las exportaciones chinas que no entren al mercado estadounidense y otros clientes buscarán inserción, a “precios muy competitivos” en terceros mercados. Quizás este sea un tema que debiera estudiarse en serio y mirar lo que hizo preventivamente Canadá al respecto (importaciones de acero y aluminio).

 

Con igual desprejuicio deberían entenderse las acciones que viene desarrollando el Senado de los Estados Unidos para quitarle potestad exclusiva a Trump a la hora de aplicar la Sección 232 (Seguridad Nacional) de la Ley de Comercio de 1962. Claramente los legisladores, inclusive los republicanos, no confían en el criterio de Donald para adoptar en soledad esta clase de decisiones que originaron el rechazo y medidas legales de respuesta por parte de al menos siete de ellos, como sucedió con la Unión Europea, Rusia, México y otras cuatro naciones. Cómo evolucionará este especial proyecto de Ley en un año electoral, es algo difícil de pronosticar. Los antecedentes del jefe de la Casa Blanca en el plano de la reflexión, no suelen impresionar demasiado.

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