La difícil reconstrucción de los vínculos con Irán

20 de enero, 2020

Por Atilio Molteni Embajador

 

Cualquier analista del oficio sabe que el reciente intercambio de agresiones entre Estados Unidos e Irán sólo dejó alternativas bastante anárquicas y peligrosas. La primera, un mundo eléctrico en el que resulta difícil vaticinar la emergencia o desaparición de nuevos conflictos. La otra, la noción de que resulta necesario concebir una seria mesa de negociaciones donde, con garantías aceptables, se sienten los actores de la actual realidad para concebir un plan vinculante de paz, de desnuclearización, de control de arsenales y de un patrimonio misilístico que sea aceptable para todos. Ello supone dejar en claro que la tercerización de agresiones u operaciones especiales no debería quedar fuera del arreglo.

 

Es innecesario reiterar que la selectiva matanza del teniente general iraní Qassam Soleimani, jefe y líder del aparato de protección, guerra y operaciones extranjeras de Irán, tuvo repercusiones y significativos efectos en Medio Oriente, en Estados Unidos y en otros países o regiones, de nómina cuya no cabe excluir a la Argentina. A esta altura tampoco resulta posible determinar si tal acontecimiento modificó la política de Donald Trump en el área directamente concernida y si subsiste su oposición a las guerras sin fin contempladas dentro de su emblema “América Primero”. Ningún gobernante sensato descartó esta clase de hipótesis por varios días hasta que emergió una aparente distensión tras el simbólico ataque iraní a dos bases en Irak que no provocaron víctimas. De hecho, la gente no ignora que la situación remanente obliga a recordar varias cosas.

 

 

La actual política de Washington se orienta a competir por zonas de influencia con China y Rusia, objetivos que son prioridades geopolíticas inmediatas en el plano económico, diplomático y militar, ya que estos desarrollos tienen mayor significación que otras metas, como la relacionada con hacer frente a grupos extremistas. En el caso de Medio Oriente, los conflictos en debate se entremezclan con la situación creada con Irán debido a que, desde 1979, año del derrocamiento del Shah, Estados Unidos interpretó la llegada del nuevo Gobierno como una amenaza concreta que se extiende a sus aliados regionales, en especial a Israel que lo considera un peligro existencial.

 

Ello se debe a que el Estado judío entiende que, a través de la fuerza Al-Quds, Irán apoya a sus simpatizantes regionales y proxies chiitas de manera creciente en El Líbano, Siria, Iraq, Afganistán y Yemen. En el primero de los aludidos países al Hezbolá, un grupo que recibe fondos, instrucción y armamentos por un monto estimado en 700 millones de dólares anuales. Lo mismo sucede con el gobierno de Siria y con las milicias que lo secundan o endosan sin eufemismos. Tales acciones facilitan la llegada y la integración al combate de simpatizantes provenientes de otros países, además de las tropas de Al-Quds desplegadas en dicho territorio.

 

 

En Irak sucede algo parecido mediante la ayuda a tres grandes grupos de milicias, dentro de las que se cuenta Katai Hezbolá (cuyo jefe al Muhandis murió junto a Soleimani). En Yemen, donde brinda apoyo logístico a los huties rebeldes y trata de prolongar la guerra civil que se desarrollo en ese país. Tal paquete de desarrollos se unen a otras acciones asimétricas contra sus oponentes sunitas.

 

La acción mortífera del 3 de enero dio lugar a que Estados Unidos buscara justificar el ataque al general iraní ante el Consejo de Seguridad de la ONU, junto a otras acciones militares, bajo el paraguas del ejercicio de la legítima defensa (disposiciones del artículo 51 de la Carta de la Organización) alegando que Teherán planeaba un ataque inminente contra objetivos estadounidenses, circunstancia que es cuestionada por la ausencia de información fehaciente.

 

Sin embargo, en Irak, el ataque de Washington dio lugar a que el primer ministro Adel Abdul al Mahdi sostuviera que fue una violación de la soberanía de ese país. Recién dos días después, el Consejo de Representantes (es el parlamento unicameral de 329 miembros), sugirió al gobierno que solicite a todas las fuerzas extranjeras que dejen el país, aunque sólo contó con el voto de los representes chiitas, y no de los sunitas y kurdos (la tres grandes etnias del país), que no estuvieron presentes y apoyan la permanencia de los Estados Unidos en su territorio ante el temor de que otro contexto facilitaría el dominio iraní.

 

De todos modos, el primer ministro iraquí comenzó a negociar con Estados Unidos la puesta en vigor de esa resolución que, en principio, es sólo declarativa. En 2003, el expresidente George W. Bush decidió invadir Iraq para derrocar a Saddam Hussein (donde llegaron a intervenir 170.000 combatientes).

 

Desde otra perspectiva, el expresidente Barack Obama retiró las tropas en 2011 al no poder acordar su permanencia con el Gobierno local, pero regresaron unos 5.200 soldados de Estados Unidos y otros países de la OTAN por expreso pedido de Bagdad para hacer frente a los terroristas de Estado Islámico, en lo que se denominó Operación Determinación Inherente (Operation Inherent Resolve), que en diciembre de 2017 derrotó a los islamistas que buscaban establecer un califato sunita. Su actividad continúa para erradicar grupos nómades, sin domicilio fijo. Desde el 1° de diciembre de 2019 el primer ministro iraquí está temporariamente a cargo del Poder Ejecutivo, debido a que renunció, ante las manifestaciones populares originadas por el deterioro de las condiciones de vida y la corrupción, que dieron lugar a centenares de víctimas por la represión de las fuerzas de seguridad que se llevó a cabo en Bagdad y otras ciudades sureñas. Por ese motivo ahora trata de mantener cierto equilibrio entre los intereses de su país, los que responden a los puntos de vista occidentales, y los de Irán.

 

Una eventual solución consistiría en la permanencia militar de Estados Unidos sobre la base de un nuevo objetivo para sus soldados, como lo sería impedir el resurgimiento de Estado Islámico (que es una amenaza pendiente), algo que permitiría continuar el apoyo financiero estadounidense a la reconstrucción del país y de sus fuerzas armadas, que hasta el presente supera los U$S 15.000 millones. El presidente Trump amenazó a Irak con la imposición de sanciones si prospera tal iniciativa, ya que esa modalidad permitiría un mayor control de Teherán sobre el Estado iraquí de su producción petrolera (es el segundo productor de la OPEC) y consolidaría sus propósitos geopolíticos regionales.

 

Todo ello sucedía cuando el pasado 15 de enero la Cámara de Representantes envió al Senado los artículos acusatorios del juicio político contra Trump, con el agregado de que una semana antes ese órgano legislativo invocó la “Ley de Poderes de Guerra” de 1973, que limita la capacidad del presidente de comenzar una guerra sin consentimiento del Congreso, y adoptó una resolución no vinculante que restringe sus facultades para lanzar una ofensiva militar contra Irán, por 224 votos contra 194 (decisión que refleja los enfoques de cada partido en la Cámara). El texto sólo exceptúa el caso de la defensa ante un ataque inminente.

 

A su vez, en la Cámara Alta, el senador demócrata Tim Kaine, con el apoyo de cuatro colegas republicanos insatisfechos por las explicaciones recibidas del Ejecutivo al fundamentar la eliminación de Soleimani, presentó un proyecto de resolución conjunta que establece un plazo de treinta días para que el Ejecutivo solicite autorización para actuar militarmente contra Irán, cuyo texto podría contar con los votos necesarios para ser aprobada. Estas propuestas reflejan las críticas existentes hacia las acciones del Presidente, cuyos fundamentos serían compartidos (según las encuestas) por un alto porcentaje de votantes. Si a ello se agregan los efectos del juicio político, el clima podría afectar la reelección de Trump en noviembre próximo, si bien aún no existe un claro líder opositor para derrotarlo entre los quince candidatos del Partido Demócrata que por ahora disputan la postulación.

 

A la vez, en Teherán el pasado 5 de enero el Gobierno anunció que dejaría de lado la quinta restricción aplicable a su Plan Nuclear establecido en el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) referida al número de sus centrifugas, aunque seguirá colaborando con el OIEA y está dispuesto a reasumir sus obligaciones si Estados Unidos levanta las sanciones vigentes. Teherán puede adoptar, además, otras represalias como la movilización de las milicias adictas y atacar a los soldados estadounidenses desplegados en Afganistán, Siria e Iraq, así como ciertos blancos en la zona del Golfo contra petroleros o instalaciones de Arabia Saudita, realizar interferencias cibernéticas o liberar a sus operadores y proxies en acciones asimétricas desde Europa a América del Sur.

 

Pero tal accionar iraní está condicionado por su frente interno, debido a que existe gran descontento popular y ello debilita el poder de decisión oficial. Tal realidad fue patente en noviembre de 2019, cuando el gobierno reprimió, primero, a manifestantes en una táctica que produjo centenares de víctimas y, luego, a quienes protestaron el 8 de enero y días subsiguientes por el derribo del avión ucraniano mediante dos misiles disparados por la Guardia Revolucionaria, un error que el gobierno tardó varios días en reconocer.

 

La situación económica del país origina similares dificultades, ya que las sanciones limitan totalmente las exportaciones petrolíferas, mientras la población está apabullada por el descontrol inflacionario y la falta de trabajo.

 

Además, el 14 de enero Alemania, Francia y Reino Unido, a quienes les preocupa la proliferación nuclear y misilística iraní, invocaron (sin sumarse a la campaña estadounidense de máxima presión), el mecanismo de solución de controversias que forma parte del PAIC, cuyo texto obliga a negociar entre las partes una solución en el plazo de quince días. De no hacerlo, tal conducta da pie a la reimplantación de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU a Irán. Tal escenario podría ser la base de un desarrollo positivo para impedir que Teherán consiga ensamblar un arma nuclear y, eventualmente, genere el clima para una reforma de dicho instrumento diplomático adicionando disposiciones sobre la capacidad misilística de Irán y sus acciones de desestabilización en Medio Oriente. Obviamente, ninguna de estas gestiones o diálogos será fácil.

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